5/27/2018

¿Quién cree en México en leyes y autoridades justas si el presidente ordena y todos obedecen?

Pedro Echeverría V.

1. Para acabar con la sangrienta dictadura de 35 años (1876/1811) de Porfirio Díaz triunfó la revolución mexicana; fueron asesinados en los campos de batalla miles de mexicanos que lucharon con las armas. Esta victoria de la revolución (1910/17) quedó en manos de la clase media que inmediatamente se transformó en burguesía. Los gobiernos en adelante se transformaron en representantes de la gran burguesía gubernamental (pública o política) y privada (empresarial) El pueblo continuó tan aplastado como durante la dictadura porfiriana. En ese contexto se implantó en México el “presidencialismo”; régimen donde el “señor presidente manda y el pueblo obedece”. Es decir, donde el poder legislativo y judicial sólo existen de nombre: sólo obedecen.

2. Por ello, como se ha publicado, “el proceso judicial contra la activista Nestora Salgado García se reabrió” inmediatamente, luego que la Fiscalía General del Estado (FGE) apeló ante el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero del auto de libertad de seis causas penales que hace más de dos años le otorgó un juez federal a la candidata de Morena al Senado y ex comandante de la Policía Comunitaria. Las causas que apeló la FGE son por secuestro, secuestro agravado y privación ilegal de la libertad; asimismo, homicidio calificado y tentativa de homicidio; también secuestro agravado y privación ilegal de libertad; secuestro agravado, por robo y privación ilegal de la libertad. Todo un “chorizo” de acusaciones que el presidente Peña decidirá. Con un sí o con un no.

3. Nestora, nuestra luchadora social y candidata a Senadora por Morena, ante la bocanada del candidato presidencial del PRI acusándola de “secuestradora”, ha lanzado ahora sus batallas contra ese señor Meade exigiéndole que se desdiga públicamente o que renuncie a su candidatura. La realidad es que Meade, desesperado por alcanzar a López Obrador, está cometiendo mil errores y este error le puede costar mucho porque evidencia su criminalización a la protesta social. Otro de los candidatos de Morena muy perseguidos es Napoleón Gómez Urrutia mediante una acusación que jamás ha podido demostrarse; sin embargo, frente a todo lo negativo de los monopolios territoriales y la contaminación en México que provoca la minería, es indispensable combatirla en serio.

4. Si López Obrador llega a la Presidencia uno de los primeros problemas básicos a atacar es el de la minería. Leía y escuchaba a Jesús Lemus, el investigador que estuvo tres años encarcelado por investigar. La minería es un gran contrasentido; lejos de garantizar una forma de vida holgada y tranquila para la población, sólo ha traído violencia, despojo y muerte para los que menos tienen, que son la mayoría de sus casi 130 millones de habitantes del país. Se observa que la riqueza natural del suelo y del subsuelo, incluyendo el agua, está en manos de unos cuantos privilegiados, que nadie sabe cómo se adueñaron de ella, aunque no es difícil adivinar: la corrupción es el signo que ha marcado a los gobiernos de las últimas décadas en México. (26/V/16)


Nestora Salgado y el enseñoreo narco

Elecciones 2018
Luis Hernández Navarro

Que una genuina explosión de inconformidad popular contra la inseguridad pública. Sin coordinación entre sí, a finales de 2012 y comienzos de 2013, miles de ciudadanos y comunidades se levantaron en Guerrero y Michoacán para enfrentar a la delincuencia organizada y ejercer justicia. Nestora Salgado encabezó esa revuelta en Olinalá, en la Montaña guerrerense.
Aunque desde septiembre de 1995 los montañeros comenzaron el proceso organizativo que dio origen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la ola de descontento de los pueblos contra el crimen organizado de finales de 2012 fue tan vigorosa y espontánea que, en un primer momento, desbordó a esta organización. De manera natural, esa movilización se engarzó con las protestas en contra de la reforma educativa.
La lucha por la autodefensa popular se extendió a nuevos municipios de la Montaña, la Costa Chica y las comunidades afrodescendientes, distintos de los enclaves tradicionales de la CRAC-PC. Tixtla, Ayutla, Huamuxtitlán, Cochoapa, Azoyú, Tecoanapa, Cualac y Olinalá fueron algunos de ellos.
En parte, el crecimiento de la delincuencia en la región tuvo que ver con el descabezamiento del cártel de los Beltrán Leyva. Su caída provocó la pulverización de sus células criminales y el repliegue de algunas de ellas a nuevos territorios. Los narcotraficantes se asociaron con los delincuentes tradicionales (abigeos, ladrones de autos, traficantes de personas) y estrecharon vínculos con políticos, caciques, policías y militares. La inseguridad pública se recrudeció y con ella creció el hartazgo social.
Lejos de frenar la delincuencia, la presencia del Ejército en la región, parte de una estrategia de contrainsurgencia, precipitó la descomposición social y política comunitaria. La economía se narcotizó y la venta de armas se convirtió en un gran negocio.
La violencia se cebó en los dirigentes sociales y ecologistas. Tan sólo en los primeros dos años y medio del gobierno de Ángel Aguirre fueron asesinados o desparecidos 13 líderes populares.
Uno de los focos organizativos más relevantes de la lucha contra la inseguridad fue Olinalá. Durante 2011 la situación se volvió allí insoportable. Los Rojos se adueñaron del municipio. Crecieron los secuestros, el robo a casa habitación, los asaltos a plena luz del día y las extorsiones. Una mezcla de temor y rabia se apoderó de sus habitantes. Finalmente, la gota que derramó el vaso del descontento fue el secuestro y asesinato de un joven taxista que se negó a pagar el derecho de piso. El 27 de octubre la población se levantó en armas, tomó en sus manos la seguridad y nombró una Consejo de Supervisión y Vigilancia.
Ese día, de entre la crispada multitud, sobresalió una mujer que desde 2013 había regresado al pueblo, después de vivir y trabajar durante 11 años en Estados Unidos, primero como indocumentada y luego con la ciudadanía estadunidense: Nestora Salgado. Su temple y buen juicio evitó que la turba prendiera fuego a un grupo de muchachas, novias de los sicarios.
Le siguió la organización. Nestora realizó asambleas barrio por barrio. En marzo de 2013, la Policía Ciudadana nació formalmente en el municipio. Dos meses después ingresó a la CRAC-PC. Salgado fue elegida coordinadora. En 10 meses, la tasa de criminalidad disminuyó en 90 por ciento y no se produjo homicidio alguno. El gobernador Ángel Aguirre calificó de heroico el levantamiento contra la delincuencia de los olinaltecos.
En su labor como comandanta, Nestora se topó con una red de pornografía infantil, tratantes de personas, políticos corruptos que presionaba a comerciantes locales para que se retiraran de la venta de materiales de construcción y con secuestradores. Temeroso con la radicalidad de la impartición de justicia en el municipio, el gobierno estatal amenazó a Nestora para que limitara su acción a la cabecera municipal y se encargara de resolver exclusivamente asuntos menores. Madres de las chicas que estuvieron a punto de ser quemadas vivas por el pueblo y que eran explotadas sexualmente, le solicitaron a Salgado que resguardara a sus hijas para reducarlas.
Casi de inmediato, la Policía Comunitaria de Olinalá chocó de frente con el alcalde Eusebio González Rodríguez, actualmente presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, y a quien, según Nestora, los narcos le pagaron la campaña. También con el síndico Armando Patrón Jiménez. Ambos son parte de un grupo priísta con vínculos con el crimen organizado y ramificaciones en el gobierno estatal. Uno de los integrantes del clan, Manuel Sánchez Rosendo, presidente municipal de ese municipio dos veces, está preso en el penal de Almoloya, sentenciado por delincuencia organizada y por secuestrar al primo de Nestora. Cuando Patrón Jiménez fue alcalde entre 1984-1986, fue señalado por el delito de abigeato (https://bit.ly/2xhgX2U). En agosto de 2013, el síndico fue detenido por la comandanta Salgado (bajo el amparo de la Ley 701), acusado de alterar la escena de dos asesinatos y robar ganado.
El 21 de agosto de 2013, un operativo militar liberó de la prisión comunitaria a Patrón Jiménez. Horas después, soldados y marinos detuvieron sin orden de aprehensión a Nestora y la trasladaron a una prisión de alta seguridad en Tepic. Con pruebas falsas se le siguieron seis procesos: secuestro de cuatro personas entre ellas jóvenes explotadas sexualmente y sujetas a reducación, cuyas madres recibieron 20 mil pesos del alcalde para cambiar su versión de los hechos y culpar a la comandanta; robo y privación ilegal de la libertad, y homicidio, el 13 de agosto de ese año, justo el mismo día y hora en el que ella se encontraba dando una conferencia de prensa en Tixtla, a más de tres horas de distancia de donde se dieron los hechos.
La detención de la comandante fue el banderazo de salida de una ofensiva represiva gubernamental contra las policías comunitarias en Guerrero. Fueron arrestados también Bernardino García, Gonzalo Molina y Arturo Campos. Muchos más fueron perseguidos. Se dividió a la CRAC-PC y algunos de sus dirigentes sobornados. El 26 de septiembre de 2014, esta escalada alcanzó su punto más alto con la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Con las policías comunitarias acotadas y golpeadas, el crimen organizado recuperó buena parte del territorio perdido. La inseguridad pública creció. Los narcos se enseñorearon. De seguro brindaron con Buchanans para celebrar la arremetida contra Nestora.
Twitter: @lhan55

Saldos de las ventajas comparativas en la agricultura


Ana de Ita*

En tanto el presidente de Estados Unidos Donald Trump mantiene en jaque la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el presidente Peña Nieto, los candidatos presidenciales Meade y Anaya, funcionarios e integrantes de organizaciones de agricultores empresariales y de productores rurales sostienen que su única propuesta para la agricultura es el libre comercio y censuran la autosuficiencia alimentaria como una política del pasado.
El Sistema Alimentario Mexicano (SAM), entre 1980 y 1982, se propuso lograr la autosuficiencia alimentaria, a partir de resucitar la producción de alimentos básicos y reducir la dependencia de importaciones. En esta política, los campesinos temporaleros fueron una pieza clave para impulsar la recuperación de la producción. El SAM es considerado como la única experiencia de planeación estratégica exitosa en la producción agrícola y la alimentación.
Los modernizadores actuales, al igual que los que promovieron en su momento el TLCAN en la agricultura como el único camino al progreso, de salida de la pobreza y de entrada al primer mundo, no han hecho un balance de los saldos de este modelo.
En la década de los ochenta del siglo pasado, México importaba sólo 10 por ciento de los alimentos que consumía, y cerca de 75 por ciento de ellos provenían de Estados Unidos, pero las políticas estructurales y la apertura comercial que el TLCAN garantiza han colocado al país en franca dependencia alimentaria. Actualmente, México importa 45 por ciento de los alimentos que consume y más de 70 por ciento proviene de Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indica que un país debe producir más de 75 por ciento de los alimentos que consume, para no ser vulnerable a los vaivenes de precios, las crisis económicas, las presiones políticas y la escasez.
La política agrícola que acompañó al TLCAN ha estado guiada por la reduccionista teoría de las ventajas comparativas según la cual resulta más barato comprar afuera la comida que se puede cultivar en el país. Así, el gobierno mexicano aceleró los plazos de la apertura comercial que protegía la producción interna, por ejemplo de maíz, sesgó los subsidios hacia los grandes productores empresariales, las agroindustrias y las comercializadoras transnacionales, desmanteló la planta productiva agrícola y eliminó sus propias funciones de regulación y fomento.
Los precios reales a los productores de granos básicos se redujeron a cerca de la mitad durante el periodo de transición del TLCAN y para el año 2007 se habían perdido 2 millones de empleos agrícolas directos. La agricultura campesina, sin regulación ni apoyos, con el mercado interno inundado de importaciones a precios dumping, no pudo sostener a los miembros de la familia que trabajaban en la unidad de producción, quienes engrosaron las filas de los jornaleros, migraron a las ciudades o a Estados Unidos.
Los campesinos pequeños, aunque debilitados al no poder reproducir la fuerza de trabajo familiar, se refugiaron sabiamente en el autoconsumo y mucha de su inversión provino de las remesas familiares de los migrantes que trabajan en Estados Unidos.
Los campesinos medios, que impulsaban procesos de organización para controlar las distintas fases del proceso productivo, no pudieron resistir la competencia trasnacional y la política anticampesina del gobierno y quebraron a manos de las comercializadoras y agroindustrias, o de los bancos. Sus organizaciones desaparecieron, perdieron su infraestructura, y en varios casos las regiones que ellos dinamizaban y protegían se convirtieron en bastiones del crimen organizado.
Mientras la población creció, la política de desaliento a la producción de los cultivos básicos provocó su estancamiento o disminución, aumentaron las importaciones y creció la dependencia alimentaria del país.
La producción de maíz es la única que ha aumentado, en el periodo del TLCAN. El año pasado se produjeron 27.4 millones de toneladas. Sin embargo, la demanda de maíz amarillo para la alimentación de vacas, cerdos y aves ha crecido a mayor velocidad y junto a la demanda de la industria almidonera se satisface con importaciones. En 2017 se importaron 15.3 millones de toneladas de maíz, cifra récord que equivale a 36 por ciento del consumo nacional de ese año.
Los promotores de las ventajas comparativas en la agricultura demuestran ignorar que la producción de hortofrutícolas, de la que depende el superávit comercial con Estados Unidos, y en la que México tiene ventajas comparativas, no compite, salvo algunas excepciones, con la superficie en la que se cultivan granos básicos. Los cultivos hortofrutícolas, considerados suntuarios porque son prescindibles, tienen barreras climáticas y de mercado que les impiden extenderse sobre los más de 13 millones de hectáreas cultivadas con granos básicos, por casi 4 millones de productores. La producción de aguacate, jitomate, pimiento, brócoli, otros vegetales, melones y todo tipo de moras, absorbe si acaso un millón de hectáreas, está controlada por unas 500 empresas, muchas de ellas extranjeras, y genera menos de un millón de empleos de pésima calidad.
Por si esto fuera poco, exportar hortofrutícolas no se contrapone a fomentar la producción interna de básicos e impulsar una política que tenga como base a los campesinos.
* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)

México y aspectos internacionales


Antonio Gershenson

En dos de los tres debates entre los candidatos a la Presidencia, los organizadores no han incluido una de las causas que el gobierno federal ha presumido, pero que ha causado daño al país y a la gran mayoría de la población: la llamada reforma energética. Y digo llamada porque no lo es, sino que es contrarreforma, hacia atrás. Y ésta no ha sido puesta a discusión en los debates, pero podemos y debemos seguirla tratando públicamente.
Me voy a referir a un aspecto de la relación internacional. El gobierno actual ha ido más atrás que las administraciones anteriores en cuanto a la entrega al decaído imperio del norte, y se suma a sus intervenciones, en este caso contra Venezuela.
Había sido una tradición de la política mexicana internacional la no intervención en los asuntos internos de otras naciones, y el actual gobierno de la República se agrega a la cola del imperio del norte. Nada de respetar los derechos internos de cada uno de nuestros países hermanos de América Latina. Y eso que ese imperio está en plena decadencia, que existen naciones latinoamericanas que no le obedecen, que países europeos en ocasiones no lo siguen, y en Asia está más debilitado que nunca, cuando se han alejado de él varias naciones que antes lo seguían.
Con su actitud agresiva, ha favorecido una alianza en su contra entre los países más poderosos de Eurasia, China y Rusia, y también varias asociaciones de muchas naciones asiáticas.
Esto debemos considerar nosotros también. Ante la actitud más agresiva y más dominante de Washington, debemos tomar en cuenta el acercamiento a otros países. En especial, se debe considerar en lo económico a China y a India.
Esta última tiene un desarrollo económico y en algunas ramas una alta tecnología. No es la única, pero una de ellas es la ferrocarrilera, que incluye ya más de 200 estaciones en los considerados puertos secos en las que pueden llegar trenes con diferentes anchos de vía. Tienen un papel importante internacional en tecnología de la Información. Y recordaremos que, en el año 2003, sus ingenieros fueron los que resolvieron el problema de un gran apagón en la zona fronteriza noreste de Estados Unidos y Canadá.
China tiene un alto desarrollo también, del que hemos hablado recientemente y las dos naciones no sólo pueden ser fuentes de lo necesario, sino mercados importadores de diversos productos mexicanos, sin imponernos condiciones como las que ahora y antes han venido de nuestro vecino del norte.
En cuanto a Rusia, le ha surtido a Venezuela productos de varios tipos, incluso armas defensivas, que le han sido útiles para impedir agresiones con las que se le había amenazado.
Los países mencionados y otros pueden permitirnos diversificar nuestro comercio exterior y acelerar nuestro crecimiento económico.
China, con su enorme población, por ejemplo, importa incluso de Rusia, alimentos que también se producen en México. Y siendo exportaciones pueden llegar a compensar las importaciones que ya se llevan a cabo desde China, más las que se sumen.
En el plano nacional, cada día tenemos novedades. Por ejemplo, el candidato panista Ricardo Anaya dijo que nadie cree que el PRI acabaría con la corrupción. Pero él olvida que tampoco acabaron con ella los dos presidentes recientes de su PAN.
En cuanto a la tecnología, hay casos, como el petróleo, de muchos que por jubilación o despido han sido expulsados, por ejemplo, de Petróleos Mexicanos, y que pueden ser útiles a la nación.
Está planteada la construcción de nuevas refinerías. Éstas no sólo serían fuentes de trabajo importantes, sino de aplicación de tecnologías, de trabajo para muchos, y de menos importación de gasolina y otros productos.
Y la llamada reforma energética, ¡a la basura!

El futuro de la reforma energética: la tercera


José Antonio Rojas Nieto

Es cierto. Se tienen grandes retos en el ámbito energético de México. Uno de los más importantes es el abatimiento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Las metas son muy ambiciosas: 30 por ciento de la llamada línea base (tendencial) en 2020. ¿Qué niveles de emisiones se asocian a esta línea tendencial?
Al considerar los datos oficiales de 1990 a 2012 de la llamada Quinta estimación oficial de GEI de 2012 (que actualizó y recalculó el inventario nacional y a partir de él se indicaron las metas nacionales al inicio de este sexenio), la tasa media anual de crecimiento en 20 años sería de 1.4 por ciento al año. Implicaría para 2020 un volumen de emisiones de GEI del orden de 864 millones de toneladas equivalentes de CO2. Y la meta de lograr una disminución de 30 supondría que el total de emisiones de GEI debería alcanzar, precisamente en 2020, un volumen ligeramente superior a 600 millones de toneladas de CO2 equivalente.
Los datos más recientes (identificada como Sexta Comunicación) se publican en el nuevo Inventario nacional de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero 2015, que indican un total de emisiones en ese año del orden de 683 millones de toneladas de CO2 equivalente. No son necesariamente comparables a los que sustentaron las metas señaladas antes, por algunos cambios metodológicos. Estos mismos cambios obligaron a redefinir los datos históricos de la serie 1990 a 2015. Así, por ejemplo, en lugar de un total de 561 millones de toneladas para 1990, el nuevo dato histórico oficial es de 445 millones de toneladas. No obstante, el comportamiento histórico de 1990 en adelante es muy similar al de las anteriores series oficiales, la de la Quinta Comunicación.
Por ello, bien podemos continuar en el análisis de metas con base en los datos de la Quinta Comunicación, la de 2012. En particular notemos que para 2050 se planteó lograr un abatimiento absoluto de emisiones del orden de 50 por ciento del valor histórico registrado en 2000. Es decir, la mitad de un total de 640 millones de toneladas, dato oficial del inventario nacional ligado a la Quinta Comunicación.
El cumplimiento de ambas metas –la del abatimiento de 30 por ciento de las emisiones tendenciales en 2020 y de un abatimiento de 50 por ciento de las emisiones registradas en 2000 para el año 2050– exigen una disminución media anual de emisiones del orden de menos 2 por ciento. Es decir, las emisiones de cada año deben ser no más del 98 por ciento de las emisiones del año anterior. Esta exigencia es especialmente fuerte para la actividad que concentra más de 60 por ciento de las emisiones, justamente el consumo de combustibles.
Dos sectores son especialmente responsables. El del transporte representa casi 40 por ciento de las emisiones vinculadas al consumo de combustibles. Y el sector eléctrico, un tercio de las emisiones derivadas de ese consumo. El sector industrial participa con 15 por ciento más, y el 15 por ciento restante lo emiten el sector energía por su consumo propio y los sectores residencial, comercial y agrícola, también por su consumo de combustibles. ¿Quiénes, entonces, deberían desplegar mucho mayor esfuerzo para lograr el abatimiento de emisiones?
Pues sin eximir a los menos responsables de sus obligaciones, es indudable que las actividades de consumo de combustibles. Y ahí –justamente en ellas– la del consumo de combustibles en el transporte y la del consumo de combustibles en el sector eléctrico. Las conclusiones que se siguen son relativamente obvias. Sólo una producción de combustibles cada vez más limpios permitirá el abatimiento de emisiones de GEI formulado: combustibles limpios para el transporte y para la generación de electricidad.
Pero –asimismo y acaso de mucho mayor importancia– sólo una modificación estructural y radical de los patrones y hábitos de transporte permitirá dicho cumplimiento. Similarmente, sólo una modificación radical de los patrones de generación y consumo de electricidad también hará posible ese cumplimiento. Y nuevos hábitos sociales, personales y colectivos. ¡Van de por medio nuestra salud y nuestra vida!
Por ello, preguntarse por el futuro de la reforma energética es preguntarse sobre los nuevos marcos en los que deberán satisfacerse los requerimientos sociales de producción, comercialización y consumo de combustibles y de electricidad. Asimismo, sobre las formas alternativas de utilización y uso eficiente de las formas finales de energía. La reforma energética de este sexenio sólo consideró algunos aspectos. De forma limitada y, en muchas ocasiones, demagógica. Lo peor sería que un nuevo gobierno no lograra retomar de manera integral y global este asunto tan delicado para el país. Y que actuara en consecuencia. Sin duda.
NB me pregunta, amables lectores, dónde es posible encontrar el libro del doctor Víctor Rodríguez Padilla, Ronda cero, ronda uno que mencioné en mi anterior colaboración a La Jornada. Está en la librería de la Facultad de Economía de la UNAM en Ciudad Universitaria.

Ha subido gasolina 4.5 veces más en lo que va del año que en todo 2017

El incremento se dio pese a que el Estado redujo la carga impositiva

El gobierno ha dejado de captar 9 mil 315 mdp por concepto de IEPS en el primer trimestre de 2018


El costo al público del combustible se incrementó, desde el inicio del año, 4.5 veces más que en todo 2017. Cifras oficiales muestran que la gasolina regular subió 29 centavos a lo largo del año pasado (cerró en 16.28 pesos por litro), mientras en lo que va de este año, el primero en que los precios serían determinados sin la intervención del Estado, se elevó 1.63 pesos (se cotiza en 17.94), según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) actualizados hasta la tarde del sábado.
El incremento se ha dado pese a que el gobierno ha tratado de contener el alza de los precios internacionales del crudo (que con el nuevo esquema que representó la reforma energética de 2013 implica un factor determinante en el importe) con disminuciones en la carga impositiva que los combustibles tienen en México y que para la Magna llega a representar hasta 30 por ciento del costo, dependiendo de la región del país, frente a 17 por ciento que se paga, por ejemplo, en Estados Unidos.
Datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) señalan que durante 2017 el precio de exportación del crudo mexicano promedió 46.73 dólares por barril, mientras en lo que va del año ha promediado 56.98 dólares, un incremento de 10.25 dólares por barril.
Según el especialista Ramsés Pech Razo, el importe que tendrían que pagar los consumidores si el gobierno realmente hubiera dejado de aplicar subsidios a los combustibles sería de 21.34 pesos por litro de Magna.
En entrevista, recordó que esta subvención se opera mediante reducciones en el monto que el gobierno capta por la venta de gasolina mediante el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).
A principios de año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó que dejaría de cobrar 34 por ciento (1.48 pesos ) de los 4.30 pesos que había fijado como cuota de IEPS. En la actualización al viernes 25 de mayo, la dependencia determinó que dejaría de cobrar 75.5 por ciento del monto que originalmente cobraría por IEPS, con lo que el estímulo quedó en 3.47 pesos, en lugar de los 4.59 pesos que el gobierno planeaba recaudar.
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En una estación de Cuemanco, en la Ciudad de México, la gasolina Premium se vendió esta semana en 20.13 pesosFoto Carlos Ramos Mamahua
Para este año, el gobierno estimó una recaudación vía IEPS a los combustibles automotores de 258 mil 633 millones de pesos, según la Ley de Ingresos. No obstante, a pesar de reducir este monto para estabilizar el importe de la gasolina, éste no ha dejado de incrementarse.
La pregunta que hay que hacer es si el gobierno aguantará mantener ese subsidio si los precios internacionales del petróleo siguen subiendo, señaló el consultor independiente.
Con la aprobación de la reforma energética, el importe de los combustibles dejó de ser fijado por el Estado para ser determinado mediante una fórmula que toma en cuenta el precio internacional del petróleo; los costos de refinación, transporte y almacenamiento; el margen comercial de venta del sector gasolinero y los impuestos y el tipo de cambio vigentes.
Según datos del Banco de México, el precio de la mezcla mexicana de petróleo ha subido en estos casi cinco meses un poco más de lo que subió en todo 2017.
El tipo de cambio del peso frente al dólar, otro factor que incide en el precio de los combustibles, se elevó 28 centavos en lo que va del año, frente a la disminución de un peso con 7 centavos que tuvo en 2017.
Sin embargo, pese al discurso oficial de la liberalización de precios, el gobierno ha mantenido el estímulo fiscal que funciona como mecanismo de suavizamiento de los precios, que según cifras de la SHCP implicaron dejar de captar 9 mil 315 millones de pesos por concepto de IEPS a combustibles en el primer trimestre de 2018.

Juan Carlos Miranda
 Periódico La Jornada

Voces, cinco semanas antes


Arturo Alcalde Justiniani

No me lo esperaba, habiendo sido invitado a la Asamblea de Representantes del Sindicato Nacional de Telefonistas, después de intervenir sobre la importancia de la reforma laboral en un auditorio lleno, un asambleísta me hizo una pregunta directa: Para lograr una reforma laboral democrática, usted ¿por quién recomienda votar en la próxima elección presidencial? Ante pregunta tan puntual señalé: por ya saben quién, en ese momento se escuchó en el auditorio un fuerte aplauso que me sorprendió por su espontaneidad.
Días después, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, convocado por el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de dicho estado, luego de concluir mi exposición ante más de 600 asistentes, me formularon una pregunta similar: En su opinión, ¿por quién conviene a los trabajadores votar? Yo respondí claramente: Por Morena y de inmediato estalló también un largo aplauso. Sin afán de repetir situaciones similares, que hemos presenciado y escuchado de otros colectivos laborales que se expresan con libertad y en entornos profesionales muy diversos, se exhibe la creciente simpatía en las bases de los gremios no vista en el pasado, por Morena y sus candidatos.
Esta conciencia colectiva representa un verdadero blindaje frente a las estrategias de la llamada guerra sucia, que recién se ha intensificado y que seguro será aún peor en las próximas cinco semanas. El ejemplo más reciente de esta embestida es de una bajeza sin límite: se trata de un comunicado en forma de volante, que ha aparecido también en redes sociales, atacando la imagen de la Virgen de Guadalupe y llamando a la formación de una Iglesia al servicio del Estado; aparecen firmando este pasquín los partidos de la coalición encabezada por Morena y diversas formaciones religiosas no católicas (para incrementar el enojo).
Este material se distribuyó en forma masiva, en un mismo día, en distintas regiones del país, en una acción concertada. No se necesita mucha lucidez para darse cuenta de la falsedad de dicha información; sin embargo, sorprendió y causó extrañeza en algunos espacios, lo cual obligó a que el propio AMLO lo desmintiera.
Aclarado el hecho, como en el caso de otras infamias, falsedades y verdades a medias, producto de la angustia de sus oponentes, el tiro les salió por la culata a los promotores. La interrogante es hasta dónde están dispuestos a llegar empujados por la desesperación de sentirse perdidos. La maquinaria oficial trabaja día y noche para inventar algún escándalo.
El actual proceso electoral ha generado un acelerado aprendizaje colectivo, no sólo en relación con la importancia del cambio y la confianza en que se logrará en pocos días, sino también sobre los temas que involucra: pacificar al país, suprimir la corrupción, mejorar la educación, gozar de salarios dignos, evitar gastos superfluos, apoyar a los auténticos empresarios, proteger el medio ambiente. Como dijera un viejo trabajador textil: Necesitamos que triunfe la decencia.
Los partidos contrarios a Morena, en sus distintos rostros, confiaron demasiado en el segundo debate, creyendo que por arte de magia podrían recuperar la pérdida de confianza popular. Apostaron a que AMLO cometiera muchos errores y al no confirmarse sus pretensiones aparecieron sus caras largas No cayó, dijo un seguidor de Anaya. Nuestro candidato iba bien cuando abordó físicamente a AMLO, para imponerse sobre él y romper su imagen, como lo hizo Trump con Hillary Clinton, pero el candidato de Morena, con el recurso de la cartera, lo descontroló y la verdad, resultó nalgueado.
Por su parte, Meade, candidato del PRI apostó a una difamación en contra de Nestora Salgado, excepcional defensora comunitaria en las montañas de Guerrero, acusándola de un delito del que salió absuelta en distintas instancias, situación que se aclaró por la ONG Verificado.
En su desesperación, intenta montarse en este caso para recuperar la credibilidad que por otras vías no ha obtenido. Toda la maquinaria será puesta en operación haciéndose aparecer como defensores de las supuestas víctimas. Es previsible que en estos días, con lenguaje de contenido incluso racista intentarán lo necesario para asirse de este falso salvavidas esperando obtener los votos de algunos despistados.
Otras voces anónimas, con cabeza más fría, advierten que no es tiempo de celebrar triunfos. Subrayan la necesidad de organizarse mejor para cuidar los votos en todas las casillas, de coordinarse con familiares, amigos y simpatizantes para el día de la elección; de registrarse al menos como observadores; de vigilar que no se presione o compre a los funcionarios o representantes de casilla, como recién se hizo en el estado de México. Asimismo, brindan toda clase de información sobre la compra del voto, presiones patronales y tácticas de manipulación. Imagínense cómo estarán los malosos de preocupados porque se les va a acabar su negocito, decía un expendedor de gasolina.
En una reunión, una profesora normalista, con mucha inspiración, nos confiaba que nunca había esperado que la vida le diera la oportunidad de ver un cambio en nuestro país: sé que será imperfecto y lleno de dificultades, pero dependerá mucho de nosotros. Decía que había que participar en la organización del voto y celebrar una gran fiesta nacional el día del triunfo, después organizarse con el fin de reconstruir el país, añadiendo: hablen con los jóvenes zapatistas, con los católicos que se toman en serio el mensaje de Cristo, con los empresarios de buena fe a los que interesa el presente y el futuro, con los campesinos y obreros que han sido utilizados como carne de cañón, con los ciudadanos que quieren transitar tranquilos por las calles, con los jóvenes que han perdido la fe en la política... hablen, hablen y convenzan. Urgía No podemos dejar pasar esta oportunidad histórica... La verdad, al escucharla, se le ponía a uno la piel chinita.

Campañas y políticas públicas


Miguel Concha

Para que la población votante tenga más información y criterios el 1 de julio, la ciudadanía espera que quienes aspiran a la Presidencia comiencen a definir las ofertas al electorado. Entre tanto se han observado distintos esfuerzos por elevar el nivel propositivo de las campañas, con énfasis en los temas de la política social y económica.
En su edición de abril (https://goo.gl/7TYrHh), la revista Brújula Ciudadana recoge varias reflexiones respecto a la insuficiencia de las políticas social y económica impulsadas en el país, las cuales impiden salir de la crisis y orillan desde hace décadas a buena parte de la población a vivir en pobreza y cruzar, o intentar pasar, la frontera con Estados Unidos. Un primer tema que merece nuestra atención son los riesgos y amenazas que enfrenta la política social como tal en México.
Un artículo de la revista destaca que dicha política se ha vuelto cada día más compleja por su fundamento en concepciones simplistas del modelo económico predominante, que ha privilegiado al mercado y anulado la capacidad del propio Estado para atender las necesidades de la población.
Parte del problema, dicen los analistas, está en el error de igualar la política social y los programas diseñados para superar la pobreza. Quienes igualan la política social y dichos programas, se escudan en la supuesta falta de capacidad de las personas para aprovechar todas las oportunidades abiertas por el libre mercado.
Este pensamiento no ha hecho más que degradar el nivel de vida de la población, agudizar el problema de la desigualdad y la discriminación y, al mismo tiempo, generar el caldo de cultivo para la violencia crónica que se ha expandido por todo el país. Son políticas para administrar la pobreza, no para superarla.
La referencia es directa a los programas de transferencia monetaria focalizados, que fomentan el individualismo al tiempo que desmantelan las visiones colectivas, comunitarias y solidarias. Un segundo tema que llama la atención es la política salarial, que en uno de los artículos de Brújula Ciudadana se describe como una antipolítica social, porque va en sentido contrario a la dignificación del trabajo, desincentiva a la juventud y mantiene en la pobreza a gran parte de las familias del país.
Pese a los escasos o nulos resultados de la política social, es preocupante observar cómo han proliferado los programas sociales. Los datos de Coneval señalan que existen más de 6 mil 400 programas de este tipo en los tres niveles de gobierno. Además de los problemas ya apuntados, la mayoría funciona en total desarticulación y es común que se dupliquen, haciendo que algunas personas se benefician de varios servicios o apoyos, mientras otras no reciben ni uno.
A todo ello se suma la facilidad con que la clase política utiliza los programas sociales en tiempos electorales para ampliar o mantener sus clientelas a nivel nacional. Se trata de una de las manifestaciones de la corrupción más arraigadas en las estructuras partidarias que resisten a cualquier tipo de blindaje, como en más de una ocasión se ha intentado, porque cada año se destinan a ellos millones, y su verificación se ha hecho muy difícil hasta hoy.
De esto da cuenta el reportaje titulado La Estafa Maestra, que rastrea el destino de los fondos aprobados para la Sedesol en 2013 y 2014. Otro de los textos de la revista profundiza en el tema salarial, y explica cómo el modelo de crecimiento económico predominante en México ha fomentado tres grandes problemas: una caída de la ocupación en el campo de casi 1.7 millones de personas; la ampliación del sector dedicado a actividades por cuenta propia, y el flujo de migrantes hacia el país del norte.
No sólo eso, la población que tuvo la suerte de tener un empleo, se tuvo que contentar con negocios de muy baja productividad (micronegocios), en contraste con las proyecciones que se tenían de que se ubicarían en empresas más modernas del sector exportador. A esto se le denomina precarización del empleo. Un problema al que también ha contribuido la liberación de los mercados y la inserción de México en el mercado global.
Al depender de la exportación de manufacturas y de tratados comerciales como el TLCAN, México ha consolidado una política laboral que tiene como fundamento principal el deterioro planeado de la calidad del empleo para atraer y preservar inversiones. En este contexto de desigualdad social también puede uno referirse al tema de la política educativa, que debería ser uno de los pilares para generar mejores condiciones para el desarrollo personal y la dinámica social.
Según otro artículo de Brújula Ciudadana, los esfuerzos que un gobierno tiene que hacer en el área de la educación deberían concentrarse en el desarrollo profesional del magisterio y el fortalecimiento de la escuela pública.
Sin embargo, la política educativa en México se desvió de esas metas y se pusieron todos los esfuerzos en una reforma educativa que padece tres grandes problemas: le asignó a la evaluación una función correctiva que intenta resolver problemas de naturaleza administrativa y política, con lo cual se alentó la simbiosis SEP-SNTE; no se ha planteado en la administración Peña Nieto cómo mejorar la calidad educativa en los centros escolares, y uno de los puntos de partida de la reforma ha sido la desconfianza hacia los docentes, la escuela y las autoridades de los estados.
Urgen más acciones sistemáticas educativas y menos publicidad envolvente. Poner el acento en la necesaria reorientación de los programas sociales y las políticas salarial y educativa, es un desafío importante que no debe soslayarse. Por el contrario, se requieren más esfuerzos para que las campañas electorales trasciendan los espots, y se asuma en serio la discusión de los temas nacionales y sus soluciones.

Derecho a la electricidad

Los de Abajo
Gloria Muñoz Ramírez

Hace 25 años nació en la costa de Chiapas el Frente Cívico Tonalteco. Las altas tarifas de energía eléctrica lograron que la gente se organizara en una lucha que un cuarto de siglo después se amplió a la defensa de la tierra y el territorio y de los derechos humanos, dando pie a la conformación del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa y al Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.
Guadalupe Nuñez Salazar, del Frente Cívico, refiere que en los años recientes la gente ha aprendido mucho sobre sus derechos. No se dejan y, en el caso de los altos costos de la luz, tienen claro que el problema no se resolverá hasta que la energía eléctrica sea reconocida como un derecho humano. En 1993, cuando iniciaron, sólo exigían una tarifa justa, hoy saben que tienen derecho a exigirla, sobre todo porque no pueden seguir permitiendo los abusos y que una familia pobre tenga que pagar hasta mil pesos por el consumo de energía de una pequeña vivienda que cuenta dos focos y una televisión.
En Tonalá, sede del Frente y del Consejo, actualmente hay más de 280 familias organizadas contra las altas tarifas de luz y la imposición de medidores digitales, aunque la respuesta del gobierno viene de la mano de las amenazas, el hostigamiento, las demandas y el encarcelamiento. La gente, sin embargo, no permite la colocación de los nuevos medidores y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le suma ceros a lo que considera deudas por cobrar. Entre 60 y 200 mil pesos se empeña en cobrar a las familias que siguen en la resistencia.
Que la luz sea considerada en la Constitución como un derecho humano, que la tarifa esté en función de las posibilidades de las familias, que se respete la organización y que se termine la persecución contra los integrantes del frente, son algunas de las demandas que refiere Guadalupe, quien también es integrante del Concejo Indígena de Gobierno (CIG).
El frente, por lo pronto, ofrece talleres de capacitación para que la misma gente componga las redes de energía y realice la reinstalación cuando le corten el servicio, tarea que, les dicen, representan un delito y por eso también son perseguidos.
Un cuarto de siglo no pasa en vano. Nacieron un año antes de que el movimiento zapatista conmocionara al mundo, y fue precisamente el alzamiento indígena el que hizo crecer la organización y entender que la lucha era más grande. El temblor de septiembre pasado los tomó por sorpresa, pero no solos, al menos no los que están organizados.

Engaño, estrategia de gobierno y de campaña


Enrique Calderón Alzati

Las estrategias empleadas en el debate del domingo pasado por los candidatos del PRI y del PAN para tratar de minar el apoyo creciente de la sociedad mexicana a López Obrador, no tuvieron el efecto deseado y terminaron actuando como bumerang en su contra. Tales estrategias tampoco fueron nuevas, pues han sido utilizadas por la elite que ha manejado al país durante los recientes treinta años, las cuales están basadas en el engaño sistemático a la población.
En esta ocasión nos tocó ver a Ricardo Anaya, haciendo responsable a Andrés Manuel de las ventas de Banamex y Bancomer a bancos extranjeros cuando éste era jefe del Gobierno del entonces Distrito Federal, no obstante que la responsabilidad de dichas operaciones recaían en el presidente de la nación, Vicente Fox, quien dicho sea de paso había sido postulado por el mismo partido del señor Anaya como el candidato del cambio.
Para no quedarse atrás el señor José Antonio Meade acusó también a AMLO por haber aceptado e impulsado la candidatura de Nestora Salgado por parte de Morena para una senaduría en el estado de Guerrero, no obstante que se trata de una secuestradora, afirmó el también candidato, desestimando el hecho de que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, determinó desde 2015 que Nestora Salgado había sido privada de su libertad de manera injusta, exigiendo al gobierno mexicano su liberación y la reparación del daño cometido contra ella. ¿Con qué argumentos podría justificar José Antonio Meade su ataque? Lo único que logró fue mostrar su capacidad de engaño, la cual le ha permitido escalar puestos en los gobiernos adictos a esta conducta.
Dejando a un lado a estos ilustres candidatos por ahora, podemos recordar al presidente Enrique Peña Nieto en las semanas iniciales de su administración, hablando de sus reformas estructurales: Gracias a nuestra reforma energética, los precios de las gasolinas dejarán de incrementarse, mientras nuevas plazas de trabajo serán creadas a partir de la llegada de cuantiosas inversiones extranjeras. Tres años después, además del desempleo de miles de trabajadores de Pemex, un gasolinazo inició el proceso de aumentos continuos de los precios de los combustibles para llegar en año y medio a una alza acumulada de 50 por ciento (de 12 pesos en 2016, a 18 en 2018) generando un proceso inflacionario y la devaluación del peso a una tasa mayor a 50 por ciento durante ese mismo periodo.
De la misma manera, el engaño de Peña Nieto en torno a la reforma educativa, presentándola como un proyecto para mejorar la calidad educativa y ocultando que su objetivo real era la privatización de la educación, tuvo como resultado el rechazo de los maestros y de un segmento creciente de los padres de familia y de la población; las consecuencias, al final del sexenio, conformaron un retroceso de varios años de acuerdo con los resultados en las pruebas de Enlace y Planea publicados por la SEP, mientras los presupuestos anuales aprobados a la educación por el Congreso, fueron sujetos a recortes continuos para financiar los proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, caracterizados por su turbiedad.
De esta manera, hoy podemos afirmar que si por algo se recordará al gobierno de Peña Nieto, no será por el impacto positivo de alguna de sus reformas, sino por la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y su intento de engaño, conocido como la Verdad Histórica. Pero la administración de Peña Nieto no ha sido la única en el empleo del engaño como instrumento de gobierno. De igual manera podemos recordar los engaños de Felipe Calderón en dos puntos centrales de su gestión: Su presunta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, mientras permitía a los estadunidenses la venta de armas de fuego en todo el territorio nacional, las que fueron a parar a manos de los narcos, conformando así un escenario de guerra que dejó miles de muertos entre la población civil sin erradicar el narcotráfico, mientras su supuesta estrategia para generar empleos fue abandonada desde el inicio mismo de su gobierno.
De Vicente Fox podemos recordar el engaño de su campaña al pregonar el cambio que él representaba para la conducción del gobierno, lo cual terminó siendo una farsa, en tanto que todos los viejos vicios del PRI continuaron realizándose con desparpajo, incluida la corrupción y el tráfico de influencias ejercido por su propia esposa y la familia de ésta. De Zedillo se recuerda el terrible engaño del rescate a los banqueros mediante el Fobaproa, que aún seguimos pagando. Curiosamente, aunque se diga que el señor Meade es un hombre honesto, él ha sido funcionario en todos esos gobiernos, jugando incluso un papel estelar en muchos de ellos. Existe un viejo refrán que con ligeras modificaciones es aplicable a este personaje: Corrupto es quien corrupta tiene el alma aunque no robe todavía, que desde luego es igualmente aplicable a Ricardo Anaya, aunque por lo que hoy se sabe de él, seguramente ya lo ha hecho.
A cinco semanas de las elecciones resulta difícil pensar que las preferencias electorales puedan cambiar, sin embargo la amenaza de Meade sobre que el PRI habrá de ganar la elección como lo hizo en el estado de México, no debe ser olvidada ni minimizada, dado el poder con que aún cuenta su partido y quienes en realidad están detrás del poder. Lo único que les hará detenerse es el rechazo masivo y absoluto del pueblo en su conjunto, venciendo las campañas de miedo que seguramente habrán de lanzar en las semanas previas a las elecciones.
Twitter: @ecalderon_a

Nuevos motivos para oponerse a los transgénicos


Silvia Ribeiro*

Un equipo de científicos australianos comprobó recientemente la existencia de estructuras del ADN que son diferentes a la doble hélice que conocemos. La nueva estructura se había observado in vitro, pero nunca en células humanas vivas. Al mismo tiempo, otro equipo de investigadores en Suiza reportó que al intentar crear resistencia a un virus que afecta a la mandioca con la tecnología CRISPR-Cas9 creó accidentalmente un nuevo virus patógeno. Es uno más de los posibles efectos adversos que pueden tener esta y otras nuevas técnicas de ingeniería genética, que contradicen la abundante propaganda seudocientífica que trata de convencernos de que son rápidas, seguras y baratas.
A 65 años del famoso descubrimiento de Watson y Crick sobre la estructura de hélice del ADN, se siguen revelando aspectos desconocidos sobre las estructuras e interacciones de los genes en los organismos, con diversos factores epigéneticos y con el medio ambiente, que muestran que manipular genéticamente el ADN es una pésima idea, por los muchos efectos imprevistos que conlleva.
La nueva estructura del ADN fue identificada por el equipo de Daniel Christ, del Instituto Garvan de Investigación Médica, y la llamó estructura de motivo intercalada (i-motif). Los resultados del estudio se publicaron el 28 de abril de este año en la revista Nature Chemistry (https://www.nature.com/articles/s41557-018-0046-3).
El descubrimiento confirma que nuestro ADN tiene una simetría más intrincada que la supuesta y que esas variantes estructurales afectan cómo funciona nuestra biología. Cuando la mayoría de nosotros pensamos en el ADN, pensamos en la doble hélice, dice el investigador de anticuerpos Christ. Esta nueva investigación nos recuerda que existen estructuras de ADN totalmente diferentes y que podrían ser muy importantes para nuestras células (https://tinyurl.com/ybew7fkw).
Los motivos intercalados son descritos como un nudo retorcido de cuatro hebras, en el que los elementos químicos que componen el ADN están asociados de una forma diferente a la conocida: las bases o letras del ADN se unen entre sí con una igual, por ejemplo la C (citosina) con otra C o la G (guanina) con otra G, algo que nunca ocurre en la doble hélice.
Los i-motif fueron visualizados desde hace años en laboratorio, pero nunca en células vivas, por lo que se cuestionaba que realmente existieran. Según Mahdi Zeraati, el primer autor del estudio australiano, ésta es sólo una de las estructuras diferentes a la doble hélice que podrían existir en el organismo; se visualizaron también estructuras cuádruples del ADN en 2013 y podrían existir más, incluso triples y cruciformes.
En el estudio que confirmó la existencia de los motivos intercalados, los investigadores insertaron un anticuerpo marcador con fluorescencia, por lo que pudieron ver cómo aparecían y desaparecían estas estructuras en tiempo real. Los i-motif están ubicados cerca de regiones del ADN conocidas como promotoras, que activan o desactivan las funciones de los genes, así como en los telómeros, otra sección del ADN relacionada con el envejecimiento celular.
Zeraati piensa que el hecho de que aparezcan y desaparezcan es un indicador de su función: al parecer intervienen en la activación o desactivación de genes, por lo que es altamente relevante entender mejor su función. Esta característica es también lo que dificultaba a los investigadores verlos en células vivas de nuestro cuerpo.
Separadamente, un estudio de Devag Mehta y colaboradores, del instituto ETH en Zurich, publicado el 4 de mayo de 2018, reporta que al intentar crear resistencia a un virus en mandioca por medio de ingeniería genética con CRISPR-Cas9, de 33 a 48 por ciento de los virus editados desarrollaron una mutación de un solo nucleótido (una sola letra), que creó un virus resistente. El estudio advierte además sobre el riesgo de que estos nuevos virus resistentes se diseminen en el ambiente (https://tinyurl.com/y879m7qk).
Los autores no cuestionan la tecnología para otras aplicaciones, pero alertan sobre los riesgos en este caso particular. Mehta, autor principal del estudio, menciona además en su cuenta de Twitter que le asombra la presión que ha recibido para no difundir aspectos negativos del uso de CRISPR-Cas9.
En efecto, hay gran movilización de la industria biotecnológica –incluyendo a Monsanto-Bayer y DowDuPont, que tienen sendas licencias para usar esa tecnología en agricultura y alimentos– para desvincular a esta y otras nuevas biotecnologías de los transgénicos anteriores, tratando de engañar al público de que ahora sí son tecnologías seguras.
Las trasnacionales de transgénicos intentan que nuevas biotecnologías como CRISPR-Cas9 no sean reguladas, ni siquiera bajo las presentes leyes de bioseguridad, argumentando que el producto final no contiene nuevo material genético. El tema está en fuerte debate en la Unión Europea y Estados Unidos, pero ya se aprobaron normas –en favor de las empresas– en Argentina y Brasil, aunque contestadas por movimientos populares y científicos críticos (https://tinyurl.com/y8yuf5tb).
Justamente, la experiencia del equipo suizo muestra que puede haber impactos negativos, haya o no material genético visible en el producto modificado final. Pero, sobre todo, el fascinante descubrimiento de estructuras del ADN que no se conocían y sus posibles funciones confirman nuevamente que los organismos vivos y sus interacciones en la evolución son de una enorme y maravillosa complejidad que estamos lejos de comprender bien. Por ello, que unas cuantas empresas trasnacionales y los científicos que les sirven manipulen organismos vivos es un experimento perverso con la naturaleza, la salud y el medio ambiente.
*Investigadora del Grupo ETC

Putin brilla en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (spief)

Bajo la lupa
Alfredo Jalife-Rahme


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El presidente ruso Vladimir Putin expuso que el comercio de su país con Europa ha caído a la mitad de los 450 mil millones que en algún momento llegó a alcanzarFoto Ap
El Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés) desde su fundación hace 21 años no había tomado la relevancia de este año en donde el presidente ruso Vladimir Putin se movió como pez en el agua.
San Petersburgo, de 5 millones de habitantes, es la ciudad más europea de toda Rusia y es cuna de la mayoría de su élite gobernante.
Desde hace 13 años, el SPIEF se encuentra bajo los auspicios del presidente ruso en turno, y en esta ocasión acudieron desde el presidente francés Emmanuel Macron pasando por el primer ministro nipón Shinzo Abe hasta el vicepresidente chino Wang Qishan (íntimo del mandarín Xi).
De que asistan 2 miembros del G-7–Francia y Japón–, sin contar a la directora del FMI, la francesa Christine Lagarde (CL) y las nutridas delegaciones de empresarios alemanes, pone en tela de juicio toda la política de sanciones que ha encabezado EU contra Rusia.
El portal Russia Today comenta que Washington y Londres no parecen perturbados por el giro de Rusia con China e India, lo cual sí preocupa a Francia y Alemania.
El juvenil presidente galo Macron sentenció que Rusia es una parte inalienable de Europa, mientras que en forma sarcástica el zar Vlady prometió proteger a Francia ante el abandono de Trump.
El ex canciller alemán Gerhard Schroeder resaltó que la asociación energética con Rusia es de interés vital para Europa –cuyo proyecto del gasoducto Nord Stream 2, que vincula a Rusia con Alemania sin pasar por Ucrania, ha indispuesto a EU que desea vender la próxima extracción masiva de gas esquisto de Norteamérica mediante el pernicioso fracking.
Analistas rusos y alemanes consideran que las próximas sanciones de Trump contra Europa, bajo el pretexto de su diferendo con Irán, van encaminadas a procurar ventajas empresariales a EU.
Las sanciones de Trump son ya contraproducentes cuando se auto-golea en sus segmentos médicos y tecnológicos (http://bit.ly/2GS5sOX).
El zar Vlady Putin, acompañado por China, alabó el mercado libre y el sistema de cooperación multilateral que tomó años construir y que ahora es roto en forma cruda ya que romper las reglas se está volviendo la nueva regla, en alusión a las deletéreas medidas proteccionistas de Trump.
El zar Vlady expuso que el comercio de Rusia con Europa llegó a alcanzar 450 mil millones de dólares que ahora ha caído a la mitad, mientras que con China “el comercio alcanzará 100 mil millones de dólares próximamente (http://bit.ly/2sgLEzm)”.
Al contrario de la propaganda negra anglosajona, la directora francesa del FMI, CL, alabó que Rusia había puesto un marco macroeconómico admirable por lo que es capaz de sortear los tiempos difíciles: hoy no tiene virtualmente un déficit fiscal y ostenta un equilibrio sólido de su cuenta corriente con muy poca deuda, además de propiciar inversiones en salud y educación.
CL puso énfasis en los riesgos de tormentas cuando la deuda global, pública y privada juntas, se encuentra en su más alto nivel: 164 millones de millones de dólares, es decir, 225% del PIB global.
El zar Vlady Putin advirtió sobre una crisis financiera no vista en el mundoel desprecio a las normas existentes y la pérdida de confianza pueden combinarse con la impredecibilidad y la turbulencia del cambio colosal tecnológico que pueden desembocar en una crisis sistémica, por lo que no necesitamos hoy guerras comerciales o aun treguas comerciales temporales. Necesitamos una paz comercial integral, en clara alusión al unilateralismo proteccionista de Trump (http://bit.ly/2GRqi13).
No todos los analistas de la dupla anglosajona son aguafiestas: Ian Colebourne, mandamás de Deloitte CIS, comentó que los “poderosos fundamentos de la economía rusa atraen a los inversionistas extranjeros, en particular en su significativo crecimiento agrícola, así como en el rubro farmacéutico (http://bit.ly/2IM1Gwm)”.
Según CNBC, Rusia, previo al mundial de futbol, “busca probar que los pronósticos apocalípticos de su colapso económico han fracasado (https://cnb.cx/2GPJU5z)”.
Kirill Dmitriev, mandamás del Fondo de Inversiones Directas de Rusia (RDIF, por sus siglas en inglés), alardea de las excelentes condiciones de la prudente política macroeconómica del país, además de haber estimulado la economía doméstica mediante la sustitución de importaciones.
Sin duda ha contribuido el alza notable del barril de petróleo que pasó de 27 dólares hace 2 años a 79 dólares este año.
Los analistas pertenecientes a la dupla anglosajona enemiga de Rusia no comparten los prospectos encomiásticos, como es el caso de Neil Shearing, economista en jefe de los mercados emergentes en Capital Economics, quien considera que en el corto plazo, Rusia todavía se encuentra en la fase de recuperación, mientras que vislumbra enorme preocupación en el mediano plazo, debido a la tasa reducida de inversiones que empuja a mayores políticas estatistas.
Las críticas de los economistas anglosajones van encaminadas a la tendencia autárquica (de autosuficiencia) y a su enorme dependencia en los hidrocarburos, y calculan un crecimiento mediocre entre 1.5% a 3% al año de aquí a los próximos 5 años. ¿Cómo catalogarán, entonces, a las propias economías de sus países EU y Gran Bretaña que se encuentran en la lona?
Todo depende del cristal con que se mire: el presidente del banco ruso VTB, Andrei Kostin, comentó que estaba más preocupado por la tercera guerra mundial debido a la política agresiva de EU, que a sus sanciones económicas (https://cnb.cx/2J8LXGR).
A propósito, el zar Vlady recordó durante el SPIEF que la OTAN se está acercando a las fronteras de Rusia, por lo que instó a Occidente ( sic) a no cruzar la línea roja en las relaciones con Rusia: No basta con que la OTAN haya llegado a nuestras fronteras, también sospechamos que mañana podría incluir también a Ucrania y desplegar allí radares y sistemas antimisiles de defensa. Existen unos límites, si me entienden, no se puede cruzar la línea roja.
También el zar Vlady se lamentó de que Rusia sea culpada de todos los problemas sin seriedad alguna por EU. Sobre su relación con Trump comentó que no han mejorado ni se han deteriorado. Prácticamente no tenemos un diálogo directo y adujo que “la situación existente se debe a un conflicto entre los representantes de la élite estadunidense (http://bit.ly/2saiTp3)”.
Liza Ermolenko, del grupo británico Barclays Capital Economist, pone en relieve el ambiente de su pobre demografía, el cual siempre ha sido el objetivo de largo plazo de EU para doblegar a Rusia.
La dupla simbiótica de Trump y Netanyahu ha arreciado sus guerras demográficas contra mexicanos y palestinos por igual, pero la guerra demográfica propiamente dicha contra Rusia proviene de los cuartos de guerra del Partido Demócrata desde Clinton y Obama y que han sido refrendados por el Deep State estadunidense de demócratas y republicanos por igual.
El objetivo de Washington desde el mediano hasta el largo plazo es obligar a Rusia a reconocer la primacía indiscutible de EU para poder consagrarse a someter a China, donde no existe guerra demográfica que valga.
Twitter: @AlfredoJalifeR_
Facebook: AlfredoJalife

El nuevo desarrollismo progresista en México: ¿Una transformación histórica sin cuestionamientos al capital?



La crisis del capitalismo dependiente latinoamericano, vinculada a la crisis mundial del capital, agrava los conflictos de clase precipitando a nuestros pueblos al mayor deterioro de la soberanía y socavamiento de la democracia. Los impactos de la crisis en México, conducen a la guerra del capital contra el trabajo, lo que supone que las clases dominantes (locales y trasnacionales) no cedan ni un átomo de valor económico y político en el sistema de dominación. Paradójicamente, la izquierda en México afirma su proyecto de nación sobre la base de un nuevo pacto social y una reconciliación (ilusoria) entre todas las clases sociales.
En este cuadro consideramos necesario estudiar de modo crítico la experiencia de los gobiernos progresistas de América Latina, tanto sus exitosos alcances como sus profundas limitaciones. La crisis del sistema mundial capitalista agotó el periodo de alianza pruriclasista y no confrontación característico de estos gobiernos. En la actualidad experimentamos la radical ofensiva de la contrarrevolución en toda la región y la agresiva y militarizada reformulación geopolítica imperialista a nivel global.
Estudiamos tres gruesos planos económicos y políticos que aproximan el proyecto de nación del nuevo desarrollismo progresista en México con los proyectos ya experimentados de la izquierda brasileña en el periodo lulista (2003-2010-2016). Sustentamos estos tres planos en: 1) la afirmación de un proyecto de conciliación nacional y una política de no confrontación con las clases dominantes; 2) la búsqueda del crecimiento económico con transferencias de renta y políticas sociales sin cuestionamientos estructurales al patrón de reproducción del capital imperante caracterizado por la integración subordinada a la llamada “globalización neoliberal”; 3) una aceptación acrítica sobre la forma del orden político de dominación, su abdicación a cuestionar y transformar la forma del aparato de Estado, así como su renuncia a la organización política del poder popular de frente a la conquista de la hegemonía del poder político, más allá de los triunfos electorales.
Sobre la base de estos tres ejes vertebrales, sostenemos que existe en la izquierda institucional en México una incapacidad teórica y política por lograr lo que autoproclama como principal objetivo en su proyecto de nación: la transformación histórica de México.  
La carrera electoral
Las competencias electorales de nuestro tiempo tienen de común presentarse bajo el manto ilusorio de una carrera política en la que se dirimen distintas “alternativas” de orden sistémico. En México, la elección presidencial del 1º de Julio dista mucho de poner en juego una modificación estructural de este carácter. En términos económicos y políticos, evidentemente no se antepone un cuestionamiento estructural a la lógica del capital que de modo dominante tiñe a los conjuntos de relaciones sociales. Muy lejos nos encontramos de salir del “Estado de ideología única” tan a fin al sistema orgánico de reproducción sociometabólica del capital, el cual subordina “todas las áreas de la actividad humana, desde los procesos económicos más básicos, hasta los dominios intelectuales y culturales más mediados y sofisticados”. (I. Mészáros [1])
De un modo no tan evidente, en la elección presidencial tampoco se objeta de modo estructural la modalidad predominante de reproducción del capital que ha tomado forma en México desde hace más de tres décadas, esto es, el patrón de reproducción del capital vigente que se asocia coloquialmente con los términos de neoliberalismo y/o globalización
Debido a esto, no se pone en cuestión la propia forma político-estatal de dominación oligárquica y su imperante centralización de la toma de decisiones políticamente decisivas, la cual reposa en esta modalidad de reproducción. No hay una objeción radical de la forma político-estatal de dominación constituida dentro del sistema de democracia liberal sustentada en un régimen de partidos autodenominado “abierto”, “pluralista” y “tolerante”. Dentro de esta perspectiva, basta con las bases de una “democracia representativa”, en tanto principio de “legitimidad” (hoy en crisis) de este régimen de partidos de Estado, para acceder al aparato gubernamental y tomar decisiones, al tiempo que se asegura una forma sutil de exclusión y despolitización de las clases trabajadoras y populares así como de su incidencia política en los asuntos decisivos de la reproducción social.  
Crisis, acentuación de la dependencia y socavamiento democrático
El capitalismo dependiente en México, sustentado en las leyes de superexplotación [2] del trabajo y gran concentración del capital, así como en las formas de exclusión y desigualdad social que le subyacen, encierra de modo endémico los mayores problemas de soberanía y democracia política a lo largo y ancho de su entramado institucional. En términos estructurales, las relaciones de superexplotación del trabajo y dependencia (financiera, tecnológica-productiva, comercial, etc.) tienden a socavar las esenciales relaciones de soberanía y autodeterminación, de democracia y autodeliberación social, lo cual lleva a estos dos ejes de relaciones (dependencia/soberanía-democracia) a imponerse como lo que son, inconciliables al extremo.
Crisis y agotamiento del pacto social y la conciliación de las clases
Ahora bien, en épocas de crisis, la polarización de los intereses y objetivos que se juegan en la reproducción del capital en tanto modalidad de valorización y acumulación lleva a inviabilizar la “conciliación” capital/trabajo, al tiempo que tiende a profundizar el socavamiento de las bases formales de la democracia. Para muestra un botón.
En la primera década de 2000, el escenario de relativo crecimiento y bonanza económica por la venta de las materias primas y alimentos en América Latina -de la que también fue beneficiada la renta petrolera en México-, dio sustento a un periodo de conciliación entre las distintas clases y fuerzas sociales en algunos países. Este escenario desapareció con la “crisis interminable” del sistema mundial capitalista desplegada a partir de 2008-2009.
Esto fue constatado en Argentina y Brasil, y en general, para no ir más lejos, en los países de la región, que posterior a la irrupción de la crisis mundial han sido sometidos a la profundización de una ofensiva oligárquica autóctona junto al renovado intervencionismo del imperialismo estadounidense en la conocida forma de golpes de Estado “de nuevo tipo”.
La experiencia progresista brasileña es emblemática. A raíz de la crisis económica mundial (con los mayores impactos en el país sudamericano a partir de 2012), el pacto social colocado en el centro de la política brasileña en el periodo 2002-2010-2016 es hoy, a partir de una crisis política permanente, un pantanal que ha evidenciado la crisis terminal del régimen político (la Nova República). El Partido de los Trabajadores (PT), el mismo que sustentó en el periodo referido una alianza pluriclasista, se encuentra hoy en una crisis sin precedentes.
En los actuales tiempos de crisis y del imperialismo trumpista, no cabe la posibilidad de conciliación entre las distintas clases y fuerzas sociales en nuestros países. [3] En el actual marco del declive imperial, la presión hacia México vía “renegociación” del TLCAN bajo la clave geopolítica estadounidense frente a China, amenaza con las mayores pérdidas para los socios subordinados, lo que supone la acentuación de distintos mecanismos que lleven a las clases dominantes locales (y extranjeras) a resarcir sus pérdidas. Entre éstas destaca su ofrecimiento al imperio la superexplotación del trabajo y los recursos naturales energéticos como principales “activos” geoeconómicos para fortalecer la región de “América del Norte” frente a rivales geoeconómicos y geopolíticos. [4]
El déficit comercial estructural de Estados Unidos de más de medio billón de dólares en 2017 (566,600 md), ha sido motivo para el gobierno de Trump para implementar un proteccionismo unilateral e iniciar una guerra comercial en distintos frentes y sectores, para lo cual, el trumpismo viene cuestionando las reglas de la OMC y por lo mismo, se perfila a quebrantar el orden mundial de comercio, sin reparar en los propios efectos negativos en las tasas de crecimiento del comercio global y de la economía mundial en el marco de su crisis estructural. La economía mexicana, que tiene depositadas más de tres cuartas partes de sus relaciones comerciales con Estados Unidos, y cuyo desempeño económico se caracteriza por un cuasi estancamiento crónico (de 1980 hasta hoy, sólo se registra un minúsculo crecimiento en el PIB per cápita en los últimos años) tiende a exacerbar la espiral de la crisis.
La espiral de la crisis y la guerra del capital contra el trabajo en México
La reforma fiscal impulsada por Trump y aprobada en el Congreso de Estados Unidos en diciembre de 2017, que recorta de 35 al 21 por ciento la contribución empresarial, puede llevar a una huida de empresas y capitales de México hacia aquel país, lo que empuja a los grandes grupos económicos en México a exigir una contra reforma fiscal (altamente regresiva) [5] , así como lleva a organismos del gran capital como la OCDE, a presionar a los distintos candidatos presidenciables para que realicen una “segunda oleada de reformas estructurales”, dentro de las que se contempla la reforma fiscal. [6]
Derivado de la crisis de desindustrialización en Estados Unidos, el gobierno de Trump, sustentado en términos electorales entre las clases trabajadoras blancas y empobrecidas, pretende implementar procesos de “reindustrialización”, para lo cual, busca forzar a las grandes trasnacionales a que retornen sus inversiones y plantas industriales a los Estados Unidos [7] , lo cual se fortalece la amenaza de la caída de la inversión extranjera en México (ya estancada por la “incertidumbre” en la renegociación del TLCAN y el actual periodo electoral) y junto con ello, el desmantelamiento de los procesos productivos y mercantiles hegemonizados precisamente por las corporaciones trasnacionales estadounidenses.
El conjunto de estos procesos se ven agravados bajo la nueva y agresiva política monetaria adoptada por la Reserva Federal y su nuevo presidente, Jerome Powell, colocado por Trump, que bajo la tendencia del incremento de las tasas de interés, presiona a la fuga de capitales del país, capitales de los que la economía mexicana depende para financiar sus crónicos problemas de cuenta corriente de la balanza de pagos. Con la huida de capitales, se incide además en la devaluación del peso y el agravamiento de los problemas inflacionarios, lo que empuja al Banco de México a elevar aún más su tasa de interés, experimentándose con ello una parálisis de la economía, del empleo, una pauperización salarial, profundización de la precariedad laboral, entre otros problemas. Tal y como sucede actualmente en la crisis económica argentina, hoy con mucha mayor fuerza que ayer, las contradicciones y crónicos desequilibrios económicos en México, están sostenidos “con alfileres”.
Si bien existen otros argumentos, estas son razones suficientes para que la oligarquía globalista y neoliberal revigorice sus posiciones y rechace por todos los medios ceder terreno en sus intereses y objetivos centrales ligados directamente al patrón de reproducción del capital vigente en México.
En tiempos de crisis, el capital se lanza a la guerra contra el trabajo y contra los derechos sociales y populares con vistas al prevalecimiento, reorganización y profundización de la actual modalidad de valorización del capital, que es lo que explica las exigencias de las clases dominantes (locales y trasnacionales) de salvaguardar (como se constata por ejemplo en la postura de la OCDE) el conjunto de reformas estructurales (laboral, educativa, energética, de telecomunicaciones, financiera, entre otras) impuestas en el denominado “Pacto por México” por los tres principales partidos políticos PRI-PAN-PRD desde el inicio de la presidencia de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012. [8]
En síntesis, con la crisis del capital a nivel mundial, éste exacerba su rechazo y hostilidad hacia los derechos sociales y colectivos. Despojo, privatizaciones, “libre mercado”, desocupación, precarización laboral, focalización de políticas “universales”, “autoprotección” social, son las variantes mediante las cuales el capital aplasta los intereses colectivos. Las necesidades e imperativos de la etapa actual del capital tienden a arrastrar las propias necesidades y derechos sociales fundamentales.
La búsqueda de una reconciliación (ilusoria) en México
En este contexto, paradójicamente, en México, el candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de la coalición de izquierda (MORENA-PT-PES) denominada “Juntos Haremos Historia”, centra su proyecto político y económico en la conciliación de todas las clases sociales. Ello además en un momento en el que las clases dominantes (fracciones políticas, poder ejecutivo, grandes empresarios, confederaciones patronales, grupos económicos locales y trasnacionales, medios de comunicación, autoridades electorales, etc., etc.,), han venido realizando enormes y multivariadas acciones (legales e ilegales) para aplastar y derrotar (sin olvidar los fraudes electorales de 2006 y de 2012 en los que contendió el mismo candidato presidencial) a las bases sociales y populares que éste también representa.
La izquierda progresista en México bajo los acordes de América Latina
La hegemonía casi absoluta de Estados Unidos en la economía y la política mexicana impide ver el contexto latinoamericano, particularmente, el balance crítico sobre la experiencia de los gobiernos progresistas y el momento álgido por el que atraviesan éstos en la etapa actual. De igual modo, el dominio del bloque en el poder en México y sus actuales proyecciones de poder para impedir el triunfo del candidato de la izquierda oficial y las tensas relaciones políticas que se vienen presentando, opacan los escenarios que han irrumpido en la región latinoamericana, impidiendo con ello entender importantes lecciones que se desprenden de las experiencias progresistas.
Para evitar la repetición de la historia, desde México, es de gran relevancia entender los procesos históricos que se vienen desenvolviendo en América Latina, por ejemplo: 1) los procesos de lucha social y rearticulación del movimiento popular que sustentaron los triunfos de los gobiernos progresistas; 2) los alcances y limitaciones de estos gobiernos respecto sus proyectos de “desarrollo” e “inclusión social” subordinados a los procesos de reproducción del capital; 3) sus logros y errores respecto al papel que asumieron en el orden político-estatal, su posición asumida dentro del gobierno respecto al aparato de Estado y gubernamental; 4) los casos específicos de crisis, lucha social y restauración, junto a la ofensiva geopolítica del imperialismo estadounidense en la región, entre otros problemas importantes.
1. Tres planos aproximados entre los proyectos de la izquierda mexicana (MORENA) y brasileña (PT):
A continuación exponemos una serie de planteamientos que refieren sobre tres paralelismos aproximados que encontramos (salvando todos los matices) entre algunas posiciones y lineamientos económicos y políticos de la izquierda oficial abanderada por AMLO en México, con el proyecto neodesarrollista efectivizado en los gobiernos Lula y Dilma.
A razón de la crisis económica y política gestada en el periodo lulista (crisis neodesarrollista), junto con el viraje actual al Estado de excepción en Brasil, a nuestro juicio, no pueden servir de modelo a seguir en México, menos aún, bajo la experiencia brasileña manifiesta, no de una manera mecánica, esto es, como si la historia, aun la más cercana, no existiese.
Salvando las debidas distancias y contrastes, los paralelos generales que esbozamos entre el “proyecto” de la izquierda mexicana abanderada por el partido político MORENA y la experiencia efectiva de los gobiernos Lula en el periodo 2002-2010-2016, se refieren a:
1) Un proyecto sustentado en la conciliación de las clases sociales que da origen a un pacto social;
2) Un proyecto que busca el crecimiento económico con transferencias de renta hacia las clases populares excluidas, sin cuestionar de modo estructural las leyes y ejes predominantes del patrón de reproducción del capital (lo que no obsta para dejar de reconocer los matices localizados entre fracciones políticas neodesarrollistas y neoliberales ortodoxos, sea a nivel de la aplicación de distintas políticas económicas, como también a nivel de las corrientes que enfatizan el papel del Estado o el mito del libre mercado en el desenvolvimiento de la economía;
3) Vinculado a estos dos primeros lineamientos, se trata de un proyecto que soslaya la transformación de la forma del orden político de dominio y del aparato del Estado, lo cual se deriva de una incapacidad de organización de las clases trabajadoras, o incluso, de un deliberado papel del gobierno progresista de desorganización de las clases explotadas y subalternas, procesos que tienden a dejar de lado la imperiosa necesidad de crear y profundizar nuevas condiciones de participación política populares y democráticas que permitan sustentar transformaciones estructurales sustantivas.
1.1 El periodo Lulista: 2003-2010 y 2010-2016
Tres meses antes del balotaje electoral de octubre de 2002, Lula y su equipo dieron a conocer una “Carta al pueblo brasileño”, la cual fue conocida en Brasil como un momento clave de la afirmación (subordinación) de los compromisos “de negociación nacional” y de “respeto a los contratos y obligaciones del país” de los gobiernos Lula con el gran capital local y trasnacional. Como señaló Aloizio Mercadante, cercano a Lula (hasta la fecha) y colaborador en la redacción de dicho documento, en dicha carta:
"abdicamos públicamente de una estrategia de ruptura y asumimos el compromiso de una transición progresiva y pactada para el nuevo modelo de desarrollo [subrayado nuestro]. El compromiso con la estabilidad económica era presentado como innegociable y el régimen de metas inflacionarias, el cambio fluctuante, el superávit primario y el respeto a los contratos fueron claramente incorporados al programa de Gobierno". [9]
Importante es recordar que fue debido a una gran acumulación de fuerzas derivadas de las luchas obreras y populares contra la dictadura brasileña de los años 70´s y 80´s, de las cuales nacería el Partido de los Trabajadores (PT), junto con grandes Centrales obreras (CUT), o el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), así como también las luchas sociales contra el ciclo político neoliberal abanderado por el expresidente F. H. Cardoso en sus dos periodos de gobierno (1994-1998-2002), lo que permitió a Lula conquistar (después de tres candidaturas sin éxito 1989,1994,1998) la presidencia, y a lo largo de la cual encarnó el proyecto neodesarrollista del Brasil de “la conciliación nacional”, con Lula al frente como el “hombre de la conciliación” (R. Antunes, 2012 [10] ).
Con la Carta referida y el triunfo del PT en 2002, se dio inicio al proceso que se conocería en Brasil como una “revolución pasiva a la brasileña” (Ruy Braga, 2010 [11] ), un proceso de “Hegemonía al revés” (F. De Oliveira, 2010 [12] ), o si se quiere, un “Estado semibonapartista” (R. Antunes, Ibid.), mismos que fueron hechos trizas por el gran capital a raíz de la crisis económica mundial y brasileña, particularmente mediante el golpe de Estado a Dilma Rousseff en mayo de 2016. Experiencias anteriores ya lo habían constatado: ¡Toda crisis agrava los conflictos de clase!
Cuatro elementos en común unían a estas conceptualizaciones señaladas sobre la forma económica y política brasileña urdida en el lulismo:
1.- Un bloque pluriclasista, sustentado en un “pacto conservador” (A. Singer, 2012 [13] ) entre las clases propietarias y las clases populares. O en otros términos, en la “fantástica alianza de los más ricos con los más pobres” (Salles, 2013 [14] ). Si bien la conciliación permitió gestionar compromisos entre las distintas clases y fracciones de clase dando forma a una alianza pluriclasista, a mediano y largo plazo, lo que ocurrió fue el agravamiento de los propios antagonismos. Lula como ningún otro agente estatal en la historia reciente de Brasil, logró cohesionar los dos polos del drama brasileño: por un lado, pudo gratificar como nunca antes a las distintas fracciones del capital local y trasnacional (financieras, agronegocio, industriales, comerciales), y por el otro, en el otro extremo, implementó políticas públicas de “distribución de renta” orientadas hacia las clases más empobrecidas. [15]
Se configuró de este modo un bloque en el poder conformado por las fracciones del capital fincadas en el agronegocio (soya, maíz, azúcar, carne, madera), en la minería, la agroindustria, la industria de transformación y de la construcción, todas ellas bajo la hegemonía del capital financiero. Estos sectores lograron un nivel de apoyo en las categorías más empobrecidas de la sociedad brasileña, trabajadores del subproletariado y campesinos, que por problemas de organización, lograron ser incluidos y canalizados por el Estado bajo una especie de fetichismo estatal. El papel de estos sectores de clase, en ningún momento materializaron una política que lograra imponer intereses de clase, esto es, no participaron en el bloque en el poder sino como piezas de apoyo (factores de legitimidad) a este bloque de dominio, y para lo cual, más allá de una retórica estatal, era transferida hacia estos sectores (sin organizarlos ni politizarlos) partes alícuotas de renta. [16]
2.- Importante por supuesto, es reconocer los avances y logros sociales del lulismo y la capacidad (aunque limitada) de las políticas sociales que logró establecer. Contemplando el primer periodo de Dilma, en el periodo lulista (2002-2014), se redujo más del 50% de la pobreza y dos terceras partes de la pobreza extrema. Se logró abatir la tasa de desempleo del 12.3% al 6.7% (2002-2010), pasando al 4.8% en 2014 (actualmente supera el 13%). El salario en estos periodos ascendió más del 80%. Se logró incrementar la tasa de formalización laboral en un 12% (2002-2012), equivalente a la creación de 18 millones de empleos formales, si bien el combate a la precarización laboral que cubre a cerca de la mitad de la población trabajadora ocupada, no correspondió a las necesidades del trabajador brasileño. Se llevaron a cabo importantes políticas sociales en materias sensibles como salud, educación, vivienda, etc. Los programas de “Minha casa, Minha vida”, Fome Cero (Hambre Cero), Bolsa familia, generaban y extendían el bienestar social de los sectores más desprotegidos de la sociedad brasileña.
Una vez que se dio paso a su primer periodo de gobierno (2002-2006), conocido en Brasil como el “tercer gobierno de F.H. Cardoso”, la preocupación por el crecimiento económico, distribución de renta y generación de políticas sociales (la “cuestión social”), se volvió una parte importante del lulismo, a tal punto que a partir de 2006 se discute con gran optimismo (acrítico) la entrada al “punto de inflexión” y al nuevo periodo “posneoliberal”. Curioso periodo “posneoliberal” que subordinaba el crecimiento y distribución de renta a un patrón exportador sustentado en la superexplotación del trabajo [17] , la generación de superávits comerciales, y la transferencia de enormes porciones de plusvalía al creciente endeudamiento público (superávit primario).
Los planteamientos del nuevo desarrollismo brasileño se inscribieron en referencia a “la cuestión social”. Los objetivos económicos fueron estrechamente vinculados a esta dimensión. Esta perspectiva asume al Estado como el necesario agente “inductor del desarrollo y del crecimiento”, que lleve a generar un cambio “cuantitativo” y “cualitativo” en su papel social.
Para el neodesarrollismo brasileño, lo social es el fundamento del crecimiento económico. Adecuadas políticas sociales conducen a la creación y expansión de un “mercado de consumo de masas”, lo que lleva a “una nueva dinámica para el crecimiento acelerado”. Estas nuevas políticas sociales, redistributivas y vinculantes al mundo del trabajo representan las bases de la aceleración tanto del mercado interno como de la acumulación.
Dentro de esta perspectiva, se buscó implementar “nuevos modos de regulación del trabajo”, entre los cuales se proyecte el crecimiento del empleo, la formalidad del trabajo, una nueva valorización salarial, seguro de desempleo, elevación de la renta del trabajo respecto a la renta nacional, así como también, nuevos modos de seguridad social y legislación laboral favorables al trabajo (M. Pochman: 2010 [18] ). Dentro de esta concepción del trabajo en este contexto “social-desarrollista”, se afirmaron los programas de redistribución de renta, con efectos en la disminución de condiciones de miseria y pobreza, se amplíen los niveles de vida y de consumo, así como se logre el ensanchamiento de la “clase media”. De este modo, el social-desarrollismo buscó extender la “inclusión social, con ampliación del consumo popular y reducción de la pobreza y de la desigualdad social” (Ibid.).
Como vemos, esta pretensión del “social-desarrollismo”, su énfasis en el mercado interno y en el crecimiento sostenido, pasan por los imperativos de construir políticas sociales que conduzcan a la “universalización de derechos económicos y sociales”.
No obstante, en el nuevo desarrollismo abanderado por el PT y su líder principal (Lula), en ningún momento propuso cuestionar los nudos de dependencia respecto al sector externo, el abandono al impulso a las exportaciones, la aceleración de la productividad frente a la “competencia global”, y menos aún se anteponían objeciones a la disciplina financiera impuesta por el capital financiero, lo que de conjunto trazaba los fuertes límites al “modelo de desarrollo”.
Uno de los ejes de la acumulación y reproducción de capital de la economía dependiente brasileña lo ha sido el agronegocio, una lógica de valorización que subordina la economía nacional a un patrón exportador de especialización productiva altamente regresivo, cuyas consecuencias en las poblaciones y comunidades desplazadas (fortalecimiento del latifundio), ecológicas, y en la industria de transformación, son altamente destructivas. Dentro de este patrón participan los procesos de extracción y exportación de materias primas y alimentos como ejes de la valorización, lo que condujo a la economía brasileña y sus procesos de primarización, a una mayor subordinación en la división internacional del trabajo.
La propuesta de la política social del modelo neodesarrollista en Brasil no se propuso romper con los límites marcados por los imperativos de la política fiscal y monetaria. Con el constante proceso de endeudamiento de la economía brasileña [19] , los pagos a la deuda y otros mecanismos de transferencias de riqueza no era posible establecer (sin fuertes confrontaciones) a la “cuestión social” como “eje estructural del crecimiento”, es decir, se hacía cada vez más difícil la aspiración social-desarrollista de “universalizar los derechos sociales” de una sociedad marcada por el drama de la explotación, la desigualdad y la exclusión. Pues solo en el primer gobierno de Dilma Rousseff (2010-2014), alrededor del 45% del presupuesto federal (como promedio anual) fue destinado a los acreedores financieros. Año con año el pago de intereses de la deuda pública ascendía por las nubes, pasando de 27 mil millones de reales en 1994 para 500 mil millones de reales en 2015, lo que no tiene proporción con uno de sus programas sociales principales como Bolsa Familia, que erogó un gasto de 26 mil millones de reales en 2015.
En este sentido, hay que reconocer que el establecimiento de la política social en este periodo estuvo subordinada a un proceso de reestructuración mundial capitalista dominado por el capital financiero, el cual impone condiciones de valorización liderados por las políticas de securitización de la deuda externa, de internacionalización del mercado de títulos públicos y apertura de flujos internacionales de capital, esto es, la arquitectura de valorización financiera global. [20] La relevante aquí es que no existió en este modelo neodesarrollista ninguna oposición a estas fuerzas hegemónicas, por lo que la política social encontró sus límites, anunciados sorprendentemente con las significativas protestas populares de junio de 2013.
Ahora bien, en las nuevas circunstancias de crisis económica, fin de los superávits comerciales, caída de la inversión extranjera, recesión y endeudamiento, las limitaciones se fueron pronunciando con mucho mayor énfasis y a gran velocidad. Con ello fue evidenciado el hecho de que el sustento material que permitió los beneficios y la reproducción de la alianza pluriclasista emanó del propio patrón exportador de especialización productiva, basado en el auge de los commodities, que llevaron a obtener grandes superávits comerciales y voluminosas reservas, los que permitieron la distribución de riqueza entre los dos polos de lo sociedad brasileña.
Bajo este cuadro de crisis mundial, que impactó en el crecimiento del comercio mundial, en la caída de la demanda de la economía china, y que llevó al agotamiento del patrón exportador brasileño, y la caída de la demanda de las materias primas y alimentos y del ciclo coyuntural de sus altos precios, la política de conciliación y alianzas no podía sostenerse más, con lo que se abrió una etapa de aguda repulsión entre las fuerzas sociales en juego (los grandes capitales y la clase reinante situada en el PT de Lula), poniendo fin al bloque político pluriclasista gestionado desde las alturas del aparato de Estado con los gobiernos del PT. 
Como sabemos, el final de esta forma política fue constatado con la ofensiva del gran capital y profundización del Estado de excepción brasileño que en mayo de 2016 depuso a la presidenta Dilma, y en agravio a la región latinoamericana y al mundo entero, ha puesto a Lula en la cárcel, socavando con ello los derechos políticos (pues se busca el inhabilitamiento de Lula de las elecciones presidenciables de octubre de 2018) y sellando el ataque a las bases formales de la democracia institucional.
3.- Como se observa, el principal problema de esta experiencia progresista constituida en los gobiernos del periodo Lula, es que fue realizada -como ha sido el caso de los gobiernos progresistas de la región latinoamericana en general-, sin cuestionar o sin remover los fundamentos estructurales de la economía dependiente brasileña. [21]   En Brasil, se renunció a la reforma agraria, se renunció a la reforma de los medios de comunicación, se renunció a una reforma fiscal progresiva. Más aun, al no llevarse a cabo transformaciones económicas estructurales, los nudos de dependencia ¡fueron acentuados!: Primarización y boom exportador de especialización productiva, superexplotación del trabajo, elevada concentración del capital, desindustrialización y subordinación a la división internacional del trabajo, desequilibrios en balanza de pagos, dependencia de divisas, caída de la inversión extranjera, mayor vulnerabilidad externa, hegemonía del capital financiero y transferencias de riqueza, entre otros. De este modo, los pilares del patrón de reproducción del capital no fueron cuestionados. Con la acentuación de las condiciones de dependencia, y el agravamiento de la crisis mundial, se presentó la crisis económica y política del modelo neodesarrollista, bajo la cual, el nuevo gobierno golpista de Michel Temer, no ha hecho sino agravar y prolongar, con los impactos económicos y sociales más destructivos para la sociedad brasileña (mayor explotación del trabajo, aumento de la concentración de la riqueza, desocupación, precarización laboral, aumento de pobreza, políticas de ajuste, eliminación y reducción de servicios sociales, privatizaciones, etcétera). [22]
4.- De un modo vinculado a la forma política estatal centrada en el pacto pluriclasista, el lulismo reprodujo de modo impecablemente conservador la forma política del aparato gubernamental y el régimen de partidos de Estado. La renuncia a la lucha por la deconstrucción política del aparato de Estado y de la profundización de la democracia brasileña fue evidenciada con su negativa a impulsar los procesos de Reforma política. [23]
Como ahora se confirma, uno de los mayores errores del lulismo fue el papel que jugó en la cooptación, desorganización y despolitización del movimiento obrero, campesino y popular. Como refiere Ricardo Antunes (2012):
“el líder más notable del llamado nuevo sindicalismo [Lula] se convirtió en un nuevo instrumento de las clases dominantes, una variante de semibonapartismo en el cual la cooptación y el control del llamado sindicalismo combativo y, en particular, de la cúpula sindical es decisivo… [ a partir de su segundo gobierno] trasladó su base social de sustentación hacia las camadas más pauperizadas, que viven al margen de la organización de clase […] Su gobierno demostró una enorme capacidad para dividir a los trabajadores privados de los trabajadores públicos […] en 2008, el gobierno de Lula tomó un decisión que incluso acentuó el control estatal sobre los sindicatos..."
La divergencia del Estado brasileño en el periodo Lula con las masas populares, se confirmó con las fuertes jornadas de protesta de los movimientos populares de junio de 2013, que acorde a los tiempos marcados por la crisis, cuestionaban los límites del “modelo de desarrollo”, apuntaban la necesidad orgánica de expandir los derechos sociales, y mediante ello, señalaron de un modo luminoso la etapa de agotamiento del pacto social entonces prevaleciente, y la necesidad de entrar a una nueva época económica y política en Brasil. No obstante, el lulismo contestó, con Dilma en la presidencia, ¡con los cuerpos represivos! [24]
Cuánta razón tiene la idea de Atilio Borón cuando en un artículo reciente señala:
"¿por qué cayó Dilma, indefensa, ante una caterva de bandidos y corruptos como los que la juzgaron y depusieron de la presidencia y en cambio no cayó Maduro, acosado por una ofensiva política, diplomática y mediática en medio de una gravísima crisis económica? Respuesta: porque cuando el bolivariano sale al balcón del Palacio de Miraflores tiene un millón de seguidores dispuestos a pelear por su gobierno y cuando Dilma abría el balcón del Palacio del Planalto en la plaza sólo estaba el jardinero haciendo su trabajo. Su gobierno y el de Lula habían desmovilizado a todas las organizaciones populares, comenzando por el PT, siguiendo por la CUT y así sucesivamente. Y cuando las hienas del mercado se abalanzaron sobre Dilma la presidenta estaba indefensa, a merced de sus verdugos". [25]
Como vemos, al no crearse los nuevos espacios de participación política de carácter clasista y popular y profundizar con ello nuevas relaciones de democracia, esto es, desconociendo (de modo deliberado o no) la necesidad de incidir sobre una transformación del aparato de Estado, fueron otorgadas todas las ventajas políticas para las clases dominantes (locales y trasnacionales) para implementar los nuevos procesos de restauración y profundización del patrón de reproducción del capital, esto es, el periodo de contrarrevolución de nuestros tiempos, al tiempo que facilitó las estrategias intervencionistas del imperialismo estadounidense dentro de este aparato estatal.
En estos mismos términos, cabe aquí señalar una aguda pregunta que se le hace a la exjefa de gabinete de Dilma Rousseff (2011-2014) y actual presidenta del PT, Gleisi Hoffman, en la que -si bien el PT continua anclado en sus errores políticos y su política de negociación- no es sino hasta ahora que responde positivamente sobre la Reforma política:
-Russia Today : Pensando en el futuro, muchos gobiernos progresistas y de izquierda en el continente realizaron reformas constitucionales que les permitieron lanzar nuevas bases para sus proyectos políticos. [No dice cuáles gobiernos, jlr.] Hoy gran parte de la ofensiva de la derecha se basa en esa legalidad heredada que no se ha modificado en Brasil. ¿Usted cree que la reforma a la Constitución es necesaria? ¿cuáles son las medidas consideradas prioritarias por el PT y qué papel deben tener los movimientos populares?
-Gleisi Hoffman: La reforma de la Constitución va a ser más que necesaria. Ellos destruyeron la actual Constitución, rompieron el pacto de 1988, sacaron la parte de la seguridad social, están destruyendo la democracia.
El gobierno del presidente Lula, al ser electo, tiene que llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, hacer un gran diálogo con la sociedad brasilera y tener como base firme la sociedad organizada a través de los movimientos sociales y de los trabajadores. Es con ese sector que tenemos que hacer el pacto mayor y reconstituir una Constitución que sea nuevamente ciudadana, a favor del pueblo brasilero y de la democracia (subrayados nuestros, jlr.). [26]
Como vemos, el lulismo muestra los caminos que se presentan mediante la política de no confrontación y de la conciliación nacional. Pone en evidencia las debilidades de un proyecto subordinado a la forma dominante de reproducción del capital y a las políticas económicas neoliberales, lo que no puede sino conducir a la reproducción de los nudos de la dependencia económica y política que subyacen a dichas formas de reproducción del capital.
En conclusión, si es verdad que estamos ante una “nueva ola progresista latinoamericana” [27] , como la que se anuncia de un modo heterogéneo en México, Colombia, Perú, Chile, las distintas fuerzas sociales que empujan esta nueva ola, no pueden soslayar las lecciones políticas, económicas, educativas etc., resultantes de la enorme experiencia de los gobiernos progresistas, sea respecto a sus logros, sea respecto a sus errores y limitaciones.
Para finalizar este apartado, señalamos que, con la conformación político-estatal brasileña, situada en la “línea de menor resistencia”, se cumplió aquí, como parte de la experiencia del ciclo progresista, lo que -parafraseando al gran filósofo marxista István Mészáros-, éste señalaría en una de sus conferencias en Brasil en junio de 2011: todo lo que no es completamente erradicado, puede ser restaurado; en otras palabras, todo lo que parece sólido, puede desvanecerse en el aire.
1.2 El proyecto progresista en México: “Una economía para todos”
En México, el proyecto del partido de izquierda puntero en las encuestas, a nuestro juicio, presenta tres elementos generales que registramos en la dinámica conservadora y progresista del periodo lulista, mismos que abordamos en este apartado:
1) El Proyecto de la izquierda (MORENA) reproduce los fundamentos del patrón de reproducción del capital vigente.
El proyecto de una “república amorosa” de AMLO, basada en un gobierno que “represente a todos”, en la política de no confrontación y conciliación nacional impide el cuestionamiento y la ruptura con los ejes principales de la llamada “globalización neoliberal” en México.
Este proyecto, basado en un nuevo desarrollo equitativo y con justicia social, no es suficiente como para hablar de un cuestionamiento estructural al neoliberalismo o modalidad vigente de la reproducción del capital, que aquí caracterizamos en los siguientes ejes [28]:
 · Dependencia financiera y tecnológica: promoción y protección de la inversión extranjera;
· Monopolización del aparato productivo y gran concentración del capital;
· Superexplotación y precarización estructural del trabajo;
· Mercado interno deprimido
· Dominancia de una estructura de especialización productiva volcada a la exportación (concentración del aparato exportador anclado en la manufactura maquiladora);
· Procesos de desindustrialización, exclusión estructural y languidecimiento de pequeños y medianos productores;
· Predominio estructural del mercado externo;
· Alta concentración del tipo de bienes exportados y de los grupos económicos exportadores (con predominio de trasnacionales)
· Monopolización del sector financiero
· Exclusión estructural del Agro y expansión de los nichos agroexportadores trasnacionales;
· Desmantelamiento de Pemex, y entrega de los recursos energéticos a las corporaciones trasnacionales;
· Transferencias de valor al exterior 
A nuestro juicio, estos ejes sustentan al patrón de reproducción del capital vigente, el cual se constituye como la verdadera sanctasanctórum del capital en México, y ante lo cual, la izquierda de AMLO se encuentra lejos de desafiarla. Con el acuerdo “pleno” de AMLO en el mantenimiento del TLCAN como moldura que ciñe todas las columnas de la economía nacional, el “proyecto de nación” de la izquierda institucional, contrario a su autoproclamado discurso de “ruptura” con el régimen económico y político “neoliberal”, en esencia no representa un cambio estructural de fondo.
El proyecto político de no confrontación [29] y reconciliación nacional de MORENA reposa mucho más en “moralizar la vida pública” que en criticar los fundamentos de la acumulación del capital en México. Al no cuestionar las bases integrales de la reproducción capitalista y de la doctrina neoliberal, el discurso de la izquierda amalgamada en torno a “Juntos Haremos Historia”, nos retrotrae a los imaginarios utópicos del educador ejemplar que suponen de modo ilusorio transformar a las sociedades a partir de la moral, la educación y la cultura, esto es, sin remover los fundamentos estructurales sobre los que reposan. [30]
El proyecto que abandera AMLO no expresa ningún distanciamiento con visiones empresariales y financieras. Como sus principales dirigentes lo señalan: el proyecto de MORENA es el de “un gobierno de la mano con los empresarios”. Más aun, buena parte del proyecto de nación fue elaborado por empresarios. [31] De ahí que los señalamientos sobre el modelo de acumulación y predominio neoliberal no adquieran centralidad en su discurso, no así su fuerte cuestionamiento a la corrupción gubernamental y a la crisis de la seguridad ciudadana.
Para el líder de MORENA, no es la dinámica vigente del patrón de reproducción del capital la potencia que perpetúa la superexplotación del trabajo, la desigualdad, la precarización de las condiciones laborales, la pobreza, la exclusión, la concentración del capital, así como las condiciones de subordinación y dependencia con el exterior. Estos problemas son localizados por el líder de la izquierda institucional cada vez con mayor énfasis en la “corrupción gubernamental”.
Del mismo modo, el cuasi-estancamiento económico no es según AMLO por los cuellos de botella creados en un aparato de especialización productiva con enormes niveles de concentración y monopolización, los desequilibrios en las cuentas externas, y sus efectos en la desindustrialización, sino porque no hay un papel del Estado como “regulador” de la economía, cuando al contrario, es el papel del Estado junto con las fracciones del capital predominantes, quien ha conducido el diseño de esta modalidad de reproducción del capital en crisis estructural [32] .
AMLO pone el acento en lo que considera el problema fundamental: en una carta enviada “a los inversionistas nacionales y extranjeros”, señala, “Sostengo que el principal problema de México es la corrupción y que vamos a erradicarla por completo”. [33] En su nuevo manual pro-empresarial de 18 páginas denominado Pejenomics, se lee: “En una encuesta realizada por el Banco Mundial a dueños de empresas y altos ejecutivos de mil 480 empresas mexicanas, el 50% de los entrevistados identificó la corrupción como un gran obstáculo.” [34] Hay entonces una sintonía entre la visión empresarial y el líder de la izquierda institucional en la identificación de lo que consideran el “principal” problema del país: la corrupción.
Frente a los problemas históricos, económicos y estructurales, nos señala el líder de MORENA: “Consideramos que sin corrupción y con un gobierno austero podremos sacar a México de la crisis económica, del malestar y la pobreza, de la espiral de inseguridad y violencia que actualmente padece”. [35] Y en otro momento señala: “Ante la crisis de México, la honestidad es nuestra tabla de salvación. Vamos a convertir esta virtud en forma de vida y de gobierno. Nuestra propuesta es acabar con la corrupción, no solo reducirla, sino erradicarla por completo”. [36]
En la carta a los inversionistas, y en otros documentos, sin cuestionar la lógica dominante de la hiperacumulación y reproducción del capital en el país, nos señala que es a partir del “combate a la corrupción”, la “austeridad republicana” del gobierno, y el fin de los privilegios como su gobierno procederá a “financiar el desarrollo”. Nos señala: “ Estoy convencido de que así como abolir la corrupción significará toda una revolución social pacífica, la austeridad republicana se convertirá en ejemplo de rectitud, moralidad y en la principal fuente para financiar el desarrollo. Según nuestros cálculos, podremos ahorrar, por el combate a la corrupción y el plan de austeridad, alrededor de 500 mil millones de pesos”. [37] A partir de esta “liberación de cuantiosos recursos” su gobierno podrá “aumentar la inversión pública y utilizarla como capital semilla para financiar proyectos productivos con la participación de la iniciativa privada y del sector social” [38] . Para AMLO, financiar de este modo el “desarrollo” y el “bienestar”, no exige siquiera una reforma fiscal progresiva, de ahí que recurrentemente señale que “no hará falta aumentar impuestos”, en todo caso, mejorar la recaudación combatiendo la evasión y corrupción.
Como vemos, para el candidato puntero en todas las encuestas, su gran caballo de batalla reside en el combate a la corrupción y una nueva “reingeniería del gasto público”. Como se observa, en estos términos, no existe aquí ningún cuestionamiento de fondo al patrón de reproducción del capital.
Respecto al principal tripié de la política económica neoliberal, la propuesta del líder Morenista empata impecablemente con los intereses del gran capital: AMLO suscribe la política monetaria, cambiaria y fiscal, así como también se ha comprometido con la autonomía del Banco de México y el control neoliberal inflacionario. [39] Señala: “Se mantendrán equilibrios macroeconómicos, se respetará la autonomía del Banco de México y se promoverá la inversión privada nacional y extranjera”. [40] En la actualidad, AMLO presume la calificación de Standard & Poor’s nivel “Triple A” que obtuvo como Jefe de Gobierno de la capital de la república (2001-2006) por el manejo financiero de su gobierno, y advierte que “no gastaremos más de lo que ingrese al erario, es decir, operaremos la administración pública sin déficit”. [41]
El hombre a ocupar el cargo de las finanzas públicas como Secretario de Hacienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Dr. Carlos Urzúa, ex consultor del Banco Mundial, y ex secretario de finanzas del gobierno de AMLO en la ciudad de México, ha venido practicando distintos encuentros con los grandes capitales de los fondos de inversión. En estos encuentros, ha venido sosteniendo el respeto a los contratos bien establecidos, de los cuales, destaca que a su parecer no ve problemas en las subastas implementadas en materia de los hidrocarburos. [42] Carlos Urzúa ha señalado una disposición del futuro gobierno de AMLO para mantener superávits primarios y la política cambiaria de libre flotación, así como ha señalado la negativa de AMLO a gravar las herencias. El futuro secretario de Hacienda (en caso de un triunfo de AMLO) ha declarado que no habrá “renta básica universal” y que se impulsarán las inversiones en proyectos de infraestructura vinculados al sector exportador y al turismo. Hasta aquí, AMLO personifica la dinámica del gran capital sin obstáculo alguno.
De la reunión que sostuvieron el propio AMLO con Larry Fink, presidente ejecutivo de BlackRock, principal fondo de inversión a nivel mundial, el Dr. Urzúa señaló: "Hubo un 'clic' inmediato entre ellos. Ambos salieron encantados de la reunión" […] “Fue una reunión muy afable, entre otras cosas porque Larry Fink conoce extraordinariamente bien a México y es una persona con una visión no solamente empresarial, sino social". [43]
En lo que respecta a la política comercial, el lugar de México en el sistema mundial capitalista y la postura de la izquierda institucional ante el TLCAN, el proyecto que abandera AMLO es muy favorable a la “globalización” y acepta “plenamente” mantener el TLCAN y su renegociación impuesta por Trump. Como señalan las Pejenomics, “ El proyecto de AMLO no está en contra de la globalización”.
Respecto al papel de las inversiones nacionales y extranjeras, la posición de la izquierda institucional es de plena apertura, promoción y protección. En la carta a los inversionistas, sin rubor alguno les exclama a éstos: “Tengan confianza. No somos rebeldes sin causa y tenemos palabra. Sabemos cumplir nuestros compromisos”.
Sabido es que el gobierno de AMLO en la ciudad de México ha sido el gobierno que captó la mayor cantidad de inversión extranjera, incluyendo los dos gobiernos posteriores (de Marcelo Ebrard y el de Miguel Ángel Mancera). Colocado en la aceptación acrítica del ciclo de la economía dependiente, les insiste a los empresarios: “No habrá confiscaciones ni expropiaciones. Quiero que haya confianza, porque sin inversiones no podré gobernar”. [44]
La Dra. Graciela Márquez, quien ocuparía la Secretaría de Economía en el gobierno de AMLO, ha señalado: "Reconocemos la importancia de que México necesita aprovechar una economía global y los inversionistas extranjeros son fundamentales". [45] Según la futura secretaria formada en Harvard, "la inversión extranjera es esencial para mejorar las vidas de los mexicanos" (Ibid).
Como vemos, no sólo el empresario Alfonso Romo, sino los hombres importantes del gabinete planteado por AMLO, tienen otra lectura de la economía nacional muy distinta a las bases populares aglutinadas en el partido político MORENA. [46] 
2) La política social, fundamento del nuevo desarrollo nacional, está situada dentro de los límites marcados por los principales ejes del patrón de reproducción del capital imperante.
Como hemos señalado, el nuevo desarrollismo propuesto en el proyecto de nación de la izquierda busca “financiar el desarrollo” sobre la base de los mismos fundamentos del gran capital que han imperado en los últimos treinta años en el país. No obstante, como vimos en la experiencia del lulismo, ello no implica que –si bien subordinados a la hegemonía neoliberal– no existan proyectos de carácter social que empujen la generación de mejores condiciones de “bienestar” en algunos sectores de la población. Sin embargo, una política social subordinada a la dinámica de la reproducción del capital está incapacitada de cambios significativos y perdurables.
Políticas de incremento salarial, de protección a los inmigrantes, de fortalecimiento del mercado interno y del consumo nacional constituyen parte del proyecto de nación que abandera AMLO. Así también, forman parte los proyectos de “apoyo a la pequeña y mediana empresa”, de estímulo y expansión a los “emprendedores” y a la “innovación”. El proyecto de recuperación del campo y el apoyo a los pequeños productores excluidos, así como la iniciativa para garantizar la soberanía alimentaria, son también relevantes en el proyecto de MORENA.
Sin embargo, al estar anclados estos proyectos dentro de la lógica dominante de la reproducción del capital, observamos una limitada eficacia en su generalización, más aún, si consideramos que el despliegue de estas políticas estará en función de la “reingeniería del gasto público” y no sobre la base de una distinta modalidad de reproducción del capital que lo pudiera permitir (si fuese posible).
El proyecto de la izquierda en México no conlleva una transformación de raíz en las estructuras y ejes de la acumulación del capital, en todo caso, se reduce a algunas modificaciones (no a todas) a nivel de las políticas económicas implementadas por los gobiernos neoliberales, más propiamente en aquellas vinculadas al bienestar social. Más allá de una confrontación política antagónica con la lógica dominante de reproducción social, AMLO conduce a sus bases sociales y populares a una disputa de “baja intensidad” basada en “políticas públicas”.
En el periodo lulista se elevaron los salarios, el empleo, la formalidad laboral, se abatieron los niveles de pobreza y de miseria, se incrementó el presupuesto en la educación y la salud, no obstante que no modificó en términos estructurales la reproducción del capital y los ejes de acumulación predominantes. Avanzado el periodo social-desarrollista abanderado por el PT en Brasil, los gobiernos Lula y Dilma se encontraron con profundos límites económicos y sociales, así como con serias dificultades políticas. Con la crisis económica brasileña, se desnudaron los límites de la política del “reformismo débil” y de no confrontación, lo que condujo al debilitamiento en la relación de fuerzas y a la crisis política hasta hoy vigente empujada por la ofensiva política (golpista) del gran capital.
Tal como las que existieron en Brasil, existen divergencias entre algunas de las políticas económicas de la izquierda mexicana respecto a las políticas dominadas por la doctrina neoliberal dominante. Se trata de dos conjuntos divergentes de políticas económicas subordinados a un mismo patrón de reproducción del capital.
Asimismo, existen divergencias entre quienes apelan al papel del Estado en la regulación de la economía, como entidad que vele por el “desarrollo económico” y “bienestar” del conjunto de la sociedad, frente a la ortodoxia neoliberal de dejar la economía en la “mano invisible” del “libre mercado”.
A nuestro juicio, es a este nivel de contraposición de los intereses político-sociales que abandera MORENA y los objetivos en la definición de las políticas económicas de carácter empresarial, donde estos intereses y proyectos se confrontan. Si bien dice el viejo proverbio que el diablo está en los detalles, señalamos entonces que no es lo mismo un patrón de reproducción del capital que las políticas económicas mediante las cuales se vehiculiza, incluyendo el papel que se le puede atribuir al Estado en la orientación de la economía. Si bien una serie de políticas económicas vehiculizan una u otra modalidad de reproducción del capital, aquí no se percibe –hasta ahora– la oposición de dos modalidades integrales de reproducción del capital sino una confrontación a nivel de las políticas económicas. [47]
La izquierda de Morena sostiene el papel “rector” del Estado como “promotor del desarrollo”, con “la concurrencia del sector privado”. [48] La doctrina neoliberal, a la cual se sujeta fielmente el PRIANRD (PRI, PAN, PRD) sostiene el libre mercado, las políticas de adelgazamiento estatal, de privatización y desregulación de la economía.
Más allá de una pretendida, ingenua y abstracta “confianza” que pide AMLO a los empresarios (la clase dominante), se trata aquí de considerar verdaderos choques (de ningún modo de carácter estructural) en la definición de políticas económicas sujetas a intereses distintos: por ejemplo, reforma fiscal pro-empresarial; estímulos a importadores y exportadores, subsidios a proyectos económicos, deducciones de prestaciones laborales, disminución del ISR, Impuestos en alimentos y medicinas, grandes contratos y concesiones del Estado en obras de infraestructura, de proveeduría para el gobierno, etc., políticas que defienden los empresarios.
Como ya lo señalamos, la postura empresarial es reaccionaria y retrograda. En medio de la crisis mundial, del declive de la economía estadounidense, y del imperialismo trumpista, la clase dominante está impedida de ceder terreno en materia de sus intereses y de las políticas económicas, que históricamente la han beneficiado y en periodos de crisis la han compensado bajo elevados costos sociales.
Este tipo de políticas económicas, -más allá del consenso hegemónico neoliberal en “los equilibrios macroeconómicos” (monetaria, fiscal, cambiaria, comercial) los cuales suscribe AMLO- tienden a confrontarse con los objetivos de política social, desarrollo y bienestar que también pretende defender MORENA. Más aún, si MORENA, presionado por sus bases sociales y populares más críticas, empujara hacia la construcción de un Estado social, que hasta ahora, apenas puede asomarse en el proyecto de la izquierda institucional mexicana.
Por estas razones de confrontación a nivel de las políticas económicas, señalamos que no es una cuestión volitiva de generar o no “confianza” en el empresariado, sino de condiciones objetivas de rentabilidad, de intereses objetivos, de usufructo de riqueza, de la materialidad de mecanismos estatales de “compensación” de pérdidas a los grupos empresariales en medio del estancamiento económico y la espiral de la crisis.
El pretendido carácter de “justicia social” y “bienestar” integrado a un nuevo desarrollismo redistributivo que propone el proyecto de MORENA, no obstante su subordinación a la “globalización neoliberal” en México hegemonizada por Estados Unidos vía TLCAN, no deja de contraponerse a un conjunto de intereses de las clases dominantes. Es esto lo que explica la estigmatización liberal de “populismo”, “autoritarismo”, y el monumental ataque del mundo del capital contra el principal dirigente de Morena.
En este sentido, Citibanamex ha señalado que si bien existen “consensos” entre los tres principales candidatos presidenciables, no deja de advertir -en plena campaña electoral presidencial- la tendencia de un “cambio de régimen” si ganase AMLO. [49] En realidad, el juego político mediático del capital y sus enormes campañas de desprestigio que interpretan con una posible victoria de AMLO un escenario “chavista”, “cubano”, etc., dan más cuenta del terror que la oligarquía tiene de perder sobre un conjunto de intereses y políticas económicas, que de la supuesta (mediática) semejanza de un gobierno de Morena con Venezuela, y por lo mismo, de un pretendido “cambio de régimen”.
Como hemos insistido, el combate a la corrupción, austeridad gubernamental, una reingeniería del gasto de gobierno, un incremento de la de por sí mínima inversión pública y el estímulo a la inversión privada, no cuestiona los fundamentos estructurales de la gran concentración del capital, de la dependencia mexicana respecto del exterior, y del régimen de superexplotación del trabajo, pilares de la acumulación del capital en México. Como fue experimentado en Brasil, políticas de redistribución de renta no condujeron a un cuestionamiento estructural de la economía, dominada por la financiarización, el mercado externo y la superexplotación del trabajo.
En México, las transferencias de renta a los sectores más vulnerables, jóvenes, mujeres, desempleados, adultos mayores, entre otros [50] , no implica, directamente, una ruptura con el sistema de privilegios dominado por la oligarquía, así como no supone un quebrantamiento del bloque en el poder. Es por ello que, en este sentido tan limitado, no puede hablarse de un “proyecto alternativo de nación”.
Al contrario, sin cuestionar las principales estructuras económicas del país, si ganase AMLO, coloca a las pretendidas políticas sociales y al propio gobierno promotor de un nuevo desarrollismo en gran desventaja y fragilidad política bajo la ofensiva permanente de las clases dominantes.
Una reorientación de algunas de las políticas económicas, de un mayor énfasis en el papel del Estado en la economía, no conlleva directamente a “separar el poder económico del poder político”, postulado tantas veces repetido por AMLO y simpatizantes. [51] Operar dentro de los fundamentos del patrón de reproducción del capital, de las reglas del TLCAN, de la dependencia a los capitales extranjeros, dentro de la integración subordinada a la “globalización”, y dentro de los vínculos estructurales de la oligarquía local con el imperialismo, conducen a transformar en mera retórica a dicho postulado y a convertir el proyecto de MORENA en una ilusión.
El proyecto económico y político que busca construir un modelo de “desarrollo estabilizador ajustado a las condiciones actuales”, considerando “la inserción de México en la globalidad”, “los derechos individuales y sociales” y las nuevas “tecnologías”, no tiene la capacidad de quebrantar las condiciones económicas que dan sustento al bloque en el poder. Por lo mismo, aun con una posible victoria electoral, MORENA sería incapaz por sí mismo de fracturar las relaciones de dominación prevalecientes. Sin una dirección sustantivamente social sobre la economía, en el que imperen las necesidades colectivas por sobre el interés de rentabilidad, sin una orientación clasista y popular sobre la reproducción social, no podría consolidarse un poder popular con la capacidad para desafiar aquella concentración y centralización económica y política.
La unidad económica y política del capital es estructural. El diseño e instauración de una modalidad de reproducción del capital supone el papel de fuerzas políticas, toma de decisiones y el ejercicio de hegemonía y dominación sobre las distintas clases y fuerzas sociales. El movimiento del capital, supone de modo inmanente un movimiento político. Es en el campo del Estado, en tanto terreno del ejercicio del dominio político, donde cristalizan distintas clases y fuerzas sociales. Al no atacar las estructuras de la acumulación y reproducción del capital y por ende, las bases económicas que recrean la centralización oligárquica del poder político, el pretendido “divorcio entre el poder económico y el poder político” enarbolado por AMLO no puede ser sino una falsa esperanza. Más aun, en sentido estricto, el capital supone en términos sistémicos, su propia forma de estatalidad. Y al no impugnarse la propia forma estatal de dominación política del capital, es impensable en términos estructurales dicho divorcio.
3) El proyecto de MORENA recae en la incapacidad de organización política del poder popular más allá de su amplia convocatoria subordinada a la participación ciudadana-individual de carácter electoral. No existe en este proyecto un cuestionamiento al aparato de Estado y al régimen de dominación política.  
La lucha por ocupar posiciones en distintos organismos del aparato de Estado, es distinta de la lucha por la consecución hegemónica respecto al poder de Estado. En términos simples, el aparato de Estado es un entramado de instituciones que –hay que subrayarlo con fuerza- en términos estrictos no está dotado de poder. Y como tal, no reside en la propia arquitectura estatal un poder preexistente a las clases sociales y a las luchas entre éstas. El aparato gubernamental no es depositario de un poder preestablecido de un modo apriorístico. En realidad, son las clases y fuerzas sociales las que en sus tensas relaciones de lucha y conflicto detentan el poder y la capacidad de dominio que se ejerce entre éstas. El poder reside en las clases sociales. En lo que se refiere al campo de confrontación popular, el poder se constituye en las masas populares, en sus luchas y su incidencia organizativa y política en el prevalecimiento de sus distintos intereses colectivos, clasistas, mediante la correlación a su favor de la relación de fuerzas. Bajo esta reserva, sólo así podría decirse que la forma de organización del aparato de Estado cristaliza un poder de clase. En este sentido, el poder (de clase) se constituye para su ejercicio, en un conjunto de aparatos e instituciones (organizados bajo una forma específica), y es el Estado en este sentido, el campo de ejercicio del poder político. [52]  
El aparato de Estado refiere por ejemplo, al personal del Estado, como la burocracia, la administración pública, la promulgación de la normatividad, las funciones económicas, la justicia, el cuerpo militar, es decir, el personal que da cuenta del desenvolvimiento y mantenimiento del Estado en sus distintos niveles. En cambio, el poder de Estado versa sobre las clases o fuerzas sociales que detentan el poder, y por tanto, se refiere sobre la capacidad de materializar sus intereses dentro de relaciones de dominio y subordinación entre éstas. En este sentido, existe una peculiar relación diferenciada entre las clases o fuerzas sociales que detentan el poder y el personal del Estado asentado en la máquina de gobierno. [53]
En el contexto de la competencia electoral en el marco liberal, es la elección “ciudadana” sobre el personal que ocupará determinados organismos del aparato de Estado la que se dirime en la competición electoral. Las relaciones de poder entre las clases y fuerzas sociales exceden el marco de dicha competencia, más aun, aunque se vinculen a ésta bajo el extraordinario mito de una “igualdad política”, hay que insistir en que las relaciones de poder entre las clases se juegan en las distintas y complejas esferas de las relaciones sociales.
Más allá de las críticas de AMLO a la “corrupción” gubernamental y al “privilegio de mandar”, lo que predomina en su discurso es la aceptación acrítica de la forma político estatal de dominación (aparato de Estado) y del régimen de partidos, lo cual le impide un cuestionamiento estructural al orden institucional de dominación política. Aún con la promesa de “eliminar los fraudes electorales”, la izquierda oficial recae en negligencia al soslayar los problemas estructurales de descomposición del régimen político, así como la grave crisis de “representación” que atraviesa todos los cimientos del régimen político excluyente, y que tiene a la “democracia mexicana” en estado de crisis permanente y agotamiento, todo lo cual no puede resolverse, incluso, mediante una conquista de la mayoría de parlamentarios de Morena en el Congreso.
Más allá de la consulta ciudadana, del plebiscito y la revocación del mandato planteadas por el contendiente presidencial de la izquierda institucional, no se plantea establecer formas de democracia comunitarias, protagónicas y sustantivas que involucren a las fuerzas populares en la reproducción directa de sus condiciones de existencia. Asimismo, no existe un cuestionamiento al sindicalismo de Estado, y sus relaciones de dominio corporativo sobre las clases trabajadoras, que conduzca a un desmantelamiento del control político de los trabajadores y a una apertura de nuevas vías de independencia política obrera y campesina.
Al omitir la necesidad de organizar una nueva capacidad política en las fuerzas sociales, más allá del ejercicio electoral, se pone de relieve la incapacidad (o renuncia) de MORENA de llevar adelante una verdadera lucha política por la hegemonía del poder político, lo que es muy diferente a una carrera electoral, aún con la consecución de una elevada ventaja en la carrera por la presidencia sobre el segundo y tercer lugar (hasta ahora de 20 y 30 puntos porcentuales, promedio).
Reproducir la forma política del aparato gubernamental y del régimen político de Estado sin cuestionamientos de fondo, implica abdicar de una lucha por la transformación sustantiva del orden político y de la plena profundización de la democracia política. Más aún, cuando AMLO, al recargar sus señalamientos contra el régimen político, recae en un exceso de voluntarismo que conduce a la desorganización y desmovilización política. Luchar por el ejercicio del gobierno dentro de las “reglas del juego”, y -una vez logrado éste-, someterse a la aceptación de la institucional jurídica y política (Estado de Derecho) participando en la reproducción del orden político, y asistiendo con ello en la reparación de sus problemas de legitimidad, son prácticas muy distintas.
Fue la aceptación acrítica sobre la institucionalidad democrática un enorme obstáculo que entrampó a los gobiernos progresistas, particularmente en Brasil, Argentina y Uruguay. En una notable “crítica constructiva” a los gobiernos progresistas, el politólogo cubano e investigador de la Universidad de La Habana, Roberto Regalado, objeta con razón al progresismo latinoamericano y fuerzas “neo socialdemócratas”, el hecho de que hicieron suya
"la concepción de la democracia burguesa como sistema político y electoral pretendidamente imparcial e impoluto, que supuestamente no estaría sometido a la presión y la injerencia de los centros de poder imperialista, ni a la acción de los defensores de los intereses de las oligarquías criollas incrustados en los poderes del Estado y organizados en poderes fácticos, en el que los opresores de antaño reconocerían civilizadamente sus derrotas electorales y, con igual civismo, le permitirían gobernar a las fuerzas progresistas y de izquierda, frente a las cuales se limitarían a realizar la comedida función opositora característica de la alternancia entre partidos del sistema, y en el que ejercer el gobierno - un gobierno cuyo ejercicio sería compartido con aliados tácticos de centro y hasta de derecha- sería equivalente a ejercer el poder". [54]
La experiencia práctica demostrada nuevamente en los últimos años en la región latinoamericana, enseña la imperiosa necesidad de la organización y fortalecimiento de las clases trabajadoras y fuerzas sociales, así como el paso decisivo hacia su constitución política en un poder popular real y efectivo.
Una sustantiva “separación del poder económico del poder político” en el México dependiente, supone, -más que atacar la corrupción-, sobreponerse a los vínculos estructurales entre la oligarquía local con el imperialismo y sus efectos en la subordinación del Estado, lo que implica una acumulación de fuerzas sociales y populares que pasa por la sustentación política de un poder popular con enorme capacidad para desafiar el establishment. Es esto lo que precisamente Morena ha venido evadiendo, al concentrar su actividad política en la carrera electoral, lo cual terminaría convirtiéndose en un fardo estructural que impediría lo que MORENA autoproclama como la “cuarta transformación histórica” de México.
Como señala Regalado:
"los espacios de poder estatal conquistados por la izquierda son frágiles y efímeros si no se sustentan en la construcción de hegemonía y poder popular. Una cosa es creer que estamos construyendo hegemonía y poder popular desde el gobierno, y otra construirlos de verdad". (Ibid.)
Sin la independencia de las clases trabajadoras y de las fuerzas populares, sin la organización político-hegemónica de un poder popular, la elaboración de un programa común de lucha, la construcción de un poder constituyente, difícilmente puede desafiarse en términos esenciales las bases del Estado en México y de su forma oligárquica de dominación política, así como difícilmente podría conseguirse el planteamiento de campaña de AMLO consistente en la erradicación de la simbiosis existente entre el “poder económico y el poder político” eliminando con así el “privilegio de mandar”.
Es en las clases trabajadoras y las fuerzas populares donde radica la capacidad política para empujar transformaciones sustantivas. El poder popular es la fuerza antagónica a la lógica del capital y de su estatalidad. La organización política a partir de las estructuras de superexplotación del trabajo, despojo y exclusión social, es el instrumento esencial para fortalecer la lucha antagónica contra la desmesura del capital y su orden de relaciones políticas de dominio.
En conclusión, sin una adecuada lectura histórica, económica y política de alcance mundial, regional y nacional, que rompa con los discursos complacientes, sin una crítica y cuestionamiento radical al movimiento de reproducción del capital en crisis estructural en México, sin cuestionamientos y sin modificaciones al sistema de la maquinaria estatal controlada por los partidos políticos prevalecientes en tanto “Estado de ideología única”, sin abrir camino al movimiento del poder popular e incidir en su organización política de frente a la disputa por la hegemonía política, la “revolución social” propuesta por una izquierda institucionalista y progresista, es más proclive a una “transformación histórica” aparente e ilusoria que a una alternativa real y sustantiva.