8/18/2017

Odebrecht, Calderón, Peña, Lozoya y demás


“Televisa acabó carcomiendo al sistema político mexicano”: Jenaro Villamil


París-Chiapas



Bárbara Zamora
Indígenas tzotziles iniciaron hace más de 50 años una solicitud con el fin de que se les dotara de tierras para la creación de un Nuevo Centro de Población Ejidal, que se llamará París. Ha sido una batalla legal colosal y un acto de resistencia gigantesco.
Para empezar, cuando se hizo la reforma salinista al artículo 27 constitucional, mediante la cual se eliminó arbitrariamente el derecho de los campesinos a ser dotados de tierra, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) dejó de tramitar los asuntos que estaban pendientes, así sin más suspendió los trámites. Sólo en los casos en que se promovieron demandas de amparo en contra de la secretaría para que continuara el trámite de los expedientes, se logró seguir para se pusiera en estado de resolución el expediente y se remitiera para su resolución definitiva a los tribunales agrarios creados ad hoc con la reforma.
2. El expediente de París no fue la excepción, por ello promovimos una demanda de amparo en noviembre de 2006, y obtuvimos una sentencia favorable del juez, ordenando a la SRA poner en estado de resolución el expediente agrario.
3. Ya con el expediente en el Tribunal Superior Agrario (TSA) la burocracia se negó a reconocer al grupo solicitante su representación y su derecho a conocer y participar en el trámite del expediente para tener la posibilidad de defender los intereses del núcleo agrario; negándose reiteradamente a darles acceso al expediente aduciendo que carecían de personalidad, con lo cual quedaron en estado de indefensión.
En razón de esta negativa, tuvimos que promover otra demanda de amparo, logrando que éste se nos concediera para que el TSA reconociera la personalidad al núcleo indígena.
4. Superado el obstáculo anterior, la burocracia inventó un nuevo pretexto y dictó otra resolución negando la acción agraria con la argucia de que no estaba completo el grupo de solicitantes, porque supuestamente no se reunía el mínimo de 20 solicitantes que establecía la ley.
Y ante esta nueva arbitrariedad, un nuevo amparo. Por el cual obtuvimos un fallo favorable para que se dejara insubsistente la resolución negativa y se dictara otra tomando en cuenta que el grupo solicitante sí se encontraba completo.
5. Finalmente, el tribunal de marras dictó una nueva sentencia que niega la acción agraria solicitada, ahora argumentando que no existen tierras afectables, porque supuestamente son pequeñas propiedades y que además se utilizan por el cuartel de la 31 Zona Militar de Rancho Nuevo.
La solicitud del núcleo indígena se presentó en 1965 y se demandaron 400 hectáreas y debe decirse que en aquel momento el cuartel no existía en ese lugar. Fue en 1996, 30 años después, cuando Ernesto Zedillo emitió un decreto con el que creó la zona militar y se construyó el cuartel, para lo cual compró a los propietarios una superficie de 2 mil 300 hectáreas de tierra, dentro de esta superficie están los predios que fueron señalados como afectables por el grupo solicitante, París, motivo por el cual debían ser utilizados para esta dotación de tierras, porque así lo establecía la legislación aplicable al llamado rezago agrario. Caso en el que se encuentra este expediente.
Contra esta nueva negativa presentamos una nueva demanda de amparo y obtuvimos una nueva sentencia favorable al grupo solicitante, en la cual se resuelve que los predios sí son afectables porque no se trata de pequeña propiedad, sino de propiedad federal y tampoco el hecho de que hayan sido destinados para las actividades de la 31 Zona Militar de Rancho Nuevo los vuelve inafectables.
Al contar con un fallo en estos términos, lo que seguía jurídicamente era dictar una resolución en la que se concedieran las tierras al núcleo indígena, pues no existe fundamento legal ni constitucional alguno para que el TSA siga negando la acción.
Pero por enésima vez el tribunal multicitado resuelve en contra del grupo indígena, con el inaceptable e inconstitucional argumento de que tienen preferencia las actividades del Ejército, y dando como fundamento la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Ante este despropósito y absoluta falta de legalidad, hemos promovido un recurso de inconformidad para que se ordene al TSA que cumpla con lo que establece al artículo 27 fracción X (antes de la reforma aplicable a este caso) y de acuerdo con el principio de jerarquía jurídica la Carta Magna está por encima de cualquier ley orgánica sea del Ejército y Fuerza Aérea o de cualquier otra.
Este precepto constitucional establece: Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubieren sido enajenados, serán dotados de tierras y aguas suficientes para constituirlos, conforme a las necesidades de su población, sin que en ningún caso deje de concedérseles la extensión que necesiten y al efecto se expropiará, por cuenta del gobierno federal, el terreno que baste a ese fin, tomándolo del que se encuentre inmediato a los pueblos interesados.
Este asunto es paradigmático de lo que sucede en los litigios en que los grupos indígenas son parte y la ilegalidad con que se conducen las autoridades administrativas y judiciales evidenciando que son letra muerta el Convenio 169 de la OIT, el artículo 2 constitucional, la reforma en derechos humanos y en general los derechos establecidos
en el marco jurídico nacional e internacional, y asimismo, denota el desprecio hacia un numeroso grupo de familias indígenas que dependen de esta superficie de tierra para tener un medio de subsistencia por la que han estado luchando desde hace cinco décadas y no se rinden.

CDMX: soberanía transgredida



Gabriela Rodríguez
Las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México que organismos federales presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son una verdadera transgresión a nuestra soberanía. La Procuraduría General de la República (PGR), la Presidencia de la República, el Senado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Justicia capitalino niegan reconocimiento a nuestra autoridad y autonomía como ciudadanos de este territorio capitalino. El poder federal quiere quitarnos a los chilangos, y a las chilangas, la capacidad de definir nuestros propios derechos humanos y de crear nuestras propias instituciones de gobierno.
Burlándose de las capacidades jurídicas de quienes participamos en la construcción de la Carta Magna, quienes encabezan el presente régimen no tienen miedo, lo que tienen es pánico a que se ratifique el texto de la Constitución que aprobamos en enero del presente año. Un texto que busca forjar una nueva cultura política al reconocer la pluralidad y el sentido de vanguardia de la sociedad capitalina. Se recurre a un lenguaje jurídico cuando el debate obviamente es de naturaleza política, se trata de frenar a la verdadera izquierda, a quienes nos oponemos a la voracidad de la élite y a las tendencias neoliberales dominantes.
Estos días estamos frente a las primeras resoluciones que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante las impugnaciones que presentó el gobierno federal. Se trata de una discusión histórica y colosal, por primera vez la Suprema Corte estudiará un instrumento fundacional estatal en su totalidad, y con la presión de validar ¡ya! los artículos referentes al proceso electoral. Implicará pronunciamientos jurisprudenciales de gran relevancia: precisar alcances y limitantes del sistema federal mexicano y sus repercusiones en los sistemas educativos y laborales locales, entre otros muchos. Otros temas polémicos son la conformación de órganos de gobierno, los nuevos derechos humanos y la posibilidad de ampliar el parámetro de regularidad constitucional, permitir que los representantes locales podamos valorar como derechos humanos no sólo los que señala la Constitución federal, sino los que aparecen en instrumentos internacionales (y no sólo en tratados), en leyes generales y locales, tal como quedó en el cuarto de la nueva Constitución.
En cuanto a las resoluciones, la SCJN ya nos dio buenas noticias. Con seis votos en favor y cinco en contra, esta semana los ministros revisaron el recurso que presentó la PGR que invalidaba toda la Constitución, porque según ellos no se habían cubierto los requisitos de consulta que mandatan los tratados internacionales. La SCJN avaló el trabajo de la Asamblea Constituyente al asegurar que sí cumplió con el requisito de consultar a pueblos y barrios originarios, y a las personas con discapacidad. Si ese argumento hubiera prosperado, toda la Constitución tendría que haber sido invalidada ¡gran triunfo!.
En relación con la materia electoral las resoluciones no son tan positivas. En cuanto a una impugnación de Morena referente a la necesidad de realizar un referéndum para que la ciudadanía diera su visto bueno a la nueva Constitución local, la SCJN la rechazó por no haber incluido el referéndum en el texto constitucional. Además, ya se avaló la integración de 50 diputados de mayoría relativa y 50 de representación proporcional en el Congreso de la CDMX, por apegarse a la libertad de configuración que cada entidad tiene, la cual parece estar dedicada a restarle fuerza al partido que triunfe en las próximas elecciones en la ciudad, con alta probabilidad Morena, partido que había también impugnado esa configuración. El día de ayer se aprobó la integración de las alcaldías abiertas, con participación directa de ciudadanos/as de las demarcaciones ¡buen avance!, tal integración ya había sido borrada en la ley electoral recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa de la ciudad, con lo cual esta ley secundaria pasa a ser inconstitucional. Otra resolución de ayer es para mi gusto desastrosa, diputados del PRI, PAN y PRD de la Asamblea Legislativa ya habían legislado en esa dirección: la SCJN quitó las tres causales de nulidad de las elecciones que estaban contempladas en nuestra constitución: por compra de voto, por violencia de género, por empleo de programas gubernamentales y por desvío de recursos.
Para mí el texto constitucional es una pauta para rescatar a la ciudad de los abusos de poder y de la bárbara concentración económica que ha favorecido la actual administración. La nueva Carta Magna crea mecanismos reales de participación ciudadana que, además de garantizar libertades, derechos sociales y económicos, puede llegar a abatir la impunidad y la corrupción. Veamos cómo quedan el texto después de todos los resolutivos, y luego viene lo más importante: aplicar lo preceptos constitucionales, para lo cual no sólo necesitamos que se deriven leyes secundarias acordes, sino contar con un gobierno que no robe y que se ocupe de gobernar para la gente, que traduzca el articulado en nuevas políticas, instituciones y programas. Habrá que cambiar al partido que actualmente gobierna la ciudad. Morena cuenta con cuatro candidatos mu
y capaces, este domingo la encuesta decidirá quien va de candidato.
Twitter: Gabrielarodr108

EL TLC sólo ha beneficiado a los grandes empresarios; los de abajo han sido pisoteados



Pedro Echeverría V.

1. Decenas de miles de campesinos y otros sectores del pueblo mexicano se manifestaron ayer en la ciudad de México para repudiar el TLCAN. Saben que los negociadores mexicanos representan a los intereses empresariales; incluso que más de 50 de los directivos de las empresas viajaron para presionar en las negociaciones. Las masivas manifestaciones son importantes, pero la presencia empresarial en los anexos de las negociaciones son determinantes. ¿Puede olvidarse que en la izquierda en México combatimos con fuerza las negociaciones del TLC en 1992, 93, 94 y que el levantamiento indígena del EZLN en Chiapas, también lo combatió por negativo a los trabajadores?

2. Por ello cuando se exigió ayer que se aumentaran los salarios de los trabajadores en México por ser muy miserables, de manera automática surgió el grito negativo de alarma: “No, no es posible equiparar automáticamente los salarios de México con los de Estados Unidos y Canadá, lo que sólo se logrará con el tiempo; hacerlo ya, desequilibrará la economía del país”. Sobre esa propuesta hecha por el gobierno de Estados Unidos, como un argumento más sobre la pérdida de empleos en ese país tras la migración de puestos laborales a México, el empresario dijo que es de los temas difíciles y deberá ser abordado con responsabilidad y en el momento correspondiente. México cerró la discusión.

3. La realidad es que el TLC sigue siendo muy lesivo para la economía mexicana porque si bien ha aumentado la cantidad de negocios de algunos miles de millonarios que se han hecho multiricos, ha obligado a millones de empresas medias, pequeñas y micros a cerrar sus puertas y a despedir a millones de trabajadores que se han hecho migrantes, del comercio informal o de plano en multiplicado la llamada delincuencia. Cuando Trump se queja que México ha salido ganando con el TLC hay por lo menos dos lecturas: a) que es la forma estratégica de presionar de Trump y b) que los ricos mexicanos han ganado mucho pagando salarios miserables a sus trabajadores.

4. Trump tiene una táctica de negociación: golpear y retirarse, amenazar y calmarse, criticar duro y guardar silencio, aparentar llorar y burlarse a escondidas. Es tan hijo de puta como todos sus antecesores, sólo que más inmaduro o tramposo. Amenaza con salirse del TLC, pero si México y Canadá deciden arrodillarse y otorgarle todas las ventajas aceptará continuar. México es un pobre esclavo –sobre todo con la presión de los empresarios que lo presionan- dispuesto a obedecer, pero Canadá sabe que sacará más con el TLC y está usando todas sus estrategias para continuar junto a los EEUU aunque éste rompiera. ¿Será que México no reclame a favor del campo mexicano que lleva 25 años en la miseria?

5. Me gustaría que México y Canadá no fuera esclavos y tuvieran la dignidad y el espíritu de defensa y de lucha de Corea del Norte y Venezuela. Estos dos países -a pesar de las enormes campañas de calumnias que se han desatado contra ellos en los malditos y vendidos medios de información- seguramente se mantendrán firmes a pesar de las amenazas de bombardeos y golpes de Estado contra ellos. Pienso que en las negociaciones del TLC nunca levantará México la cabeza para mostrar que tiene algo de dignidad. Ha acudido a esas negociaciones para suplicarles a los yanquis que no se retiren de ellas porque los empresarios están muy atados en los negocios. (17/VIII/17)

alterar26@gmail.com

Niega Segob que Alerta de Género en Morelos haya sido levantada


   Organizaciones exigen seriedad al gobierno

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó ayer a quienes integran el Movimiento Amplio de Mujeres en Morelos que aún no existen elementos suficientes para considerar que se han cumplido con las acciones dictadas en la declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG).


 
En el oficio CNPEVM/DGAAJ/65/2017, el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó a las activistas que el Grupo de personas expertas responsable de dar seguimiento a la declaratoria, sólo ha detectado avance en 10 de las 52 medidas contempladas en la Alerta para atender y prevenir los asesinatos de mujeres y por lo tanto se continuará evaluando la implementación de las acciones.
 
Este documento fue producto de una solicitud de información que diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron a la Conavim, luego de que hace unos meses el Gobierno de Morelos informó que ya no había Alerta en 7 de los 8 municipios en los que se hizo la declaratoria hace dos años, en agosto de 2015.
 
En abril pasado el secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz Medina dijo que la Segob consideró que el estado tenía políticas públicas para atender la violencia contra las mujeres por lo que había “levantado” la Alerta en un 80 por ciento.
 
En un comunicado las organizaciones manifestaron su preocupación al respecto porque Conavim ahora desmintió que se levantara la AVG por lo que señaló que la Secretaría Técnica local para dar seguimiento al mecanismo de emergencia carece de una herramienta de evaluación diagnóstica que permita a instituciones de gobierno, academia y sociedad civil trabajar de manera conjunta.
 
“Respecto a lo anterior le recordamos al gobierno estatal que si su personal no está capacitado, no cuenta con las herramientas humanas, materiales e intelectuales para cumplir con lo dispuesto en las recomendaciones hechas por el Grupo, difícilmente se podrá prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género”, dijeron.
 
“Demandamos seriedad y mayor compromiso del gobierno estatal y municipales. El problema es grave y se agranda ante la negligencia gubernamental”, expusieron las organizaciones.
 
De acuerdo al Informe Sombra sobre la implementación de la Alerta en Morelos que realizó la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDHM), de 2015 a 2017 hubo 170 casos de feminicidio; el 2015 concluyó con 57, en 2016 se registraron 97 y de enero al 31 de Julio del 2017 se han documentado 46 casos.
 
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Conapred rechaza intervenir en un caso de CaMa


Pide al IGISPEM la revisión

  La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) rechazó intervenir en el caso de Adriana Rodríguez Hernández, quien fue discriminada y despedida por funcionarios de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) en diciembre de 2016 por padecer cáncer de mama (CaMa).
 
Fue la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) quien solicitó el 28 de julio de este año a la Conapred intervenir en el caso de Adriana Rodríguez e investigar al jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo y al director de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño, ambos funcionarios de la CES Edomex.
 
Ellos fueron quienes se burlaron de su aspecto físico por la mastectomía del seno izquierdo que le fue practicada, la desalojaron de su oficina y amenazaron a través de llamadas y mensajes para que no regresara al trabajo, para finalmente despedirla y continuaron hostigándola y persiguiéndola en automóviles de la institución a su domicilio luego de la denuncia que ella presentó en su contra. 
 
No es la primera vez que Conapred se niega a atender el caso de Adriana. Después del despido injustificado ella solicitó la ayuda de Conapred, sin embargo le dijeron que se trataba de una “queja laboral” y no de discriminación derivada de su enfermedad, misma argumentación que dio el 15 de agosto mediante un oficio el jefe del Departamento de Orientación de Conapred, Francisco Javier Cruz Vázquez.
 
En el documento del que Cimacnoticias tiene copia, el jefe de orientación de Conapred pide al Inspector General de las Instituciones de Seguridad Pública del Edomex (IGISPEM), Isael Teodomiro Montoya Arce, que atienda el caso por tratarse de violaciones cometidas por servidores públicos adscritos al gobierno mexiquense, toda vez que el IGISPEM es la instancia que se encarga de “erradicar conductas irregulares de funcionarios de seguridad pública del estado”.
 
El IGISPEM comenzó desde diciembre del año pasado la investigación por el caso de Rodríguez Hernández (con el numeral IGISPEM/QP/IP/2816/2016), sin embargo hasta ahora tampoco ha dado alguna respuesta sobre la denuncia o sanción a los servidores públicos bajo su mando, por lo que, entrevista con Cimacnoticias, Adriana Rodríguez dijo que espera que el llamado de Conapred permita acelerar la investigación.
 
Entre un ir y venir de instituciones garantes de los Derechos Humanos, Adriana Rodríguez ya ha solicitado ayuda al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y a la Comisión de Derechos Humanos del Edomex sin que estos le ofrezcan acompañamiento, ahora se suma de forma definitiva Conapred y sólo tiene dos abogados de oficio de la procuraduría para acompañar su caso.
 
En tanto la CES sigue omisa en la reinstalación de Adriana Rodríguez como subdirectora de Información Delictiva, como lo mandó en el abril el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, por considerar que se trató de un despido injustificado y que sin seguridad social y empleo, la vida de Adriana estaba en riego de no continuar con el tratamiento contra el CaMa que lleva en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
 
No reinstalar a Adriana generó que el Juez Quinto de Distrito –encargado de cumplir el fallo- interpusiera una multa económica de más de 30 mil pesos a la Comisión de Seguridad del Edomex, que pagó el pasado 15 de agosto, pero a pesar de los costos y órdenes la instancia se mantiene en la negligencia.
 
Imagen retomada del portal Clubdelasalud de Argentina
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Suprema Corte invalida causales de nulidad de elecciones en CDMX


Violencia política de género entre las causales

  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar el Artículo 27, apartado D, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México que establece las causales de nulidad de una elección, entre ellas la violencia política de género, por no estar redactado en apego a la Constitución federal.

En la sesión de este jueves el pleno de la Corte consideró que la capital del país tiene facultad para establecer los supuestos para invalidar una elección pero señaló que el Artículo 27, impugnado por la Procuraduría General de la República (PGR), viola el principio de seguridad jurídica y por tanto no hay certeza de su contenido y de los límites de actuación de los actores políticos.

Como lo propuso el ministro Javier Laynez Potisek, en su proyecto de sentencia, la Suprema Corte determinó declarar la invalidez.   

La ministra Norma Lucía Piña Hernández aclaró que el pleno no debatió si las causales establecidas por la Asamblea Constituyente están bien o mal, es decir no las calificó, sólo se refirió a que el Artículo viola la certeza de los procesos electorales.

La decisión de la SCJN será informada a la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que tomen las acciones pertinentes de cara al proceso electoral de 2018 cuando se elegirán diputaciones, integrantes de alcaldías y titular de la Jefatura de Gobierno, por lo que se prevé que las y los legisladores cambiarán la redacción pero conversarán las causales de nulidad.

En la Carta Magna de la capital se considera la violencia política de género, la compra o coacción del voto, el empleo de programas gubernamentales o acciones institucionales extraordinarias, el desvío de recursos públicos con fines electorales, la compra o adjudicación de tiempos en radio y televisión y el rebase de topes de gastos de campaña como causales para anular una elección.

Para las y los ministros esta redacción no corresponde con la Constitución Federal que establece que se anula una elección cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; y se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Además, la Constitución Federal establece que dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material y hace precisiones como que se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

La mayoría del pleno consideró que no es inválido introducir al texto constitucional local más causales de anulación, adicionales a las establecidas en la Constitución federal; sin embargo, destacó que en este caso el problema es que se viola el principio de seguridad jurídica porque no se retoman todos los candados que existen a nivel federal.

A favor de la invalidez estuvo la ministra Margarita Luna Ramos quien matizó que estaba en contra de declarar inconstitucional la causal de violencia política de género porque era un supuesto particular y cuando se habla de violencia de género se debe tomar en cuenta los tratados internacionales y dar un trato diferenciado.

Por su parte el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunció por una invalidez parcial, es decir, declarar inválidos el desvío de recursos, la compra de espacios en radio y televisión y el rebase de topes de gastos de campaña porque no fueron retomados de la Constitución federal; mientras que las otras causales, como la violencia política de género, podrían quedar tal cual porque no estaban nombradas en la norma federal.

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea estuvo en contra de declarar la invalidez porque consideró que el Constituyente de la Ciudad de México hizo uso de la libertad de configuración al establecer las causales de nulidad que consideró pertinentes, mismas que se deben interpretarse en concordancia con las leyes federales en materia electoral.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

Las noticias de CIMAC



Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó ayer a quienes integran el Movimiento Amplio de Mujeres en Morelos que aún no existen elementos suficientes para considerar que se han cumplido con las acciones dictadas en la declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG).
 
En el oficio CNPEVM/DGAAJ/65/2017, el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó a las activistas que el Grupo de personas expertas responsable de dar seguimiento a la declaratoria, sólo ha detectado avance en 10 de las 52 medidas contempladas en la Alerta para atender y prevenir los asesinatos de mujeres y por lo tanto se continuará evaluando la implementación de las acciones.
 
Este documento fue producto de una solicitud de información que diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron a la Conavim, luego de que hace unos meses el Gobierno de Morelos informó que ya no había Alerta en 7 de los 8 municipios en los que se hizo la declaratoria hace dos años, en agosto de 2015.

Argentina Casanova* Cimacnoticias | Campeche, Cam.- En el sistema social patriarcal en el que se institucionaliza la asimetría derivada de las diferencias de género (roles y estereotipos ligados a la genitalidad) entre las mujeres y los hombres, con desigualdades para las primeras, las sociedades desarrollan en sus instituciones una “lógica de violencia” en el trato hacia las mujeres durante los conflictos armados, pugnas entre comunidades con las autoridades y/o entre un pueblo y otro, en violencia vertical y horizontal.
 
La Resolución 1820/2008 de la ONU ya reconoce y establece compromisos para los Estados parte, y dice: “Las mujeres y las niñas son especialmente objeto de actos de violencia sexual, incluso como táctica de guerra destinada a humillar, dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza a miembros civiles de una comunidad o grupo étnico, y que la violencia sexual utilizada de esta manera puede en algunos casos persistir después de la cesación de las hostilidades”.
 
En la misma, en el párrafo 4, hace un llamado claro sobre la gravedad de la violencia sexual ejercida en contextos de conflictos armados: “…para que cumplan con su obligación de enjuiciar a las personas responsables de tales actos, y garanticen que todas las víctimas de la violencia sexual, particularmente las mujeres y las niñas, disfruten en pie de igualdad de la protección de la ley y del acceso a la justicia, y subraya la importancia de poner fin a la impunidad por esos actos como parte de un enfoque amplio para alcanzar la paz sostenible, la justicia, la verdad y la reconciliación nacional”.

Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar el Artículo 27, apartado D, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México que establece las causales de nulidad de una elección, entre ellas la violencia política de género, por no estar redactado en apego a la Constitución federal.
 
En la sesión de este jueves el pleno de la Corte consideró que la capital del país tiene facultad para establecer los supuestos para invalidar una elección pero señaló que el Artículo 27, impugnado por la Procuraduría General de la República (PGR), viola el principio de seguridad jurídica y por tanto no hay certeza de su contenido y de los límites de actuación de los actores políticos.
 
Como lo propuso el ministro Javier Laynez Potisek, en su proyecto de sentencia, la Suprema Corte determinó declarar la invalidez.      
 
Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.- La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) rechazó intervenir en el caso de Adriana Rodríguez Hernández, quien fue discriminada y despedida por funcionarios de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) en diciembre de 2016 por padecer cáncer de mama (CaMa).
 
Fue la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) quien solicitó el 28 de julio de este año a la Conapred intervenir en el caso de Adriana Rodríguez e investigar al jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo y al director de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño, ambos funcionarios de la CES Edomex.
 
Ellos fueron quienes se burlaron de su aspecto físico por la mastectomía del seno izquierdo que le fue practicada, la desalojaron de su oficina y amenazaron a través de llamadas y mensajes para que no regresara al trabajo, para finalmente despedirla y continuaron hostigándola y persiguiéndola en automóviles de la institución a su domicilio luego de la denuncia que ella presentó en su contra.   

Redacción Cimacnoticias | Guatemala, Gua .-  El Consorcio Mujeres en Acción por Nuestros Derechos, el Bufete Popular y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), suscribieron este miércoles un acuerdo de cooperación para brindar asesoría legal gratuita a empleadas del hogar, mujeres migrantes, víctimas de trata de personas, así como a mujeres en condición de explotación sexual comercial.
 
La asesoría en derecho laboral, civil y penal será brindada por estudiantes de la Facultad de Derecho, como parte de su Examen Profesional Supervisado (EPS), con el acompañamiento de abogados del Bufete Popular; el acuerdo tendrá vigencia de un año, a partir de septiembre próximo, y podrá extenderse según acuerdo de las partes.
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Gustavo Bonilla, destacó que el Bufete Popular se ha constituido como uno de los brazos sociales de la USAC e históricamente ha desempeñado un rol fundamental en la historia del país.

Los periodistas pal café. . . .


Fue una portentosa demostración de escapismo jurídico. Desde días atrás se sembró en medios de comunicación, como postura propia de esos medios o abiertamente como postura del abogado Javier Coello Trejo, la exigencia de que la Procuraduría General de la República (PGR) diera cita al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, para que la verdad jurídica del caso se pudiera precisar y conocer.
Doblegada por tan justiciera exigencia, la amiguísima PGR recibió ayer al ex compañero de campaña electoral (el procurador Raúl Cervantes Andrade y el mencionado Lozoya participaron en las andanzas políticas de 2012) y le hizo saber que, oh, caray, (aún) no existe en la documentación oficial ninguna referencia a presuntos actos de corrupción del visitante Lozoya; en específico, nada respecto de los señalamientos de que recibió 10 millones de dólares, una parte justamente mientras corría la campaña electoral en mención, de parte de alguien que entonces era directivo de Odebrecht y así lo declaró a las autoridades brasileñas, según información publicada en O Globo y en medios mexicanos.
Con ese selectivo regalo de la PGR en el bolsillo, el mencionado Lozoya y sus representantes legales, los abogados Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth, acudieron a una conferencia de prensa en la que el ex funcionario público mantuvo una actitud de seriedad sombría, combinada con tonos y gestos que en momentos evocaban la pieza de video ofrecida en noviembre de 2014 por Angélica Rivera para presentar, en una especie de reproche público, su versión de la manera en que adquirió el lujoso inmueble llamado la Casa Blanca.
Como era natural, conforme a su legítimo interés, Lozoya Austin se declaró absolutamente ajeno a las maniobras que se le atribuyen en un expediente brasileño y se mantuvo cuidadosamente apegado a esa objetividad jurídica que en el contexto mexicano le resulta de gran conveniencia, (lo cual ni remotamente significa que esas acusaciones no existan ni que Lozoya sea inocente o esté exculpado de esos cargos).
Para efectos jurídicos y, sobre todo, mediáticos, la jugada de este jueves tiene como magnífico complemento el hecho de que la procuraduría federal de justicia decidió que durante cinco años no se conozca nada del caso Odebrecht. El 5 de abril del año en curso, el reportero Gustavo Castillo publicó en La Jornada una nota cuya entrada señala que mientras en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y otras naciones se ha difundido información de los funcionarios que recibieron sobornos de la compañía Odebrecht para conseguir contratos en obras de petroquímica, en México la Procuraduría General de la República (PGR) reservó hasta por un periodo de cinco años todos los informes, reportes y órdenes de investigación relacionados con este caso (https://goo.gl/Jx1JGo).
A esa opacidad (complicidad) garantizada obedeció el diseño del ilusionismo marca Lozoya-Coello: hoy, hoy, hoy, no hay nada en el sombrero de la PGR; nada por aquí, nada por allá; limpio de toda culpa el justamente indignado lic. Lozoya, quien se declara químicamente limpio de todo. Y si algo llega mañana o en los próximos días de tierras brasileñas, pues ya no habrá manera de saber nada a nivel público, dado que el expediente criminal ha sido puesto bajo amistosos candados, cuando menos por cinco añitos. Bueno, no hay que ser exigentes: el lic. Lozoya ya compareció, ya respondió, ya dio la cara, ya dijo que es inocente, que no se irá del país y que incluso emprenderá acciones legales contra quienes han lesionado su honor.
Pero, más allá de la efectista estrategia jurídica que pretende construir una imagen de inexistencia o insolvencia de esas acusaciones, el ex coordinador de vinculación internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto se permitió una subjetividad irónica (se quejó una y otra vez de ser acusado sin pruebas, y no dio ninguna de la acusación que él lanzó), al considerar que tras los señalamientos de corrupción en su contra podrían ubicarse aquellos grupos y personas que están en contra de las reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto, en particular la energética.
Niño Héroe de lo hecho con el petróleo mexicano, Lozoya se envolvió en la bandera de la defensa de los logros reformistas del lic. Peña Nieto, quien, dijo, tomó una de las decisiones más importantes de su sexenio con esos cambios estructurales.
Pero, ah, el mexicanísimo pero, hay quienes toman referencias de medios y filtraciones judiciales brasileñas para utilizarlas contra la grandiosidad reformista y petrolera del gobierno federal en turno: ya ven, no sirven esas reformas, pretenden decir tan malos mexicanos, sin darse cuenta, puntualizó el límpido Lozoya, que la reforma energética ya es un éxito y va en el camino correcto.
Lo visto ayer, y el evidente manejo mediático mayoritario en favor de Lozoya muestran, a juicio de un tecleador astillado, la dimensión real del caso: las implicaciones de la política de recaudación de fondos empresariales (no sólo Odebrecht: ahí están los casos de OHL y de Higa) para pago de favores hechos por políticos y funcionarios y, además, para financiar campañas electorales, como la del 2012.
Astillas
El padrón de militantes del Partido Acción Nacional pasó de 483 mil a 260 mil miembros. La reducción derivó del proceso de reafiliación, al que no respondió casi 45 por ciento del registro. La depuración confiesa, virtualmente, los procesos de inflado que realizaron gobernadores y funcionarios federales panistas para tener más delegados a la hora de adoptar decisiones electorales…
Y, mientras el modelo de terrorismo mediante el uso de vehículos motorizados contra población inocente alcanzó ayer a Barcelona, en una reprobable espiral criminal en varias partes del mundo, ¡hasta el próximo lunes!, Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

El ex director de Pemex Emilio Lozoya acudió a la Procuraduría General de la República como imputado en el caso Odebrecht, por haber recibido presuntamente 10 millones de dólares en sobornos. Durante la comparecencia, acompañado de su abogado Javier Coello Trejo, Lozoya se reservó su derecho a declarar. Como quien dice, sólo fue a visitar las oficinas de su amigo el procurador Raúl Cervantes Andrade. Por la tarde se reunió con la prensa. Su abogado dijo que en Brasil no ha sido requerido por ninguna autoridad ni tampoco en otro país. ¿Entonces cómo han surgido las acusaciones? Lozoya no quiere caer en sospechosismos, pero cree que provienen de grupos que no están a favor de las reformas que Peña Nieto ha impulsado en México. Detecto un ánimo de crítica por parte de grupos en contra de las reformas, asegura. (En ese caso, Lozoya sería el primer mártir de las reformas). Se mostró desafiante: Voy a ser severo con quienes ponen palabras en mi boca o aseguran sin pruebas que recibí u otorgué recursos de manera ilícita. Severo podría traducirse en acciones de carácter legal. Y colorín colorado… por ahora.
Una fortuna para la partidocracia
Por ser año electoral en que se renuevan la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, la reforma constitucional (hecha por la partidocracia) otorga un pilón de 50 por ciento adicional al financiamiento de los partidos. El Instituto Nacional Electoral (también creado y reformado por la partidocracia) prevé asignar a los partidos y candidatos independientes 6 mil 788 millones de pesos. (No andarán cortos para comprar votos). Este día, el presupuesto será puesto a votación del Consejo General del INE. Ya hay un proyecto de reparto. (Ver gráfica).
Una muerte anunciada
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De acuerdo con Pemex, la producción de petróleo en la primera semana de agosto bajó a mil 903 millones de barriles diarios, un registro que no se había vuelto a ver desde 1980. Ya durante julio la producción había disminuido a mil 986 millones de barriles, en agosto continuó su caída. En cambio, a las empresas privadas el panorama les pinta color de rosa. Firmas como Cotemar, proveedora de servicios petroleros, sacan tajada de la reforma energética. Su presidente ejecutivo, Alejandro Villarreal, anunció que la compañía planea invertir al menos 200 millones de dólares en dos proyectos en 2018 y espera aumentar su producción a 20 mil barriles por día de dos bloques terrestres (ojo) descubiertos por Pemex pero que una unidad de Cotemar ganó en una subasta en 2015. Los dos campos de Cotemar, Cuichapa y Paso de Oro, ubicados en Veracruz, son ejemplos de proyectos que Pemex (más ojo) no pudo financiar del todo, debido a restricciones presupuestarias. ¿De veras faltó dinero? Había cerca de 180 mil millones de dólares en las reservas del Banco de México, pero el gobierno mexicano prefirió prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos.

La bola de cristal
Dice el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, que no tiene bola de cristal para saber si los precios del servicios telefónico subirán a partir de enero próximo, después de que la Corte votó a favor del proyecto del ministro Telcel, Javier Laynez, con lo que anuló parte de la reforma de telecomunicaciones a favor del grupo Slim. ¡No faltaba más! ¿De cuánto quiere su bola de cristal?
Ombudsman Social

En 1997 Carlos Rojas era secretario de Desarrollo Social. Sin tomar en cuenta a Rojas, Santiago Levy, entonces subsecretario de Presupuesto en la Secretaría de Hacienda, al parecer acordando directamente con Zedillo, llevaron a cabo las tareas preparatorias y pusieron en práctica el Programa de Educación, Salud y Alimentación, Progresa, el 8 de agosto de 1997 para sustituir el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), del cual Rojas había sido el impulsor y coordinador. A diferencia de sus predecesores Pider (Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural), Coplamar (Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados) y Pronasol, que duraron (básicamente) un sexenio, el Progresa, aunque cambiando de nombre ya dos veces, primero a Oportunidades (con Fox) y luego a Prospera (con Peña), ha funcionado ya en cuatro gobiernos; este mes cumple 20 años. Lo llamo POP para abarcar su funcionamiento con los tres nombres.
Los rasgos distintivos del POP son: otorga a los beneficiarios transferencias monetarias (TM), como instrumento y beneficio central; los beneficiarios son hogares que cumplen el requisito de vivir en pobreza extrema (PE), es un programa focalizado (F) a la PE; los beneficiarios tienen que cumplir con ciertas conductas para continuar recibiendo la TM condicionada (TC). En conjunto, es un programa de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas (TMFC). Cada uno de estos rasgos tiene su historia a nivel mundial; en esta serie trataré de rescatar la más reciente y pertinente. Pero la moderna orientación de las políticas públicas, es decir del quehacer del Estado, hacia el combate a la pobreza como tema central, ha ido acompañada del abandono relativo, a veces casi total, de la promoción del desarrollo. El Estado neoliberal deja el desarrollo al mercado bajo la convicción de que el desarrollo capitalista será más vigoroso mientras menor sea la intervención del Estado en la economía. El Estado se recluye a sus funciones policiacas, de infraestructura, y de política social orientada a los pobres.

La llamada renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) inició con posiciones rígidas: Donald Trump arribó a la mesa con la espada desenvainada; Justin Trudeau lo hizo con temas específicos en los que dice no estar dispuesto a dar un paso atrás; y Enrique Peña Nieto… bueno, el inquilino de Los Pinos simplemente llegó a la pepena, a levantar lo que le dejen, si es que algo le dejan.
Los representantes de los tres gobiernos (Robert Lighthizer, Chrystia Freeland e Ildefonso Guajardo) sonrieron para la foto, pero nadie se movió un milímetro. Y lo primero que hizo el mexicano fue refrendar el enorme gusto que a su gobierno le provoca jugar al tío Lolo: todas las negociaciones siempre empiezan en puntos distantes y el proceso es justamente para eso, para tratar de analizar la posibilidad de llegar a un terreno común (léase aceptaremos lo que nos impongan). El punto es que Estados Unidos y Canadá llegan con una agenda clara y México… bueno, México.
Habrá que estar atentos al proceso, pero en vía de mientras ¿cómo ven todo esto los especialistas? El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) aporta su análisis y de él se toman los siguientes pasajes.
Tras 23 años de vigencia del TLCAN la renegociación del mismo no inicia como consecuencia de un deseo de profundizar la relación (como supuestamente ocurrió en los 90), sino como un cuestionamiento por parte del gobierno de Estados Unidos sobre quién ha obtenido los mayores beneficios y si ha sido justo para los trabajadores de ese país. La renegociación marca una ruptura de visión entre las grandes empresas de Estados Unidos y su gobierno.
A diferencia de hace 25 años, cuando las negociaciones del TLCAN provocaron una convergencia entre los intereses de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá con los de las grandes empresas en América del Norte, hoy se parte de la divergencia. En este sentido, la renegociación surge con una postura defensiva y que ve al pasado por parte de los tres gobiernos: el estadunidense que quiere recuperar el control del proceso comercial y de las manufacturas que perdió hace 20 años; la mexicana y canadiense que intentan regresar a la década de los 80, cuando la apertura comercial irrestricta era la tendencia global; y la de las empresas trasnacionales que han obtenido beneficios que desean preservar.
El problema es que la postura conservadora no atiende el origen del mismo: la pérdida de productividad y competitividad de América del Norte frente al Pacífico asiático, el gran ganador del TLCAN. Lo barato de importar en el corto plazo ha ocasionado que América del Norte acuse una profunda pérdida de empleo y de innovación tecnológica frente al Pacífico asiático.
Si las posturas de la negociación no se modifican, la renegociación terminará sin propiciar una nueva relación productiva para América del Norte que le permita reducir su dependencia respecto de los insumos intermedios y bienes de capital que se producen en el Pacífico asiático y que han provocado la ruptura de las cadenas productivas en la región del TLCAN.
Para México el desafío es mayor: debe enfrentar el objetivo que el país vecino tiene de que el nuevo TLCAN se apegue más a su sistema legal, la directriz de la Casa Blanca es clara, pues la autoridad de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos establece: la Agenda 2017 esboza las cuatro prioridades comerciales de la nueva administración; es decir, promover la soberanía de Estados Unidos, hacer cumplir las leyes comerciales de ese país, aprovechar su fuerza económica para expandir exportaciones de bienes y servicios y proteger sus derechos de propiedad intelectual.
México debe ser claro en la renegociación, porque hay intereses que no necesariamente son convergentes: el de los respectivos gobiernos, el de las grandes empresas, el de las empresas mexicanas, y el elefante en el cuarto el de los países asiáticos que son proveedores de insumos intermedios y bienes de capital y que triangulan sus productos en América del Norte.
Por ello la directriz de la negociación para los representantes mexicanos debe ser preservar el interés y la soberanía nacional en un entorno global que ha modificado su tendencia: el nuevo gobierno de Estados Unidos prefiere acuerdos individuales respecto del marco multilateral, porque estima que es la mejor manera de obtener una ventaja en la negociación.

Una vez más, el equipo de investigación de La Jornada Zacatecas presenta un caso en que autoridades de una institución educativa se ven involucradas en presuntas conductas irregulares o, de plano, corruptas, en el manejo de cantidades significativas de recursos públicos.
El caso de la Universidad Politécnica de Zacatecas es uno más de los denunciados por la Auditoría Superior de la Federación en años recientes, sin que hasta la fecha se conozca de algún servidor público sancionado penalmente.
La impunidad evidente, el modus operandi similar, así como la cantidad de irregularidades denunciadas por la auditoría deben considerarse indicios de la existencia de una amplia red dedicada a privatizar recursos del erario, coordinada por servidores públicos de primer nivel. Son señales de que estamos en presencia de crimen organizado y la autoridad debe actuar en consecuencia.
Una constante de la manera en que operan esta red y muchas otras denunciadas en el resto del país es la participación de empresas inventadas sólo para emitir facturas por la prestación de servicios o la venta de bienes al ente gubernamental de que se trate.
La publicación del resultado de esta nueva investigación busca llamar la atención de las autoridades responsables de la procuración de justicia e insistir en la necesidad de que la sociedad en conjunto afiance su convicción sobre los daños que la corrupción y la impunidad provocan en la convivencia social y en los cimientos de toda la estructura del Estado mexicano.

Especialmente la prensa escrita ha mostrado cómo el más popular de los deportes, el futbol, ha servido para hacer rico a más de un dirigente. Y que campea la corrupción, sin faltar la presencia del narco, como en Colombia. Confirma esta podredumbre la propia Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), responsable de dicho deporte a escala mundial. El año pasado reconoció la compra de votos al designarse a los países anfitriones de los campeonatos del mundo de 1998 y 2010, celebrados en Francia y Sudáfrica. El esquema utilizado: la compra de votos a cambio de dinero. También funcionó para elegir a Moscú como sede del que tendrá lugar el año próximo y el de Qatar en 2022.
Como ha ocurrido con otros casos de corrupción, las investigaciones están a cargo de la justicia de Estados Unidos y Suiza, luego de que las denuncias por ese delito fracasaran en los países donde ocurrieron.

Como ya se ha dicho aquí antes, la esperanza renace cuando, en medio de tanta estulticia y bazofia por millares, sigue brotando música hermosa, extraordinaria, fuera de toda corriente o moda. Todo un remanso de belleza que desde ya, perfila a ser uno de los álbumes más relevantes del año.
Se trata de Crack Up de Fleet Foxes. ¿Los recuerdan? Originarios de Seattle, emitieron antes dos álbumes fastuosos (uno homónimo de 2008 y Helplessness Blues de 2011), más el primero que el segundo. Su quietud folk contemplativa y su perfección armónica coral (en su momento hizo recordar a los Beach Boys, a Crosby, Still & Nash e incluso a America, puestos al día con una producción de pop suntuoso), les dio un lugar notorio en el indie de esos años, tanto entre el público como entre la crítica, gracias a que emergieron con una voz impar, habitante de su propio mundo etéreo.

En la música popular mexicana no siempre un trío estaba integrado por tres músicos. En el bolero los tríos de cuatro eran comunes v:gr Los Tecolines, Los Dandys, los Panchos, etcétera. Actualmente es una buena fórmula para algunos artistas en la que se juntan talentos y contenidos, pero en esta ocasión hablamos de tres talentos, tres geografías y una causa común: divulgar la música popular latinoamericana contemporánea.
Verónica Valerio, Lucía Pulido y Sofía Rei, sus nombres. En México, Colombia y Argentina están inscritas sus partidas de nacimiento. Maravillosas mujeres, impregnadas de talento y un compromiso de vida que lo expresan por medio de sus cantos con un denominador común: infancias premonitorias, entornos diferentes que marcaron las sendas por las que habrían de navegar, miles de kilómetros las separan a unas de otras y un punto de encuentro.


El bárbaro atentado perpetrado ayer en La Rambla de Barcelona, en el que un individuo aún no identificado a bordo de una camioneta atropelló a una multitud de viandantes y que deja un saldo de 13 muertos y más de 100 heridos, debe verse como un capítulo más, sin duda trágico, de la confusa guerra que enfrenta a buena parte de las potencias occidentales con la organización integrista Estado Islámico (EI) y, en un sentido más amplio, con el magno conflicto que tiene lugar por el control de Medio Oriente y Asia central entre bandos difusos, grupos terroristas e intereses corporativos apenas disimulados.

Consternación y tristeza, sentir de la comunidad catalana en México por atentado en Barcelona
El atentado terrorista que aconteció ayer en Barcelona nos ha dejado a todos consternados, tristes y sin palabras para describir lo que sentimos como comunidad catalana en México. El horror recorrió las calles de la capital catalana como antes lo había hecho en otras ciudades del mundo. Madrid, Garissa, París, Niza, Damasco, Bagdad, Peshawar, Beslán, Nueva York, la geografía de la muerte conmociona la base de nuestra sociedad y remueve sus fundamentos.

Las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México que organismos federales presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son una verdadera transgresión a nuestra soberanía. La Procuraduría General de la República (PGR), la Presidencia de la República, el Senado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Justicia capitalino niegan reconocimiento a nuestra autoridad y autonomía como ciudadanos de este territorio capitalino. El poder federal quiere quitarnos a los chilangos, y a las chilangas, la capacidad de definir nuestros propios derechos humanos y de crear nuestras propias instituciones de gobierno.

Indígenas tzotziles iniciaron hace más de 50 años una solicitud con el fin de que se les dotara de tierras para la creación de un Nuevo Centro de Población Ejidal, que se llamará París. Ha sido una batalla legal colosal y un acto de resistencia gigantesco.

Esta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación, dijo Esteban Bullrich, entonces ministro de Educación y Deportes al inaugurar un hospital-escuela en septiembre del año pasado (goo.gl/JxD7Wl). Más allá de la brutalidad de las palabras del actual candidato a senador que compitió con Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires, la frase desnuda lo que piensan los de arriba de los pueblos originarios.

Desde la fundación del PT Lula inauguró una modalidad típica de circular por el país: hacer caravanas, donde llega a lugares nunca mencionados en los medios, habla con gente cuya voz nunca ha sido escuchada, les hace llegar su palabra. Fue así como Lula sorprendió en las campañas electorales, cuando tenía muy poco tiempo para hablar en los medios.
Qué raíces tendrá la corrupción de españoles e indígenas que tan rítmicamente llevó al desenlace de un arreglo en lo oscurito después de haber perdido religión y lengua y dejando los descendientes una neurosis traumática que no se termina de elaborar. Simbólicamente expresada en los últimos tiempos en el descubrimiento de fortunas de cuentos de hadas. En la última semana de un cantante y un futbolista y el director de una ex paraestatal –Petróleos Mexicanos.