11/24/2017

Ayotzinapa, rompe el muro de la impunidad




Vidulfo Rosales Sierra*


Nadie puede negar que los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre son graves violaciones a los derechos humanos. El concepto lo han establecido distintos mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Es cierto, no existe una definición como tal, pero sí han caracterizado ciertas prácticas como el genocidio, las ejecuciones sumarias, la desaparición forzada, la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes (Theo Van Boven, relator de Naciones Unidas sobre el Derecho de Reparación de las Víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos, informe del 2 de julio de 1993). De igual forma concluyen que las graves violaciones a los derechos humanos serían aquellas que implican un incumplimiento de obligaciones emanadas de normas de ius cogens en el ámbito de los derechos humanos. Las normas de ius cogens son aquellas que interesan a todos los estados. Intransgredibles. Su incumplimiento acarrea consecuencias jurídicas agravadas en el ámbito de responsabilidad internacional. Su contenido incluye valoraciones comunes a todos los sistemas jurídicos del mundo, una especie de conciencia jurídica universal.

El 26 de septiembre en Iguala agentes del Estado perpetraron ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada. Estos son crímenes de carácter internacional proscritos en todos lo órdenes jurídicos y el gobierno cuyos agentes cometen tales violaciones merecen la mayor condena. Agentes del Estado mexicano violaron normas universales que prohíben de manera imperativa estas prácticas.

Pese a la gravedad de estos crímenes cometidos, al Estado mexicano parece no preocuparle el esclarecimiento y la sanción a los responsables, por el contrario, a menudo el Presidente de la República ha hecho llamamientos públicos de superarlos y doblar la hoja para pasar a otras agendas y temas. Sin embargo, un sistema democrático no puede avanzar si las graves violaciones a los derechos humanos no se investigan cabalmente y los responsables son sancionados. Lejos de avanzar en el esclarecimiento, no muestra interés por dilucidarlos, por el contrario, evidencia suma lentitud, como si deliberadamente estancara las pesquisas.

Un ejemplo de ello son los nulos avances que presenta la Procuraduría General de la República (PGR) en las nuevas líneas de investigación. En el mes de junio de este año, en presencia del mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó un cronograma de trabajo para las investigaciones. Sería un instrumento tangible mediante el cual evaluaríamos conjuntamente los avances en las pesquisas. Pero la PGR fue más allá para sorprender a la CIDH, allí en la mesa, ante la mirada de las madres y padres de los 43, explicó que el cronograma tenía 11 temas o líneas de investigación a dilucidarlos de junio a octubre.

En las recientes reuniones los avances que han presentado son magros, ni siquiera la consignación y detención de los policías de Huitzuco –que de acuerdo al citado cronograma en el mes de junio se resolvería– se ha logrado. De los policías federales y elementos del Ejército Mexicano ni qué decir. El mismo estancamiento presenta la línea denominada responsabilidad de las autoridades estatales, pues el PRD en Guerrero ,con bombo y platillo, anunció que Ángel Aguirre será postulado como candidato a diputado federal en la Costa Chica.

Gobiernos y clase política se prepararan para la fiesta electoral, se olvidan de los graves problemas que vive el país, particularmente la desaparición de los 43 y miles más. En ese afán de hacerse del poder para enriquecerse no importan los perfiles de los candidatos. Ex gobernadores cuestionados como Ángel Aguirre son buenos prospectos para seguir llenando las instituciones de criminales de cuello blanco.

El grupo gobernante mira el caso de Ayotzinapa desde la lente electoral, a mayor esclarecimiento, mayor evidencia de corrupción de las instituciones y mayores costos políticos para ellos en 2018, por tanto, lo más conveniente es mantener la investigación como está.

Por todo este muro de impunidad construido por el Estado mexicano, hoy los padres de los 43 están llevando a cabo la jornada de lucha denominada Rompe el Muro de la Impunidad con un plantón permanente frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y actividades de protesta y culturales diarias para elevar la voz y exigir verdad y justicia para los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

Ante crímenes de carácter internacional que lesionan a la humanidad surge el deber ineludible de este gobierno de investigar y sancionar a los responsables, no se puede colocar este imperativo de verdad y justicia por debajo de los intereses electorales de grupos políticos y de poder.

*Abogado de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

La UNAM, los transgénicos y las políticas del Estado




Julio Muñoz Rubio*


Una de las características más negativas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la monopolización que las autoridades han hecho tradicionalmente del uso de los espacios, físicos o mediáticos. Un ejemplo paradigmático de esto es la Gaceta UNAM. A lo largo sus páginas es casi imposible encontrar alguna publicación que contradiga a la línea oficial de la rectoría en curso. La comunidad universitaria no tiene acceso a publicar libremente ahí. No es un espacio democrático de expresión de la pluralidad de ideas que se expresan en la casa máxima de estudios.

De manera que cuando aparece publicada en un lugar prominente de esa Gaceta, el 16 de noviembre pasado, la noticia de la presentación del libro Transgénicos, grandes beneficios, ausencia de daños y mitos, del doctor Francisco Bolívar Zapata, en un evento presidido ni mas ni menos que por el propio rector Enrique Graue Wiechers, un gesto de profunda preocupación se genera.

¿Por qué?

En primer lugar porque significa una explícita toma de posición de la propia rectoría de la UNAM en favor de una de las partes en pugna en relación con un problema enormemente debatido en la Universidad, en el país y en el mundo: el de la fabricación y comercialización de organismos genéticamente modificados para la alimentación. Me refiero a la parte que defiende, contra toda evidencia científica acumulada a lo largo de 20 años, la inocuidad de los alimentos transgénicos y la defiende con un discurso que no se ha modificado un ápice en todo ese lapso.

En segundo lugar porque no es la primera vez que instancias del mundo intelectual mexicano dan el aval a la producción de alimentos transgénicos sin escuchar la voz de quienes nos oponemos a ellos. La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) publicó, en 2011, en formato electrónico, el libro Por un uso Responsable de los Organismos Genéticamente Modificados,coordinado por el doctor Bolívar (texto que por una parte deja mucho que desear en cuanto a su nivel académico) y con el cual la AMC hizo en esa ocasión lo mismo que ahora la UNAM al tomar partido y cerrar las posibilidades a un debate abierto, rehusando dar oportunidad igual a expresarse a todas las partes, tal y como debería de realizarse entre académicos y científicos.

Todo esto nos confirma no sólo que existe una política de Estado con respecto a los alimentos transgénicos y que ésta es claramente favorable a la de las empresas que los fabrican, eso ya lo sabíamos (No es banal recordar que el doctor Bolívar Zapata fue nombrado por el presidente Peña Nieto como coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación a partir del mes de abril de 2013). Lo que todo esto nos confirma y que es extremadamente grave es que a partir de ahora la UNAM se suma a esa política, la hace suya.

En tercer lugar, el aval de la rectoría a la publicación del doctor Bolívar implica abrir la puerta a la intromisión de las compañías trasnacionales biotecnológicas: Bayer-Monsanto, Syngenta, Du Pont, etcétera, en la vida de la UNAM, siendo ellas las que, en su calidad de poderes fácticos, estarán decidiendo las orientaciones y prioridades en la investigación sobre alimentación en nuestro país. Este es un claro ejemplo de privatización de la investigación científica en las instituciones públicas de educación superior y es una muestra clara de pérdida de la autonomía de la UNAM, de una tendencia a uniformizar el conocimiento y su divulgación y de supresión de las diferencias y del espíritu crítico.

Todo lo anterior hace que se enciendan las alarmas y luces rojas en lo que a la política nacional y universitaria se refiere en relación con los alimentos transgénicos. La necesidad de un debate serio y transparente sobre el problema es más imperiosa que nunca, y en lo que hace a la UNAM es más que urgente el impulso a la creación de foros en los que este problema se ventila. En todo caso la máxima cada de estudios, empezando por sus autoridades, tiene que garantizar la igualdad en oportunidades para expresar todos los puntos de vista en vez de discriminar a los opositores al uso de transgénicos.

Por mi parte, en mi calidad de académico de la UNAM organizaré un evento de esta naturaleza en meses próximos, de cara a la comunidad universitaria y la nación. Aún no hay fecha precisa pero lo haré. Desde estas páginas me permito extender una cordial invitación a participar en el mismo, a mis colegas académicos, los doctores Bolívar Zapata y Graue Wiechers.

*Investigador del CEIICH, UNAM y autor del libro Alimentos transgénicos. Ciencia, ambiente y mercado: un debate abierto

Proyecto 18




Gabriela Rodríguez


Este lunes Morena presentó el Proyecto de Nación 2018-2024 conocido como Proyecto 18. El partido abrió una amplia agenda política para que la sociedad mexicana conozca un posicionamiento que busca cambiar el rumbo del país, para que opine y complemente las líneas estructurales y más de 100 programas concretos. Porque si algo necesita este país, es de la participación constante de la ciudadanía en todos los niveles, desde el diseño de políticas públicas hasta su ejecución y seguimiento. Se trata de un documento estructurado en más de 400 páginas, en cuya construcción colaboraron cerca de 200 especialistas en diversos campos de actividad, quienes representan una pluralidad de visiones y tendencias, algunos sin filiación partidista.

Valoro la integralidad y viabilidad de las propuestas, el esfuerzo por cuantificar los costos, el análisis preciso sobre presupuestos y fuentes de financiamiento para cada programa y línea de acción, así como el análisis de experiencias internacionales exitosas de países con economías dependientes y post industriales. Las fuentes para financiar se basan principalmente en eliminar la corrupción, reducir el gasto corriente y en la inversión pública; sin elevar la deuda pública se busca garantizar los derechos sociales y al mismo tiempo crear una Banca de Desarrollo que sea el motor para financiar empresas pequeñas y medianas. En la introducción del capítulo sobre la justicia se ilustran las peores formas de tortura del antiguo régimen (citan a Foucault) hasta alcanzar el sistema adversarial acusatorio. Grandes ejes se dedican al desarrollo económico y macroeconómico, y al rescate del Estado para terminar con la impunidad y la corrupción, acciones dramáticamente vinculados con la violencia e inseguridad que impiden cualquier intento de crecimiento económico y también cultural.

Me detengo en la propuestas para la juventud, sector crucial para superar los índices de violencia y cambiar las circunstancias. El eje está en dotar a la juventud con herramientas para una vida mejor, alejarles del desempleo y de conductas antisociales. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro dependerá directamente de la oficina de la Presidencia de la República. La tipificación de categorías es clara: hay jóvenes que quieren trabajar y tienen las habilidades, pero demandan la creación de fuentes de empleo; hay jóvenes que también quieren trabajar, pero no tienen las habilidades, así que necesitan capacitación; y hay jóvenes que ni trabajan ni tienen habilidades, pero que están dispuestos a estudiar, necesitan becas y que se amplíe el acceso a espacios educativos. Entre la líneas propuestas está la de Jóvenes Reconstruyendo el Campo, para cubrir un millón de adolescentes en la siembra de árboles maderables, la recuperación de pastizales para las actividades pecuarias, la construcción de caminos que permitan facilitar la comunicación entre las localidades, el rescate y limpieza de ríos y lagunas. Jóvenes por la Esperanza invita empresas pequeñas, medianas y grandes a fungir como tutores para incorporar a 225 mil jóvenes al año como promotores de deporte, música y cultura de la paz; educadores de la salud sexual y reproductiva, en prevención de la violencia de género, salud emocional, prevención de adicciones y nutrición. Jóvenes más Porvenir, 200 mil que no han logrado una oportunidad de trabajo, se invitará a empresas pequeñas, medianas y grandes a fungir como tutores para involucrar a muchachas y muchachos en actividades económicas, agropecuarias, pesqueras y turismo Emprende es capital semilla y créditos a emprendedores para 200 mil jóvenes interesados en iniciar un negocio o actividad económica. Jóvenes Becarios busca integrar a 50 mil jóvenes estudiantes o recién egresados de las escuelas de educación superior, menores de 30 años, con promedios altos e interesados en participar en prácticas profesionales, como becarios en el servicio público. Jóvenes con Escuela está dirigido a asegurar el ingreso a educación media superior y superior de 300 mil adolescentes, acceso a ciberescuelas, becas para jóvenes que realicen investigaciones y trabajos de tesis sobre medio ambiente y actividades agropecuarias. El proyecto reconoce el problema del embarazo de adolescentes, el cual se vincula con la falta de acceso a niveles educativos superiores, aunque falta mencionarlo como tercera causa de deserción escolar; también habría que incluir una educación sexual integral que luche contra la discriminación sexual y empodere a las niñas y adolescentes desde los más tempranos niveles educativos. Importante la mención del género en la introducción del Proyecto 18 un proyecto incluyente se propone eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, así como eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos para avanzar en su autonomía física, económica y política, para asegurar su integridad física y emocional.

Trabajaron el proyecto gente del sector empresarial y político, juristas, especialistas en economía y desarrollo que han militado en Morena y en otros partidos, y quienes, ante la necesidad de romper con el deterioro del país, hoy reconocen el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Porque el grado de decadencia y estancamiento no está para radicalismos, sino para actuar con gran responsabilidad política y sobretodo con propuestas viables que ciudadanicen al Estado y cuenten con el apoyo de los diferentes sectores.

Twitter: @Gabrielarodr108


11/23/2017

Las encuestas son propaganda política; al nombrarse todos los candidatos la propaganda será pagada


Pedro Echeverría V.

1. La idea de las encuestas vienen, como muchas políticas, del extranjero. En México llegaron en los años cuarenta, pero fue en 1988 –en las elecciones Salinas, Cárdenas, Clouthier- cuando se pusieron en práctica. Aquellos comicios demostraron la no confiabilidad en ellas, pero llevaron a muchas enseñanzas. De hecho fue seis años después (en 1994) cuando se hicieron “muy confiables”. Hoy se publica que López Obrador y Morena encabezan preferencias en ocho encuestas que recibió el instituto electoral; pero ello, por experiencias pasadas de las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, se sabe que muy poco dicen porque AMLO, así como en el Estado de México, con todo que iban adelante, fueron defraudados.

2, En las campañas políticas de 2006, 2012 y 2018 el candidato López Obrador, sin duda, indiscutiblemente, apareció siempre muy arriba en las llamadas encuestas: uno, por el intenso trabajo en sus giras sin descanso y, dos, porque los partidos aún no nombran a sus candidatos. Sin embargo, luego, los porcentajes en las encuestas comienzan a emparejarse y cuando faltan 15 días se ve a quienes han pagado en mayor porcentaje a las empresas. Paralelo a estos se ve quien más ha comprado votos con los miles de millones de pesos que han recibido de los empresarios. En 2006 López Obrador –según las encuestas- se desplomó en los últimos 15 días porque la orden empresarial de que “por ningún motivo debe pasar” fue determinante.

3. Las empresas encuestadoras trabajan muy poco en seis años y su única gran oportunidad de meterse muchos miles de millones de pesos a la bolsa, es con las elecciones presidenciales. Obvio, no cualquiera puede registrar un “casa encuestadora” porque antes tienen que arreglarse con los medios de información (particularmente con la TV) para que las publiquen y difundan. Se piensa y se reafirma que no todas las encuestas se realizan porque basta con acomodar cifras en un plano que se hace en equipo. Las encuestas de casa, por teléfono o computadora, en parte fueron la continuidad de las “encuestas de salida”; llevan apenas unas décadas, después de las elecciones de 1988. Si las encuestas son una formidable propaganda política, el Estado las apoya.

4. Pienso que si los medios de información están al servicio del poder, también las casas encuestadoras siguen por la misma ruta y no debe tenérseles ninguna confianza; al contrario deben ser combatidas demostrando que todo falsifican para beneficiar a quien les paga. Por ello en la TV repiten que para la izquierda cuando se gana hay democracia y cuando se pierde no hay democracia”. Este punto debe ser ampliamente aclarado diciendo que cuando el capitalismo siente fuerte presión de las masas en las calles suele respetar la democracia, pero cuando esta presión no existe, hacen lo que les da la gana. Si López Obrador realiza actos masivos y movilizaciones seguirá en primer lugar; si no, lo alternarán.

5. Además, la mayoría de las “casas encuestadoras” fueron creadas por las empresas televisivas, las radiofónicas y las empresas de periódicos impresos para ganar más dinero; son solo uno de sus brazos políticos. Peña Nieto –hechura exacta de Televisa- siempre estuvo al frente de las encuestas. Jamás debe olvidarse que en el sistema capitalista la fuerza –obviamente- la tienen los que poseen el capital y controlan el gobierno, El día que los dueños del dinero o del capital no dominen es porque ya no es capitalista el sistema. En los regímenes del falso socialismo se echaron abajo a los explotadores privados pero el nuevo Estado, con presión externa, comenzó a degenerar hasta convertirse en un nuevo aparato de dominación.

6. El pueblo trabajador tiene que luchar mucho contra esa pesada loza que lo aplasta. Recuerdo al Pípila en Guanajuato en 1810 cuando tuvo que hacer enormes sacrificios para incendiar la Alhóndiga de Granaditas para contribuir con su heroísmo al crecimiento de la lucha de independencia. Algunas veces me he enojado y he pensado que el pueblo es cobarde porque se deja someter y explotar. Entonces me respondo: qué pendejo soy por no darme cuenta en la historia que la clase dominante tiene mil recursos y dispone de todos los dineros para someter a cualquiera, sea muy político o muy intelectual. Por ello en México son contados con los dedos de una mano los que han permanecido más de 50 años luchando a diario desde la oposición radical; la mayoría se ha vendido por un plato de lentejas. (22/XI/17)

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Calles fue Jefe máximo, dictador, asesino, proempresario, ¿Así es Meade por ocupar cuatro cargos?


Pedro Echeverría V.

1. ¿Qué le pasó al canciller Videgaray el inteligente, el poder tras el trono, al halagar al precandidato del PRI, José Antonio Meade, comparándolo con Calles (Plutarco Elías) y todo lo nefasto que representa? Obviamente es el gran amigo del canciller Videgaray, por eso lo presentó ante el mundo como probable candidato a la Presidencia de la República o del Banco de México. ¿Por qué compararlo con Calles –uno de los presidentes más odiados de la historia- habiendo muchos funcionarios que han ocupado más de cuatro cargos en dos o tres gobiernos diferentes? Lo que quiso decir y no dijo, es que no se trata de sólo dos gobiernos diferentes, sino que Meade fue funcionario de dos partidos (el PRI y el PAN) que juran ser diferentes pero que son idénticos.

2. En la historia de México Calles (Elías), quien fue presidente de la República de 1924 a 1928, tiene mucha presencia porque al parecer él se quedó con la Revolución de 1910-17. La encabezó Carranza, la peleó con armas Obregón y se quedó administrándola Elías Calles. Lo que hizo el gobierno de Cárdenas (1934-40) fue darle un empujón para concluir la Revolución. Calles es quizá el político más quemado: llega a la Presidencia por imposición de Obregón después de una guerra civil (el levantamiento Delahuertista) que provocó cientos de muertos en el país. Luego fue acusado de asesinar al mismo Obregón que se preparaba para sumir nuevamente la Presidencia después de los comicios de 1928.

3. Al concluir Calles su gobierno de cuatro años, impuso lo que se conoce como “El Maximato”, siendo el “Jefe Máximo de la Revolución” de 1928 ( al ser asesinado Obregón) a abril de 1936, hasta que el presidente Cárdenas pudo expulsarlo del país. Durante ese “Maximato” dominó a tres gobiernos: (Portes Gil (interino), Ortiz Rubio (electo que renunció a los dos años), Abelardo Rodríguez (interino) y Lázaro Cárdenas (electo para seis años) que al año y medio lo expulsó del país en 1936. Permaneció exiliado en los EEUU hasta que Cárdenas concluyó su gobierno. Así que la comparación que hizo Videgaray de Meade no tiene de donde tocarse porque en aquellos años estaban presentes los restos de una revolución y hoy los de la contrarevolución.

4. Pero, ¿Cuándo se inicia la contrarevolución que puso las bases de lo que hoy es México? Obviamente no es obra de un hombre, llámese Elías Calles, Miguel Alemán, Carlos Salinas, Carlos Slim o los jefes del PRI o del PAN. Así como tampoco la organización de una revolución radical de izquierda puede ser obra –como muchos pensaban en Fidel Castro en los primeros años de la década de los sesenta en Revolución Cubana- de que “México sólo necesitaba un líder como el cubano”. No, el problema es de estructura económica-social y de nivel internacional. Más aún, los países que se plantearon construir un socialismo igualitario como Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, no pudieron ante el enorme poder imperialista encabezado por EEUU.

5. Si Meade fue propuesto por Videgaray para que sea el que sustituya a Cartens en el Banco de México, entonces es Videgaray es el que se quedará con la candidatura presidencial del PRI. Quizá sea yo el único que desde hace muchos meses –desde que obtuvo la cancillería- haya escrito que el derechista y seguidor de Trump es el que está más cerca de esa candidatura. Aunque también es posible que Peña esté pensando en sus arreglos con Felipe Calderón narrados con gran maestría por Álvaro Delgado en su libro El Amasiato y Meade sea un candidato que será sacrificado en beneficio de Margarita Calderón. En fin este es un entretenido chisme que nada resuelve ni propone. Lo importante sería la gran movilización social del pueblo que desafortunadamente no existe.

6. Quizá Videgaray debió comparar a Meade con Lucas Alamán de 1833, Ignacio Limantour de 1908, Ortiz Mena de 1958 y el Cartens de hoy, que fueron muy buenos guardianes de los tesoros en sus tiempos, además de despilfarradores de dinero del presupuesto federal por órdenes de sus superiores. Pero silenciar que Meade fue secretario de Hacienda del PAN y del PRI para estrechar más la unidad entre esos dos partidos (PRI y PAN) es manipular a la población electorera. Espero, deseo, que López Obrador asuma el gobierno e inmediatamente anuncie las tareas inmediatas a realizar. Creo que muchos miles, millones, están dispuestos a apoyar políticas en beneficio de los pobres, pero también millones estarán dispuestos a emplazarlo y luchar contra su gobierno si no cumple. (23/XI/17)

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Confirma ASF daños millonarios a la Hacienda Pública Federal por el caso “Juntos Podemos”, denunciado por Mexicanos contra la Corrupción



POR  EL ZAPPO

Publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.


Hace un año, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una investigación periodística a través de la cual dio a conocer que Juntos Podemos, iniciativa presidida de manera honoraria por Josefina Vázquez Mota, recibió al menos 900 millones de pesos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) – entregados a lo largo de 2014, 2015 y 2016- a través de diversos consulados en Estados Unidos y en depósitos a dos organizaciones estadounidenses (AEM-USA Foundation y Parents Alliance Inc). Dichos recursos públicos fueron manejados con total opacidad; omitiendo explicar a la ciudadanía, de manera puntual y exhaustiva, la manera en que se ejercieron.

A raíz de la investigación referida, el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico (DILE) -área jurídica de MCCI- denunció el 14 de febrero de este año ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Josefina Vázquez Mota, la SRE, al Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), así como a la Embajada y a diversos consulados generales de México en Estados Unidos por el manejo, desvío, aplicación y custodia irregular de recursos públicos federales. Esta fue la primera denuncia promovida por un particular en México para que la ASF interviniera en el marco de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción.

Derivado de esta denuncia, la Auditoría Superior de la Federación publicó un Informe Específico en el que revisa el “Programa de Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares” correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.

La ASF confirmó la existencia de diversas irregularidades que habían sido inicialmente señaladas por MCCI; por ejemplo, acreditó que a través de embajadas y consulados se entregaron 3.7 millones de dólares y 26.8 millones de dólares en 2014 y 2015 (que suman 477 millones de pesos al tipo de cambio de entonces), respectivamente, a las organizaciones denunciadas; mostraron el pago de viajes a personas no relacionadas con la atención consular (como la maquillista de la ex candidata presidencial) y “sin acreditar que su participación fue estrictamente indispensable”; señalaron la falta de comprobantes que acreditaran el uso de los recursos que recibió por parte de la SRE o la ausencia de entregables que demostraran los trabajos realizados. En conjunto con otros hallazgos derivados del análisis de los programas implicados, la ASF determinó probables daños a la Hacienda Pública Federal por un total de 39 millones 472 mil 300 pesos, por lo que promovió 35 recomendaciones, 18 denuncias por responsabilidades administrativas y 22 pliegos de observaciones.

MCCI denunció que Juntos Podemos también recibió recursos en 2016 por al menos 468.6 millones de pesos, por lo que los hallazgos de la ASF alrededor de este caso, dado que este informe es sólo sobre los ejercicios de 2014 y 2015, todavía pueden incrementarse al finalizar el proceso de fiscalización en curso.

En una democracia funcional, las buenas intenciones de cualquier persona u organización no son suficientes para justificar el uso irregular del dinero público puesto en sus manos, por lo que, más allá de cuestionar la razón detrás del financiamiento público a las organizaciones señaladas, esto es una muestra del uso indebido de los recursos públicos.

La denuncia e investigación de la ASF representan un avance sin precedentes en el combate a la opacidad desde la ciudadanía, ya que este Informe también es la primera acción que revisa gastos de Cuentas Públicas anteriores derivada de una denuncia de una organización de la sociedad civil y que, además, confirma y amplía los hallazgos, con sus posibles consecuencias legales.

Foto: Proceso

Meade, Osorio e inseguridad


Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

Dos suspirantes a la candidatura por el Revolucionario Institucional para despachar en Los Pinos, tuvieron un miércoles 22 de agudos contrastes. Mientras José Antonio Meade fue colmado de elogios desmedidos por Luis Videgaray, el gurú de Enrique Peña, frente a los embajadores acreditados en México –algunos de los cuales se quejaban de recibir citatorios sin cuidar tiempos y formas–, Miguel Ángel Osorio fue cuestionado con severidad por senadores de los partidos Acción, Morena, Del Trabajo y De la Revolución Democrática, tan democrático que resuelven a puñetazos diferencias en la capital del país.

Octubre fue el peor mes por el número de homicidios y la violencia padecida desde que se cuantifican, los últimos 20 años, y la ocasión insustituible para exhibir el fracaso indudable del gobierno de Peña Nieto. Fracaso que no debiera alegrar a sus adversarios políticos porque el daño es para todos, incluso para los que viven con escolta, como lo evidencia el asesinato de Adolfo Lagos, funcionario de Televisa. Aunque el revés es de un gobierno que estimó suficiente con desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, más trabajo de inteligencia, coordinación institucional, disminución (relativa) del escándalo mediático sobre la violencia y el “sometimiento” de los agentes estadunidenses a una ventanilla.

El hecho es que esa política funcionó bien durante 2013-15, como recordó Osorio Chong a los legisladores, pero lo hizo para recriminarles que no la apoyaron, en lugar de invitarlos a revisar juntos qué falló y sigue fallando pese a la muy cuantiosa inversión en seguridad pública y los espléndidos negocios que al amparo de ella realizan empresarios (Carlos Slim) y políticos (Genaro García Luna).

Recursos abundantes durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, pero que no cambiaron la terca realidad: 600 municipios no cuentan con corporación policial, de las mil 800 agrupaciones existentes la mitad tiene menos de 20 elementos; 40 por ciento de sus integrantes ganan menos de 4 mil 600 pesos mensuales, y en su mayoría no reciben el equipamiento, la capacitación y las condiciones laborales que requieren. ¿Y lo invertido a dónde fue a parar? ¿A los bolsillos de cuáles empresarios y gobernantes? Es sabido que las cárceles federales que se publicitaron como “modelo” son un nido de corrupción.

En los años de baja notable de los homicidios dolosos, el titular de Gobernación se  vanagloriaba de éxitos sin precedente “en la historia de la humanidad” y hasta hoy asume que “una situación muy compleja” obliga a la “corresponsabilidad entre poderes y órganos de gobierno”.

 Para el hidalguense de Pachuca que corroboró que no es el elegido de EPN, el gobierno cuenta con diagnósticos precisos sobre las corporaciones policiacas. Muy bien, pero el problema más que de diagnósticos es de políticas, ni siquiera de leyes como la de seguridad pública y la del mando único que exigió a los senadores aprobar.

A un año de que Peña haga maletas con más pena que gloria, pese a mejorar en respaldo ciudadano (El Universal, 22-XI-17), hay tiempo para revisar la política de seguridad pública que critica hasta Guillermo Valdés –el encuestador de Calderón en 2006, improvisado como director del Cisen y ahora especialista en seguridad–; todavía es posible construir lo que MAO llamó “corresponsabilidad entre poderes y órganos de gobierno”, como condición insoslayable para que los programas no sean de coyuntura, sino de mediano plazo hasta convertirlos en políticas de Estado.

Acuse de recibo

Tres opiniones sobre Programa, unidad y alianzas de Morena (22-XI). “Todo lo que escribiste, Eduardo, tiene cierto sentido, cierta verdad. Pero, ¿por quién votar? Saludos, Silvia” (Wybo)… “Heriberto Lugo: AMLO moteja a quien no se pliegue a sus designios, empezando por los partidos políticos de oposición, como ‘mafia del poder’. ¿Y va a llegar a acuerdos con ellos, de ganar la Presidencia? Utopías, haciendo honor a esta excelente columna. Y con utopías no puedes gobernar un país, eso déjenselo a (Donald) Trump o a Nicolás Maduro, dos de los ídolos del Peje”… “Jorge Retana Yarto: “Creo que lo positivo y más rescatable, no es la ausencia de (Ricardo) Monreal, o el espaldarazo a Claudia Scheinbaum, o si Alfonso Romo es pobre o muy rico, eso es la superficialidad del análisis, sino que con el plan de desarrollo (sic) 2018-2024 se entra a la parte programática y propositiva, al debate de opciones ante los graves problemas nacionales, de esta fase electoral de la lucha política, que es lo que da interés ciudadano a ella”… De Yuriria Iturriaga: “Para cuando sea oportuno opinar, estará bien que sepan por qué habría que votar para que la próxima Medalla Belisario Domínguez, que otorga el Senado de la República, se reivindique. Pero nada puede explicarlo mejor que el artículo ‘La Belisario para Ifigenia’”, de PML:http://www.eluniversal.com.mx/articulo/porfirio-munoz-ledo/nacion/la-belisario-para-ifigenia

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México, entre los cinco primeros países con más desigualdad laboral para mujeres


Desciende 26 lugares en 11 años



En 2017 México se posicionó como el quinto país de Latinoamérica y el Caribe con mayor desigualdad para las mujeres. El área laboral fue en la que las mexicanas tuvieron menos oportunidades, informó el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

En el “Informe global sobre la brecha de género 2017”, publicado este mes, el WEF señaló que México ocupó el lugar 20 de 24 países de la región latinoamericana y del Caribe analizados; y la posición 81 de 144 en el mundo. Tras analizar el nivel de participación y oportunidades económicas, políticas, educativas y de acceso a los servicios de salud de las mujeres el organismo internacional evidenció que de 2006 a 2017 se incrementó la brecha de género en el país pues hace 12 años ocupó el lugar 75.

En una escala del 0 (imparidad) al 1 (paridad) este año el WEF –compuesto por personas empresarias, políticas y analistas sociales de economías de todo el mundo- calificó a México con una puntuación de apenas el 0.692, lo que significa que las mujeres continúan enfrentando más desventajas en los ámbitos laboral, educativo, de salud y política. La puntuación fue obtenida luego de analizar las cifras más recientes de instancias como la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

PARTICIPACIÓN Y OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

De las cuatro áreas analizadas las mexicanas enfrentaron mayores condiciones de desigualdad económica y laboral, donde el país ocupó la posición 124 de las 144 economías contempladas en el informe.

Sólo 48 por ciento de las mexicanas en edad laboral (de 15 y 64 años de edad) participa en actividades económicas, indicó el WEF, en comparación con los hombres cuyo porcentaje se ubicó en 83 por ciento.

Luego de preguntar a hombres y mujeres trabajadoras qué tan iguales son sus salarios por los mismos trabajos, el WEF calificó a México con 0.49 –en la escala donde 1 indica la paridad-.

El tiempo que las mujeres dedicaron al trabajo diariamente fue un ejemplo más del contexto desigual en el que laboran: de acuerdo al informe en 2017 trabajaron en promedio 10.10 horas al día y los hombres 9.6 horas. Además, 61.5 por ciento de las actividades laborales que las mujeres realizaron no fueron remuneradas, mientras que para los hombres el porcentaje fue 19.4.

A esto se suma que 57 por ciento de las mexicanas en edad de trabajar tienen empleos informales mientras que 49 por ciento de los hombres están en la misma situación.

Desde que el WEF elaboró por primera vez el informe global sobre la brecha de género, en 2006, México retrocedió en materia de oportunidades laborales y económicas para las mujeres, pues en ese año estuvo en el puesto 98 y para 2017 ocupó el 124, es decir 26 lugares más abajo.

En cuanto al avance de los países latinoamericanos y del Caribe el WEF estimó que aun cuando en 2017 Nicaragua estuvo dentro de los 10 países con más paridad –en el sexto lugar- tendrían que pasar 79 años para que la zona erradique la brecha de género, la cual impide que las mujeres accedan en igualdad de condiciones a sus derechos económicos, políticos, educativos y de salud.

A nivel internacional el WEF estimó que tendrían que pasar 217 años más para que mujeres y hombres ejerzan trabajos en las mismas condiciones, cuando en 2016 había valorado que serían 170 años.

CIMACFoto: Erika Cervantes

Por: Montserrat Antúnez Estrada

Cimacnoticias | Ciudad de México

32 años después… la disputa por el “honor” de la incompetencia y la frivolidad




Foto: Wesley Bocxe

Incapacidad y desatino de las autoridades


Por Alejandro Varas

Unión de Periodistas. 23 de noviembre de 2017.- De manera insólita, 32 años después de los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985, tembló de manera agresiva en la zona centro del país. Como si fuera un radical recordatorio de la naturaleza en protesta por la barbarie en la que se construyen las ciudades del siglo XXI, mostró de nuevo su fuerza y dejó al descubierto, como hace 32 años, la incompetencia e insensibilidad oficial, así como la corrupción entre autoridades y desarrolladores inmobiliarios.

Unas semanas antes, el 7 de septiembre, un sismo de magnitud 8.3, el más fuerte que se haya sentido en el país, con epicentro en las costas de Chiapas, devastó el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y varias decenas de municipios del estado de Chiapas.

En ambos casos la constante es una incapacidad a la vista de todo el mundo; no importa si es gobierno municipal, estatal o federal, ni el partido que gobierna; todos se disputan el “honor” de la incompetencia y la frivolidad. Destacada mención tiene la presidenta municipal de Juchitán, ese heroico territorio istmeño, pues no sólo se ausentó en las zonas dañadas; además su cabildo se anotó para recibir recursos de la reconstrucción.

Ya no hablemos de la actitud del gobierno del señor Graco Ramírez (Morelos), con todas las denuncias por impedir que la ayuda de grupos sociales o de iglesias llegara a su destino, desviándolas a las bodegas del DIF estatal para que ellos la distribuyeran.

A lo único que atinan las autoridades es a poner albergues en escuela y/o deportivos y a acopiar alimento, ropa y medicinas.

La acción de la sociedad

En todos los casos de desastres y de convulsión social está demostrado que la sociedad, sobre todo la joven, responde de inmediato con acciones de solidaridad. No espera a que los grandes señores y señoras del poder les convoquen. Ellas y ellos se convocan solos, se vuelcan a brindar lo que pueden, a recolectar lo que se necesita y a poner el cuerpo con la finalidad de salvar la vida de alguien, sin saber quién es ni cómo se llama. Esta actitud heroica casi siempre se enfrenta a los poderes locales, que buscan por todos los medios posibles ocultar lo inocultable, lo evidente. Se da una acción casi rebelde con una sola misión: recuperar vidas y ayudar a los que lo necesitan, sin otra recompensa que el cansancio y la satisfacción de un deber cumplido.

El poder y sus corifeos buscan, igual que en 1985, que la gente no se movilice ni salga de sus casas a las zonas destruidas, pues esa acción de la sociedad es veneno para los planes del poder. La gente se da cuenta de lo que son sus autoridades y la gente bonita del dinero, que como en el caso del Tec de Monterrey ni la cara dan a los padres de los muchachos muertos en su campus.

En 1985, desde nuestro movimiento de damnificados empezamos a utilizar el término gramshiano de “sociedad civil”; incluso un libro publicado por UVyD 19 de septiembre se titula El despertar de la sociedad civil.

Menciono esto porque a mucha gente le gusta ponerle méritos a otras personas y no a las comunes y corrientes, que son las que de verdad construyen no sólo las ideas, sino las acciones que hacen que un problema tenga solución.

A diferencia de 1985, esta vez las familias damnificadas que han perdido sus viviendas y a algún integrante, o se encuentra en riesgo, o las y los trabajadores que no pueden laborar, no han podido construir un movimiento colectivo que les permita coordinarse y enfrentar sus problemas en mejores condiciones.

Individualismo, al extremo

El modelo económico neoliberal construido en estos 32 años ha logrado llevar al extremo el individualismo de las personas y tiene un común denominador: el mercado y el dinero. Así por ejemplo, hace 32 años las trabajadoras de la costura pudieron enfrentar a sus patrones y al gobierno por medio de su organización gremial, aunque esta fuera charra; sabían quién era el patrón y cuáles eran sus derechos. Hoy con el outsourcing no saben ni quién es el patrón ni cuáles son sus derechos. Incluso las centrales obreras oficiales hablan de “trata laboral”.

En el caso de las viviendas, aunque la gente sabe que hay elementos de mala calidad, de incumplimiento de las normas y de corrupción, no hay, hasta la fecha, una coordinación ni organización unitaria de los damnificados, y no es por la acción gubernamental, que en el caso de la Ciudad de México ha sido un desastre, sin brújula ni claridad del rumbo que deben tomar, sino porque todos buscan o pretenden resolver sus problemas con sus propios recursos. Creo que será en el momento en que su capacidad se enfrente con la realidad cuando empiecen a darse las acciones de organización de los iguales. Cuando el banco se presente a cobrar la hipoteca que deben, cuando el casero llegue a cobrar la renta que no le han pagado y cuando se pregunten: “¿Y ahora qué vamos a hacer, dónde vamos a vivir…?” Serán los momentos de buscar nuevas y viejas respuestas para dar solución a sus problemas.

Ha habido movilizaciones, reuniones, foros en diversos lugares lamentablemente no concurridas por los damnificados, sino por los grupos y organizaciones convocantes. En algunos casos, de manera grotesca buscan por este medio la atención del gobierno a sus viejas demandas, no a los problemas que hoy plantea el sismo del 19 de septiembre.

Robles y su populismo neoliberal

Como si fueran alumnos de la misma escuela, los gobiernos federal y local claman un “no al populismo”. Dicen que no se deben hacer acciones populistas ni caer en ellas, y entonces aparece la señora Rosario Robles y nos informa que van a dar una tarjeta con recursos de 40 mil a 120 mil pesos para que la gente reconstruya sus casas. Como si dar dinero a la gente no fuera populismo. Además, descubrimos que es una clase de populismo neoliberal donde el dinero va directamente a las manos de los acaparadores locales de materiales de construcción. Es decir, su brillante plan es que la gente compre los materiales de construcción a valores superiores del mercado y los damnificados vean cómo pagan la mano de obra. ¡Qué brillante forma de dar al mercado el disfraz de Caperucita! Por qué no controlar antes los precios, impidiendo que los coyotes hagan de las suyas y la gente jodida no salga más raspada de lo que ya está.

En el caso de la Ciudad de México, que conozco un poco más, la acción de gobierno es lamentable. Miguel Ángel Mancera ha salido a hacer declaraciones que no dan certeza ni estabilidad a las familias damnificadas. Por ejemplo: dice que pidió a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) participar para que ayuden en la reconstrucción de los edificios dañados. Es decir, que los responsables del caos en el que está metida nuestra ciudad serán los que la reconstruyan. Eso suena a negocio. Estos señores tienen el lema de “comprar barato y vender caro”; son los que con sus desarrollos tipo “nuevo Polanco” o parque Delta, han convulsionado desde el tránsito vehicular hasta la convivencia social entre los vecinos.

El gobierno de la ciudad ha brillado por su ausencia. Si bien Mancera aparece un día sí y otro también, la pregunta es dónde está Patricia Mercado, o el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien, por cierto, debería informarnos a todos por qué colapsó el edificio dónde estaban sus oficinas, el mismo que antes se llamaba hotel Plaza, que fue dañado en el 85 y hoy de nuevo está en riesgo. ¿De a cómo fue el cochupo por arrendar este inmueble? Si tenían uno propio en Eje Lázaro Cárdenas, donde estuvo el Súper Leche.

La atención del gobierno de Mancera se ha enfocado en donde están los reflectores: Roma, Condesa, Del Valle, Coyoacán, Benito Juárez. No está mal, pero es muy limitado para un gobierno central y para los gobiernos delegacionales, pues en general no hay atención ni una política central de emergencia para las zonas gravemente dañadas como Xochimilco, Tlahuac, Iztapalapa, entre otras, que como no están en los reflectores de los medios electrónicos parece que no existen. No es una exageración si afirmamos que hay zonas con graves fallas geológicas que por el sismo resultaron destruidas casi 40 por ciento de sus construcciones, calles y avenidas. Sin embargo, ni lo conocen y los delegados están ausentes, los de Xochimilco o Tláhuac, militantes de Morena, no sólo no aparecen, sino que además no cuentan con la mínima sensibilidad por su obligación de salvaguardar la vida de sus gobernados.

Las trampas y la corrupción parecen tomar otra frecuencia entre estos personajes mal llamados de izquierda. ¿Cómo es posible que paguen más de mil 600 cheques de 9 mil pesos por ayuda de renta a personas que no son damnificadas? Hablan y hablan, pero no hay un solo funcionario detenido, buscan el delito en quien cobró los cheques, pero dejan vivos a quienes autorizaron que estas personas cobraran. “Error humano”, señaló Mancera. Eso si hubieran sido tres o cuatro cheques, pero ¡mil 600!

La comisión de reconstrucción

Tan mal anda Mancera, que después de más de 30 días de la emergencia, deja la reconstrucción en manos del señor José Woldenberg, al nombrar a Ricardo Becerra comisionado, junto con Julia Carabias y Mauricio Merino, personajes ligados con el expresidente del IFE y con una visión comprometida con el poder fáctico en el país.

Una comisión para la reconstrucción de la ciudad, propuesta por un dizque gobierno de “izquierda” que no incluye a la población afectada, a la que en forma directa se va a atender, es completamente un despropósito para la izquierda, que siempre ha pregonado la importancia de la participación ciudadana.

Pero además es una comisión que no tiene experiencia técnica, política o social para las tareas de reconstrucción. Nadie duda que sean personas con amplios currículos, por cierto algunos de ellos de dudosa reputación, pero no lo tienen en esta delicada encomienda.

¿Qué hacer?

Me parece que la tarea central de toda reconstrucción es proponer los cambios que deben hacerse para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Todo apunta a que la estrategia del gobierno de la Ciudad de México, con sus planteamientos, es mantener el modelo de desarrollo urbano que hoy se aplica en la ciudad, en beneficio del gran capital financiero e inmobiliario con sus megaproyectos comerciales, habitacionales y de oficinas, que agreden a las familias de menores recursos y son hoy la causa del descontento social.

No hay varitas mágicas para resolver los problemas que hoy viven miles de mexicanos, lo que sí me queda claro es que el modelo económico es tan salvaje que una conclusión a mediano plazo es lograr cambios sustanciales en las formas de relación social en la reconstrucción. Que permitan al damnificado recuperarse sin endeudarse.

Escuchar a quienes hoy viven en las calles, campamentos o de arrimados, es un buen inicio para conocer los males que les aquejan y encontrar con ellos las soluciones.

Ensuciarse los zapatos sería un buen comienzo, pues Mancera tiene su uniforme, pero no va a las calles destruidas, sino a dónde sus empleados lo llevan.

La solución de fondo para este desastre y el que ha causado el neoliberalismo, los damnificados y la sociedad en general poco a poco la irán encontrando. Construyendo comunitariamente las soluciones podrán enfrentar de mejor manera la adversidad en la que viven.

Acciones y enseñanzas tras los sismos




Foto: Alejandro Meléndez
Por Teresa Gurza

unionperiodistas.com

Unión de Periodistas. Ciudad de México. 23 de noviembre de 2017.- Me parece que, por la muerte injusta e inesperada de seres queridos, por la destrucción de patrimonios hechos con mucho esfuerzo, y por la desolación y tristeza que esparcen alrededor, los terremotos que casi siempre se ceban en los más pobres, dejan también muchísimas enseñanzas.

Pienso que la principal de ellas sería evitar, en lo posible, sus desastrosas consecuencias, y aprovechar la frustración que muchos sentimos al comprobar, una y otra vez, que la mayor parte de sus efectos pudieron haberse disminuido con empresas constructoras, arquitectos y autoridades eficientes y sobre todo no corruptas.

Si no lo hacemos y como por nuestra posición geográfica seguiremos padeciendo terremotos, continuarán las pérdidas y desastres.

Por eso antes de que se diluyan los efectos y el enojo de los temblores recientes, convendría impulsar, presionar y promover acciones para exigir mejores normas antisísmicas, y por supuesto, autoridades que las cumplan.

Con seguridad no habría esa cantidad de niños y adolescentes muertos, si las actuales y anteriores delegados de Tlalpan hubieran simplemente cumplido con su deber de impedir se fincaran esos dos departamentos que se hicieron sobre los débiles muros de las aulas del colegio Rébsamen, o de supervisar los puentes de las instalaciones del Tec en la Ciudad de México.

Por ahora, ya no lo hicieron, como tampoco lo hicieron quienes debían verificar la construcción de los otros edificios colapsados, porque como bien han dicho diversos especialistas, los sismos no matan, mata lo que se cae, levantado generalmente mal y sobre malas bases.

Ya pasaron los temblores, pero no sus consecuencias, y hay todavía mucha gente sufriendo por haber perdido todo, o casi todo.

Y como están aún recientes los recuerdos de lo pasado, creo que podríamos empezar un gran movimiento para que, ojalá, todos recordáramos los efectos de los terremotos, a la hora de votar el año que entra.

Organizados o individualmente, garantizar que no haya un solo voto para partidos o personas que incumplieron con esa mínima responsabilidad.

Ni un solo voto a quienes por agandalles o moches, indolencia o ineficiencia, fueron cómplices de tanto dolor, de tanta pérdida, de tantos niños sin padres y tantos padres sin hijos, de tantas esposas o esposos sin sus compañeros, y de tantas familias rotas.

Pueblos Mágicos: una política cultural del despojo


Tepoztlán, Morelos



Jaime Quintana Guerrero

Desinformémonos

¿Y de que van a vivir?, con burla pregunto una mujer a comuneros que realizaban un bloqueo de carretera contra la ampliación de la autopista, ella en su automóvil se dirigía de visita a Tepoztlán.

Guillermo Hernández Chapa, originario de esta comunidad relata, nos ven “como si los comuneros viviéramos del turismo. Ese es un discurso del gobierno, solo algunos viven del turismo, la mayoría trabaja en el campo. Para confundir y hacer dinero sirve el discurso de “Pueblos Mágicos”.

Tepoztlán, lugar mágico que atrae sueños, ambiciones, aspiraciones y deseos. Es codiciado por todo tipo de intereses. Alejarse de la Ciudad de México y encontrar un refugio al ruido, contaminación; una conexión con el pasado rural de una mítica comunidad de organización y es fascinación de muchos para su vista.

La comida y su gente se promocionan como una zona de inversión, un lugar “shik” donde se puede meditar, comer, beber y etcéteras. Mediante la publicidad los paisajes, las tradiciones y costumbres se venden para ambiciosos empresarios externos o internos y de todos los tamaños que ven en estas prácticas comunitarias una empresa donde invertir.

Tepoztlán, fue decretado como Pueblo Mágico en el programa de turismo impulsado por Felipe Caderón y hoy sufre el acoso y despojo de su patrimonio cultural, social y su tierra y territorio son amenazados por grandes intereses del turismo, de inmobiliarias, de la especulación de la tierra, así como de los gobiernos locales al impulsar proyectos de gran impacto. Sin embargo los comuneros aclaran que “la propiedad de la tierra es comunal y que su territorio es ancestral y que sigue vigente en más del ochenta por ciento” y que por eso lo defienden.

Se ha publicitado mucho que Tepoztlán vive del turismo y explican que eso es solo primer cuadro del pueblo y señalan que ese no es el eje de sobrevivencia de la comunidad, “mayoría sigue viviendo de la agricultura, de frutales, de flor de gladiola y otros alimentos y que además para estas siguen a partir de la enseñanza que da la tierra y sus ceremonias se practica la salud comunitaria, la fiesta comunitaria; y la asamblea sigue siendo la expresión de la tradición que nada tiene que ver con el turismo”.

Para el defensor comunitario de esta comunidad, Roberto Robles explica que el proyecto empresarial de Pueblos Mágicos significa “meter a Tepoztlán en un modelo neoliberal globalizador, donde se pierde completamente la identidad y quieren que nos entremos a este mundo en un modelo único”.

No todo es turismo, ni un paraíso

El primer cuadro de la población de Tepoztlán, “se parece al pueblo mágico de otra cualquier parte del país. Ya perdió su particularidad, poco a poco se va perdiendo lo del barrio, la colonia, la organización comunitaria y por supuesto los cerros, es nuestra lucha recuperar todo esto”, señala Hernández Chapa, originario de Santa Catarina, comunidad de Tepoztlán.

“Nosotros con esto perdemos la identidad y nos obligan a aspirar a cosas que antes no estábamos acostumbrados. Esta idea de que el turismo es la única vía de desarrollo para Tepoztlán también ha modificado nuestra forma de resistencia y de participación social comunitaria, han traído la división de la comunidad, la gente se ha ido con la finta del derrame económico, este es el caballito de batalla que usa el gobierno, un modelos trágico de los pueblos”.

En 2002, fue nombrado Pueblo Mágico y en el año 2009 lo perdió por el gran número de vendedores ambulantes, un año más tarde recupera esta categoría turística, sin embargo indican los comuneros, “desde nuestro punto de vista esto significó un condicionamiento de nuestra identidad, fue un proceso de arrebato de nuestra identidad, se han generado estadísticas falsas de que nuestro pueblo vive del turismo y aquí no es así”, menciona el comunero.

Exponen que desde los años treinta, el fenómeno de los avecindados comienza, las tierra de cultivo se utilizan para casas de descanso de académicos, funcionarios, políticos que migran a Tepoztlán, algunos de ellos se suman a las luchas otros no. Con el programa de Pueblos Mágicos, quien llega son los comerciantes y la idea de la “derrama económica”.

Una simulación de lo comunitario comienza con la especulación de la tradición “ya no son temazcales, ahora son los SPA indígenas. La ampliación de la carretera es también parte de esta especulación de nuestra vida colectiva”.

El primer cuadro de Tepoztlán

En el 2001, Pueblos Mágicos un proyecto iniciado por el gobierno empresarial de Felipe Calderón y después impulsado por el también gobierno panista de Vicente Fox, se va instalando en la mente de algunos comuneros de la localidad y así es como se instaló:

Durante la lucha contra el Club de Golf, el gobierno y empresa les ofrecieron, puesto de comercio de comida, empleos en grandes hoteles, ayuda para establecer estacionamientos para los visitantes, nosotros expone Guillermo Hernández, “rechazamos todo eso sin embargo, el proyecto de Pueblos Mágicos es lo primero que se impulsó”.

Lo primero que hicieron fue ofrecer a los vecinos que tenían patios “ganarse unos dinerito los fines de semana, prestando o rentando sus patios”.

Una primera lista se realizó recuerda Hernández, “eran como cincuenta estacionamientos”. Después llegaron con dinero del erario público a fondo perdido para mejorar entradas, “ya que las entradas a los patios de las casa era para las bestias de carga que trasportaban la mazorca”, ahora son más de cien estacionamientos tan solo en el primer cuadro de Tepoztlán”.

La derrama económica que tienen las familias fue un concepto que se empezó a utilizar en los vecinos del centro, después llegaron con dinero para mejorar los espacios de comida, “con el gobierno de Fox y su programa de changarros, se mejoraron las fachadas de las fondas de comida, y también las de las casas. Más tarde cuentan, que vinieron los créditos para poner hospedajes, ahora “ya no encuentras hospedajes de 200 pesos, el más barato es de 500 por noche”.

El primer cuadro ya no existe casa habitación de los tepoztecos, refiere que “eso cambia la mentalidad de los jóvenes que en el primer cuadro y que solo miran el turismo como fuente de empleo”.

Los cerros ya nos son el atractivo propio, sino es el espacio que se tiene que vender y por supuesto ya se convierte en un destino de inversión. Eso trajo el encarecimiento de la vida en los barrios, pueblos y colonias. Al mismo una salvaje especulación de la tierra y mucha ambición por vender y comprar.

Hace 20 años el metro cuadrado se especulaba que era de 200 pesos, ahora por ejemplo en el pueblo vecino de Amatlán vale mil 500 pesos, y en el centro de Tepoztlán varia de 3 a 4 mil pesos, en dos décadas incremento fue al mil por ciento.

Lo que hace atractivo a Tepoztlán para los visitantes y el turismo, es que es una comunidad rural llena de tradiciones, de organización comunitaria. “Pero eso se ha ido maquillando, se han unificado fachadas, se pierden su diversidad, se pierden las fachadas de adobe y de piedra, se unifica todo en el primer cuadro”.

Para los comuneros entrevistados, “esta es una cuestión engañosa y oculta. A siete kilómetros de la cabecera se encuentra la comunidad de Santo Domingo Ocotitlan (catalogado por Secretaria de Desarrollo Social, como un municipio con alta marginación) es también una zona miseria, que está lejos de tener la mágica del primer cuadro de Tepoztlan”.

La ampliación de la autopista es parte “de la comercialización de la identidad comunitaria, ahora se han incrementado los anuncios del gobierno estatal de “ceremonias del recibimiento del sol, de la luna y del aire, de manera oficial y en términos turísticos”.

Este proyecto es un negocio de dos mil millones de pesos y de los cuales una gran parte va para las empresas prestadoras de nombres y que son familiares del gobierno del perredista Graco Ramírez, denuncian.

La vida pobre a la periferia

“El encarecimiento de la vida se ha provocado también por la introducción de restaurantes spas, masajes y hoteles. Estos comercios han desplazado a la comunidad a la periferia”, expone el comunero Roberto Robles.

Algunos datos que mencionan es que a mediados de los años 90s, el número de avecindados ha crecido en un trecientos por ciento, al mismo ritmo que el incremento de hoteles. E l centro de Tepoztlán prácticamente ya no es de casas habitación, ahora lo que existe es un desplazamiento de la personas que vivían en esa zona y se van a las orillas del pueblo”.

La magia se convierte en inversión y es la punta de lanza para este desarrollo, denuncian que lo sustentable que vende el gobierno de Graco Ramírez significa “la destrucción del territorio, de la organización social y de sus recursos naturales.

Si dejamos que ese proyecto en manos de los empresarios y del gobierno, en un plazo no mayor diez años tendríamos la imagen de un pueblo en manos de empresarios. Sin tradiciones perdería la magia, tendríamos un Tepoztlán sin Tepoztlán, concluyen.

Encuentro en Cohuirimpo



Francisco López Bárcenas


El tambor de Bernardo Esquer sonaba y sonaba llamando a los habitantes y visitantes de Cohuirimpo, en el municipio de Navojoa, Sonora, a que se juntaran en la ramada construida especialmente para llevar a cabo la reunión. Eran cerca de las nueve de la mañana del 18 de noviembre y en este pueblo mayo se encontraban representaciones que varios pueblos del norte del país que habían elegido la fecha para encontrarse, conocerse y dialogar sobre los problemas que enfrenta en esta época de capitalismo salvaje. Entre los presentes se podían mirar representantes de Huetosachi, San Luis Majimachi y Repechique, del pueblo rarámuri, de Chihuahua; yumanos –kumiai, kiliwas y paipa– de Baja California, makurawe, yaquis y mayos, de Sonora. También había representaciones de organizaciones no gubernamentales y académicos que acompañan los procesos de resistencia de los pueblos, pero la que se escuchó fue la voz de los pueblos. Cuando escucharon el llamado del tambor anunciando el inicio de las actividades dejaron lo que estaba haciendo y se concentraron en la ramada para iniciar el diálogo.

El primer tema que se trató fue el del territorio, su importancia para los pueblos y la manera en que ha sido afectado por el capital y la forma específica en que lo hace en la actualidad. La doctora Cynthia Radding, experta en historia del norte del país, dio un contexto de cómo esto ha sido una constante histórica. Después de su intervención se expusieron diversos casos, en todos ellos la palabra más pronunciada fue despojo, con ella los denunciantes no sólo se referían a los megaproyectos que los están afectando en la actualidad sino a lo que ha sido históricamente, desde que llegaron los españoles, los mestizos que los sustituyeron en el poder después de la guerra de Independencia, los estadunidenses desde la época nacionalismo en México y el capital trasnacional en la actualidad. El doctor Everardo Garduño, explicó que todos estos procesos representaban cuatro ciclos de conquista, que a través de los años han adquirido diversas formas pero el fin es el mismo: despojar a los pueblos de sus riquezas para que los dueños del capital se enriquezcan.

En la segunda parte del diálogo se analizaron casos concretos donde la afectación del territorio es una constante: los kiliwas expusieron el caso de los parques eólicos que ya comienzan a invadirlos, las del pueblo kumiai la invasión de sus territorios por el avance urbano y las empresas comerciales que las acompañan; los yaquis expusieron su resistencia al acueducto Independencia y el gasoducto que ponen en peligro su existencia; los makurawe hablaron de la afectación de sus territorio por la construcción de la presa Pilares, obras impulsadas por el hoy preso ex gobernador de Sonora Guillermo Elías Padrés; en el mismo caso están los mayos de Capomos, Sinaloa, y los de la comunidad anfitriona. Por su parte los rarámuri explicaron las afectaciones por el proyecto turístico Barrancas de Cobre, que desde hace décadas vienen promoviendo los gobiernos federal y estatal en apoyo a empresarios turísticos, quienes no han dudado en dejar sin vivienda, y sin servicios básicos como alimentación y agua a las comunidades que se localizan en esa región, con tal de lograr sus propósitos.

Las conclusiones que se iban perfilando de esta situación es que los pueblos indígenas en la actualidad viven un situación de colonialismo interno, tal como lo explica el doctor Pablo González Casanova en el primer tomo de sus Obras Completas, que ya anda circulando en las librerías; que para superarlo no es suficiente luchar contra los problemas concretos sino marcar una ruta que lleve a la transformación de las relaciones económicas y políticas entre la sociedad mestiza dominante y las sociedades indígenas dominadas; esto, se dijo, se llama emancipación y su forma concreta es la construcción de autonomías indígenas. En esta parte alguien propuso apoyar la movilización del Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para que su vocera sea registrada como candidata a la Presidencia de la República, lo cual, se dijo, es muy importante, pero es mejor si se hace creando gobiernos regionales con base en los gobiernos comunales. Es decir, crear verdaderamente el poder desde abajo.

El encuentro terminó al día siguiente. Cuando el sol comenzó a asomar la cara tras la montaña, las delegaciones de los diversos pueblos comenzaron a levantar sus cosas y a emprender el camino de regreso a sus lugares de origen. Junto con ellos llevaban la palabra escuchada durante el encuentro, la experiencia compartida con otros hermanos, que les aclaró que los problemas que sufren son los mismos, que las razones son iguales y que necesitan unir sus esfuerzos si no quieren ser derrotados. Entre sus arreos cargaban también la convicción de que no se trata de resolver sólo sus problemas inmediatos, que eso es importante, pero también lo es trazar una ruta para cambiar la situación de dominio que sufren. Algunas ideas de cómo hacerlo se llevaron. Nuevos encuentros para seguir dialogando, tal vez más regionales, donde puedan valorar los elementos que cuentan para su lucha y los que tienen que conseguir en alianza con otros pueblos u organizaciones; las fortalezas que éstos les dan y las debilidades que tienen que superar. Si esto sucede tal vez volvamos a escuchar los tambores llamando la gente a organizarse para defender sus derechos.

Fueron asesinadas 101 mujeres en seis meses; una cada dos días



Un total de 101 asesinatos de mujeres se perpetraron de noviembre de 2016 a mayo pasado en la Ciudad de México, es decir, uno cada dos días, de los cuales únicamente 30 por ciento fueron tipificados como feminicidios y el resto como homicidios, suicidios u homicidios culposos, informó María de la Luz Estrada.

La coordinadora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México señaló que se trata de mujeres de entre 20 y 39 años de edad, con niveles de estudios diversos, desde amas de casa hasta académicas, donde en 40 por ciento de los casos el sospechoso es la pareja.

Únicamente 10 por ciento de los hombres involucrados son sentenciados, cuando en más de 50 por ciento de los casos reúnen las características del tipo penal para clasificarse como feminicidio, por las lesiones infamantes que presentan las mujeres, señaló.

En el foro Los rostros de la impunidad, las madres de Lesvy Berlín Rivera, cuyo caso fue inicialmente catalogado como suicidio; Yang Kyung Jun, víctima de feminicidio a manos del matanovias, y Abigaíl Guerrero, también víctima de feminicidio en Tlalpan, denunciaron el calvario que han enfrentado para que se actúe en contra de los agresores.

La mala integración de las averiguaciones y la corrupción han impedido que se haga justicia, aun cuando los cuerpos de las víctimas tienen lesiones terribles, realizadas con saña, mordidas, fueron destrozados o violentadas sexualmente, pero la autoridad no lo ve, afirmó Estrada.

A ello se suma la pérdida de evidencias o dictámenes, que en muchas de las ocasiones son francamente ofensivas, y la continua desaparición de mujeres, que en dos años suman 600, en su mayoría menores de edad.

La necesidad de impulsar una alerta de género en la Ciudad de México es urgente para corregir políticas públicas o marcos normativos que no garantizan la atención, prevención y sanción, porque aun cuando se tiene una política de investigación criminal y un protocolo, no se investiga y se deja a los agresores libres.

Hoy la realidad está bien cabrona y no se avanzará si no desterramos la corrupción en las investigaciones, se deje de ver a las mujeres como objetos y se deje de escuchar que se lo merecían, advirtió.

Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada
Jueves 23 de noviembre de 2017, p. 32

Peña Nieto, el bullyingy los derechos humanos



Carlos Fazio


Señoras y señores, quiero saludar en primer término al excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Paraguay, al señor Tabaré Vázquez…” El craso error político-diplomático de Enrique Peña Nieto al recibir al mandatario uruguayo en Palacio Nacional el 14 de noviembre lo pinta de cuerpo entero. Pero tan burdo o más grave, aún, fue calificar, un día después, como rufianes, matones, crueles y déspotas (derivaciones todas de la definición convencional de bully), a quienes critican el accionar de los aparatos de seguridad del Estado.

Más allá de que es materialmente imposible que la sociedad civil haga bullying (es decir, hostigue, intimide, agreda o acose física o sicológicamente) a policías, soldados y marinos que desde hace 11 años son coprotagonistas de una violencia criminal sin límites y de la militarización y paramilitarización de México, el falso victimismo gubernamental exhibe el talante autoritario de quien hacia el final de su desgobierno sabe que una vez que deje el cargo podría ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad. Empezando por el caso de las torturas físicas, sicológicas y sexuales de agentes policiales a un grupo de mujeres en Atenco y el penal de Santiaguito, en mayo de 2006 −cuando Peña Nieto era gobernador del estado de México–, cuyos autores materiales e intelectuales permanecen impunes, ventilado la semana pasada en Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dada la proverbial ineficiencia de la justicia mexicana.

Las mujeres en Atenco forman parte de un paisaje crónico que exhibe un largo rosario de víctimas de la violencia criminal y estatal, que son revictimizadas después al ser tratadas con cinismo, desidia y desprecio por funcionarios y agentes del Estado. Un Estado cuyo nivel de barbarie quedó condensado en el caso Iguala/Ayotzinapa del 26 de septiembre de 2014, que desnudó aún más a ese reino de la impunidad que es el México de hoy −según describió el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en la sentencia del Capítulo México en noviembre de ese año−, donde hay homicidios sin asesinos, tortura sin torturadores y violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidades en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.

Pero la impunidad en México no es sólo ausencia de castigo sino un mecanismo que trata de evitar reconocer y asumir las responsabilidades de agentes policiales e integrantes de las fuerzas armadas en la práctica de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias extrajudiciales, cometidas como parte de un mecanismo educativo y disciplinador del Estado, que busca imponer un sentido de impotencia a la sociedad mediante un terror paralizante; una violencia estatal y un miedo como parte de una estrategia contrainsurgente de control de población.

Ese mecanismo disciplinador responde a una lógica estructural, consustancial a un esquema de violencia institucional aplicada por el sistema político mexicano para imponer medidas económicas que responden al interés de la plutocracia. Es decir, de los megamillonarios marca Forbes. En general, los medios de difusión masiva silencian o invisibilizan que la actual catástrofe humanitaria en México es responsabilidad de un aparato estatal que actúa en absoluta colusión con los intereses del capital trasnacional, las políticas de Estados Unidos y organizaciones criminales, en lo que fue caracterizado por la fiscalía del TPP como un proceso de desvío de poder.

El desvío de poder es caracterizado como una transformación del aparato estatal que, a la vez que refuerza, terceriza y actualiza una tremenda capacidad punitiva, abandona definitivamente toda preocupación por el bienestar de la población, utilizando al poder público para la consecución de intereses particulares.

Dicho desvío de poder se realiza en todos los planos del funcionamiento estatal: político-legislativo (verbigracia, el Pacto por México); judicial (siguen impunes las matanzas de Ocosingo, San Cristóbal, Chicomuselo, Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque, Ostula, Tlatlaya, Iguala, Tanhuato, etcétera), y económico (contrarreformas neoliberales, en particular la energética como vía para el despojo de tierras y recursos geoestratégicos), en tanto expropiación o secuestro del aparato público que, asaltado en su capacidad de decidir y usurpada su legitimidad, queda vaciado.

Definida como un ilícito atípico, la actitud más anómala de la desviación de poder en tanto mecanismo criminal, consiste en el uso de los gobiernos federal, estatal y municipal, representantes políticos y poderes fácticos, de las capacidades políticas, económicas, culturales y jurídico-institucionales del Estado, con el propósito de satisfacer o beneficiar los intereses de la clase capitalista trasnacional.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por México en 2005, define en su artículo 7 los crímenes de lesa humanidad (ejecuciones extrajudiciales, exterminio, tortura, desaparición forzada de personas, violación, privación grave de libertad, esclavitud, etcétera), que adquieren dicha condición cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil.

En el contexto de una violencia sistemática, generalizada, endémica, de alcance nacional y con masacres de proporciones bélicas −como las señaladas en el informe que disparó la ira controlada de Peña Nieto−, hablar de bullying a las instituciones de seguridad del Estado exhibe el empaque autocrático de quien no admite la crítica de sus gobernados y, a la vez, indicios de que siente que ha entrado en la cuenta regresiva de la pérdida de poder político y teme por los crímenes de lesa humanidad que se le puedan imputar hacia el final de su mandato.

La rendición de cuentas y la actividad de los servidores públicos



Armando Hernández Cruz*


La rendición de cuentas es uno de los componentes fundamentales de un gobierno democrático. Mediante ella el gobierno y, específicamente, los servidores públicos explican sus acciones, tomando responsabilidad de las mismas y dando paso a la transparencia de la información a fin de abrirlo al escrutinio público.

La desconfianza social, el descrédito y la falta de legitimidad de los servidores públicos en nuestro país actualmente, hacen necesario reflexionar sobre la necesidad de construir parámetros que permitan realizar una evaluación objetiva de la labor de los servidores públicos.

Debemos incentivar una cultura de la rendición de cuentas como un medio para ayudar a los servidores públicos a mejorar su desempeño, generando profesionalismo y una actuación apegada a la ética.

Por tanto, la rendición de cuentas no debe apreciarse como un acto negativo en la gestión pública, tratando de lesionar y afectar intereses particulares, por el contrario, debemos generar una cultura de la rendición de cuentas para garantizar que los gobernantes, partidos políticos y servidores públicos cumplan con trasparencia y eficacia el mandato otorgado a través de elección o designación a fin de evitar abusos en el manejo de los bienes públicos.

Recientes casos de remociones de algunos servidores públicos nos hacen cuestionar si existen verdaderos parámetros objetivos para su evaluación.

En ese sentido, es necesario reflexionar sobre la necesidad de construir parámetros que permitan realizar una evaluación objetiva de la labor de los servidores públicos. Las actuales situaciones de desprestigio y descalificación mediática en medios de comunicación y de manera más abierta en redes sociales, se centran en buscar los aspectos negativos como único método para hacer una evaluación intrínseca de su actividad, ello nos remite a la simple valoración subjetiva y a la construcción de prejuicios sociales de manera anticipada.

Sí, debemos evaluar a los servidores públicos, pero no mediante el aplauso o el abucheo, sino por la construcción de parámetros objetivos de evaluación, con el fin de fomentar una cultura real de rendición de cuentas, que vaya más allá de la evidencia pública o el linchamiento mediático

Respecto a este tema, el sector académico, la sociedad organizada y la ciudadanía en general tenemos mucho que hacer y aportar para superar la brecha que ha desvirtuado a la rendición de cuentas, con el propósito de reconstruir una cultura de la misma a fin de recuperar su verdadera esencia por medio de la cultura de la legalidad y la ética en el servicio público.

No debemos olvidar que nuestros servidores públicos son miembros de la sociedad, quienes deben transmitir y reproducir dicha cultura, junto a sus valores, con el propósito de ser ejemplos para la sociedad.

Flor de loto: El servicio público es otra forma de lucha social.

*Magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México

11/22/2017

Extienden plazo de investigación por feminicidio de Lesvy


Realizan audiencia en Reclusorio Oriente



La jueza Gloria Hernández Franco adscrita a la unidad de gestión judicial número 6, a cargo de la audiencia de Jorge González, ex pareja de Lesvy B. Rivera Osorio acusado de su feminicidio, extendió al 11 de enero de 2018 el plazo de la investigación por este delito, por lo que a partir de esta fecha se terminará la parte de aportación de pruebas de ambas partes.

Lesvy, de 22 años, fue hallada asesinada en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo pasado. La Procuraduría capitalina (PGJDF) argumentó que ella se había suicidado pese a que su cuerpo presentó signos de violencia que acreditan un feminicidio y los videos de seguridad de la universidad muestran a Jorge Luis González Hernández agrediéndola previo a su muerte.

El viernes pasado se realizó la audiencia para ventilar el caso en la sala 7 del sistema procesal acusatorio del Reclusorio Oriente (donde se encuentra recluido el feminicida) la cual inició con una hora de retraso porque los agentes del Ministerio Público (MP) Alejandro Madrid Soria y Fabián Lara Ramírez, de la Fiscalía Central para la Investigación de Homicidios, a cargo de la indagación y en representación de la familia, no llegaron a tiempo.

La audiencia inició a las 13:47 horas y no a las 12:30 como estaba previsto. En ese lapso un funcionario del Área de Estrategias Procesales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF), sin conocimientos del caso, se presentó para cubrir a los agentes. “Solicitó de 30 a 40 minutos para revisar la carpeta de investigación”, dijo. Después de ese tiempo, los agentes de la Fiscalía de Homicidios llegaron y lo sustituyeron.

“Todo ese tiempo de espera puso en incertidumbre e indefensión jurídica a la familia de Lesvy”, afirmó en entrevista la observadora de la Cuarta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) Xanny Hernández, quien dijo que por esa razón presentarán un escrito a la PGJDF en el que le llamarán la atención y expondrán que la instancia de justicia violó el derecho de la familia Rivera Osorio a estar representada.

Para uno de los abogados del caso, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, el retraso fue una muestra más de la actitud omisa con la que la PGJDF ha actuado desde el inicio de la investigación. 

Durante la audiencia, Jorge González, ex pareja de Lesvy acusado de asesinarla, se mostró indiferente. Fue hasta que escuchó el fallo de la jueza cuando, molesto, levantó los hombros y opinó; “el tiempo se me hace excesivo, pero me acato a lo que ordene”.

La abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización que acompaña el caso, Sayuri Herrera Román, indicó que el plazo apenas alcanza para realizar los peritajes independientes que contemplan, como la reconstrucción de hechos en la caseta telefónica del Instituto de Ingeniería en CU, donde Lesvy fue hallada asesinada- y la consulta de peritos independientes.

La jueza Gloria Hernández recordó a los agentes de la PGJDF el compromiso que tienen de investigar con perspectiva de género, como ordenó la Quinta Sala Penal del TSJDF el pasado 18 de octubre cuando pidió a la instancia de justicia reclasificar el delito por el que se investigaba a Jorge González (de homicidio simple por omisión) a feminicidio agravado.

La PGJDF, mencionaron los ministerios públicos, utilizará la extensión del plazo para solicitar la ampliación de entrevistas de algunos peritos involucrados en la investigación (médico forense y uno en criminalística); además de realizar peritajes en trabajo social, en antropología social, así como una autopsia psicológica a familiares y amistades de la víctima.

“Necesitamos este tiempo para realizar algunos elementos que por el nuevo delito que se investiga (feminicidio agravado) son necesarios”, argumentó el agente Fabián Lara a la jueza durante la audiencia.

Herrera Román, destacó que estos peritajes, tuvieron que realizarse desde el inicio de la indagatoria, apegados al Protocolo de Investigación del delito de Feminicidio, “pero no lo hicieron, aunque la PGJDF afirmó que agotó esa línea”.

De acuerdo con los abogados de la familia de Lesvy, el primer plazo de la investigación terminó el pasado 10 de noviembre, pero ellos, recordaron, solicitaron una audiencia de ampliación con la que buscaban que fuera hasta el 17 de enero del 2018 cuando concluyera la etapa de aportación de pruebas, por ello quedaron inconformes con el fallo de la jueza, que restó 6 días para el mismo.

“Los seis días que nos  quitaron son importantes. Yo sí valoro el tiempo porque Jorge me lo quitó con mi hija cuando la mató; y por meses las autoridades nos impidieron saber de la investigación” opinó molesta la mamá de Lesvy, Areceli Osorio Martínez.

Para Lesvy Rivera Calderón, papá de Lesvy, la ampliación no los deja satisfechos del todo “no nos dieron días muy importantes, se les olvidó que ellos nos tuvieron más de dos meses sin ver la carpeta de investigación”.

Por lo pronto, dijo que seguirán con el proceso legal de la mano de las organizaciones y colectivos de mujeres que se sumaron a la exigencia de la verdad y que hoy no estuvieron ausentes pues organizaron un mitin afuera de la sala séptima y al finalizar la audiencia recordaron la consigna: “¿Qué quiere Lesvy?... ¡Justicia!”

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Montserrat Antúnez Estrada

Cimacnoticias | Ciudad de México

Cumple un año sin resultados, AVG para Chiapas


   Autoridades no acatan recomendaciones, solo hay simulación: OSC



A un año de declararse la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas las acciones omisas, dilaciones y el desdén por cumplir con el mecanismo es la actuación ha caracterizado al gobierno estatal, denunció la “Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas”.

En un comunicado emitido a propósito del aniversario, la agrupación civil informó que desde el 18 de noviembre de 2016, cuando la Secretaría de Gobernación (Segob) activó la AVG en siete municipios de Chiapas, a lo que va del año, documentó 46 casos de feminicidio y 119 homicidios de mujeres, algunos de estos cumplían con las razones de género para ser investigados como un feminicidio, señalaron.

En comparación, los datos oficiales son menores: la Fiscalía General de Justicia de Chiapas sólo reportó hasta octubre de este año 27 casos de feminicidio y 35 homicidios de mujeres, reportó la Campaña.

Durante este año la organización observó que la Fiscalía es la principal instancia que no cumplió con los acuerdos derivados de la AVG, pues siguen sin erradicar las negligencias en las investigaciones de asesinatos violentos de mujeres, no aplican los protocolos de protección para las víctimas sobrevivientes de violencia y tampoco existe una articulación institucional que permita garantizarles una atención integral.

Parte de los nulos resultados obtenidos tras un año de vigencia de la AVG es por la falta de interés del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, denunciaron las integrantes de la Campaña; ejemplo de ello es que en este tiempo no se logró ninguna reunión del gobernador con los alcaldes de los municipios en los que se activó la Alerta para conocer el plan de seguimiento.

“Incluso algunos alcaldes hicieron llamados al gobierno estatal evidenciando el olvido y desprecio del Poder Ejecutivo para atender los alarmantes índices de violencia”, precisó la organización.

Por el contrario la agrupación civil señaló que la AVG fue utilizada por Manuel Velasco “para promocionarse y simular la atención a la pobreza y las injusticias contras las mujeres con fines electorales”, incluso utilizó los recursos económicos destinados a la AVG, dijeron.

Asimismo indicaron que la Segob dejó en el olvido la AVG en Chiapas, pues no dio seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a través de la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), como le correspondía.

La simulación de las autoridades de Chiapas orilló a la organización civil a anunciar el mes pasado su retiro en la participación de las mesas de trabajo para atender las acciones de la Alerta, de las cuales acudieron puntualmente a cuatro durante el año.

LA VIOLENCIA EN CHIAPAS

En específico la Campaña Popular expresó su preocupación por el acceso a la justicia y a la salud de mujeres víctimas de violencia sexual, el reflejo de este problema es que Chiapas es una de las entidades con los mayores índices de violencia sexual infantil, embarazo infantil y adolescente, subrayaron.

También recordaron las situaciones de violencia por las que atraviesan las mujeres migrantes y refugiadas en la frontera sur del estado, quienes se ven expuestas a ser víctimas trata de personas o ataques de violencia sexual.

Todo un contexto de violencia por el cual es necesario la eficacia en la aplicación de la AVG indicó la organización, e hizo un urgente llamado a las autoridades del estado por darle cumplimiento.

LA LUCHA POR LA ALERTA

La solicitud de Alerta para Chiapas la hizo el 25 de noviembre de 2013 la asociación civil Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), sin embargo el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –quien entonces votaba su procedencia- se opuso a su declaratoria.

Las agrupaciones, entre las que se encuentran el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas: Brigada Feminista por la Autonomía; el Centro de Atención a la violencia intrafamiliar y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; tuvieron que ampararse ante esta decisión. Como resultado, un año después se creó el Grupo de Trabajo para valorar la declaratoria de Alerta y determinó en un informe que existía una violencia sistemática contras las chiapanecas.

Así, después de tres años de proceso, Segob declaró la AVG en los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores; y aunque no los incluyo en la declaratoria a los municipios de los Altos de Chiapas. dio recomendaciones específicas para atender la violencia contra las mujeres indígenas en este lugar.

CIMACFoto: César Martínez López

Por: la Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México