Según el periódico, los funcionarios estadunidenses afirmaron que “el gobierno mexicano tenía poco interés en resolver realmente el caso, porque una investigación seria podría involucrar a algunos de sus personajes más poderosos”.
Aseveró que la intención del gobierno mexicano consistía en “utilizar a Estados Unidos como respaldo de su investigación vergonzante”, y abundó: “En particular, los funcionarios se preocuparon de que los mexicanos intentarían proyectar el involucramiento de Estados Unidos para dar una semblanza de credibilidad a un encubrimiento”, abundó el reportaje.
De acuerdo con el rotativo, después de seis meses de “investigación”, la Procuraduría General de la República (PGR) ni siquiera identificó a los funcionarios que operaron Pegasus; tampoco revisó los servidores utilizados para infectar los celulares, y en lugar de rastrear el uso del spyware en sus propias instalaciones, imprimió búsquedas realizadas en Google.
La empresa israelí NSO Group, que desarrolla el malware Pegasus, sostiene que vende su tecnología de manera exclusiva a los gobiernos y, en los últimos meses, investigaciones periodísticas mostraron que las empresas que vendieron Pegasus al gobierno de Peña Nieto tienen vínculos con funcionarios federales.
En junio pasado, Proceso y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) mostraron que Rodrigo Ruiz Treviño, uno de los dos socios de la empresa Balam Seguridad Privada, es sobrino de Guillermo Ruiz de Teresa quién se desempeña en la administración como “coordinador” de Puertos y Marina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El reportaje mencionó que Ruiz de Teresa es amigo cercano del senador priista Emilio Gamboa Patrón, con el que realizó gran parte de su carrera política: juntos fueron señalados en el caso llamado “Pemexgate”, una estructura ilegal de financiamiento operada en 2000 para la campaña política del priista Francisco Labastida.
Y hoy, MCCI reveló que Luis Fernando Ayala Puente, un subordinado del exprocurador Jesús Murillo Karam, fue socio de la empresa CITELAE del Centro, la cual registró el nombre y el logotipo de Balam Seguridad Privada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
En junio pasado, cuando el Citizen Lab reveló que el gobierno de Peña Nieto había utilizado Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos e incluso los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un grupo de víctimas interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
A raíz de la denuncia, la PGR tuvo que investigarse a sí misma, pues la dependencia compró Pegasus y su operación involucró a Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y Arely Gómez, entre otros.
Conscientes de que la dependencia no llevaría a cabo una investigación seria, los denunciantes exigieron que el gobierno mexicano invitara a un grupo de investigadores independientes para dar seguimiento al caso. Éste se negó, y la PGR no dio a conocer mayores avances sobre su investigación.
Según el New York Times, los investigadores mexicanos enviaron una serie de preguntas a agencias de seguridad estadunidenses para “presumir su seriedad en la investigación”; sin embargo, “las respuestas a estas preguntas no requerían de más de un diplomado de ciencia informática básica”.